El caso Santiesteban: un escritor bajo cerco en la Cuba de 2026

Foto: Iliada Ediciones.

Estocolmo. PLC. El escritor cubano y ex preso político Ángel Santiesteban Prats, una de las voces más incómodas para el régimen y miembro de honor del PEN Sueco, vuelve a situarse en el centro del conflicto entre la cultura crítica y el aparato represivo del Estado. En los últimos días, Santiesteban ha denunciado que las autoridades lo han instruido de cargos y sometido a reclusión domiciliaria, tras una auditoría estatal que examinó el manejo de 200 dólares destinados al Asilo Nacional Masónico Llansó, una institución benéfica administrada por el Patronato masónico. La información fue confirmada por CubitaNOW y ampliada en declaraciones del propio autor a CubaNet.

Según su testimonio, el proceso penal que enfrenta no responde a una irregularidad real, sino a una fabricación política. Santiesteban sostiene que no realizó ninguna operación ilegal de cambio de divisas, como alega la Policía, sino una “sustitución de fondos” dentro de la propia institución, siguiendo instrucciones de los donantes y con fines asistenciales. “Yo no cambié los dólares. Lo que hice fue sustituir dinero”, declaró a CubaNet, insistiendo en que las auditorías —en las que participaron el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Justicia— no detectaron faltantes ni irregularidades.

El caso, sin embargo, no puede entenderse únicamente como una disputa contable. Santiesteban ha sido durante años una figura literaria y cívica de referencia, tanto por su obra como por su activismo. Su reconocimiento internacional —incluida su condición de miembro de honor del PEN Sueco, una distinción reservada para escritores perseguidos por su labor intelectual— lo ha convertido en un símbolo de resistencia cultural. Esa visibilidad, lejos de protegerlo, parece haber intensificado el acoso. Su trayectoria incluye prisión, vigilancia, campañas de descrédito y un largo historial de hostigamiento. A ello se suma su papel dentro de la masonería cubana, un espacio donde ha denunciado repetidamente la injerencia de la Seguridad del Estado. En este contexto, el escritor vincula la acusación con una ofensiva más amplia contra sectores masónicos críticos, y señala que el verdadero objetivo podría ser José Ramón Viñas Alonso, presidente del Patronato del asilo y figura de interés para la contrainteligencia.

La operación judicial contra Santiesteban se inscribe en un patrón conocido: el uso del Código Penal para convertir discrepancias administrativas o decisiones internas de instituciones civiles en delitos comunes. La ley cubana castiga con hasta cinco años de prisión las operaciones de compraventa o cambio de divisas fuera de los canales estatales, pero el propio relato del escritor —respaldado por las auditorías— indica que no hubo compraventa alguna, sino un movimiento interno de fondos de origen legítimo. Aun así, la medida cautelar impuesta es una de las más severas: reclusión domiciliaria, una herramienta que el Estado ha utilizado reiteradamente para inmovilizar a opositores sin necesidad de juicio.

El trasfondo masónico añade otra capa de tensión. La masonería cubana vive desde hace años un conflicto interno marcado por la intervención estatal, las disputas de liderazgo y la vigilancia sobre figuras críticas. La expulsión de Santiesteban de la Gran Logia en 2025, documentada por 14ymedio, ya había evidenciado el grado de politización que rodea a la fraternidad y la presión ejercida sobre quienes denuncian la subordinación de sus estructuras al poder político.

El caso actual, más que un episodio aislado, parece la continuación de una estrategia: neutralizar a quienes combinan prestigio cultural, autonomía institucional y capacidad de denuncia. Santiesteban encarna las tres. Su figura pública, su vínculo con la masonería independiente y su reconocimiento internacional —incluido el respaldo del PEN Sueco— lo convierten en un objetivo recurrente para un Estado que percibe la cultura libre como una amenaza.

Mientras el escritor permanece confinado en su domicilio, el proceso avanza en silencio, sin transparencia y sin garantías. En Cuba, donde la justicia opera bajo control político, la instrucción de cargos suele ser menos un paso jurídico que un mensaje. Y el mensaje, en este caso, es claro: la disidencia cultural sigue siendo intolerable para un régimen que no admite espacios autónomos ni voces críticas, ni siquiera cuando se trata de 200 dólares destinados a un asilo de ancianos.