Miguel Díaz‑Canel intentó este viernes transmitir serenidad en medio de la peor crisis económica en décadas. Ante la prensa oficial, el gobernante pidió “confianza” a los cubanos al anunciar un paquete de reformas que, según dijo, busca “resolver contradicciones” del modelo centralizado y dotar de mayor autonomía a municipios, empresas estatales y productores. El mensaje llega en un momento de presión creciente: nuevas sanciones de Washington, un sistema energético al borde del colapso y un país exhausto tras años de escasez.
El anuncio, presentado como un proceso “inteligente” para enfrentar el escenario actual, incluye medidas que el Gobierno evita llamar por su nombre, pero que avanzan hacia una liberalización parcial del sistema. Díaz‑Canel habló de “quitar trabas”, permitir que municipios importen y exporten sin intermediarios, gestionar ingresos en divisas y atraer inversiones extranjeras, incluso de cubanos residentes fuera del país. También prometió ampliar la autonomía de la empresa estatal socialista, que podría operar sin intermediarios, retener divisas, asociarse con otros actores económicos y participar en el mercado cambiario.
El paquete incorpora además un giro significativo hacia el campo, uno de los sectores más golpeados. El Gobierno plantea permitir a los productores acceso directo a insumos, cuentas en divisas, participación en el mercado cambiario y asociaciones con actores privados y extranjeros. La reforma coincide con la presentación de una nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal que amplía el usufructo hasta 25 años prorrogables y eleva los límites de extensión para actividades productivas, aunque mantiene la prohibición de arrendamiento y el control estatal sobre las transmisiones.
El contexto no podría ser más adverso. La producción agrícola se ha desplomado: el arroz cayó un 64% desde 2018, las viandas un 44% y la leche un 37,6%. En 2024, el sector agropecuario registró una caída del 53% en producciones primarias. Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, a un costo anual de unos 2.000 millones de dólares, mientras un tercio de los hogares reportó que algún miembro se fue a dormir con hambre en el último mes.
Las reformas también alcanzan al turismo, donde el Gobierno permitirá la entrada de “nuevos actores” para explotar el parque hotelero tras la retirada de varias cadenas extranjeras que buscan evitar sanciones estadounidenses. Se prevén cambios en el negocio inmobiliario, mayor autonomía salarial y operativa para las empresas estatales y la eliminación de las importadoras estatales que monopolizan el comercio exterior.
Díaz‑Canel insistió en que el país “no está detenido” y que la respuesta debe ser “la unidad”, en alusión a las presiones externas. Pero el alcance real del paquete —y su capacidad para revertir el deterioro— sigue siendo incierto. Las medidas avanzan en direcciones contradictorias: descentralizan, pero mantienen controles clave; abren espacios al mercado, pero preservan la hegemonía estatal; prometen dinamismo, pero sin renunciar al marco político que ha frenado reformas anteriores.
En un país donde la economía se ha convertido en el principal factor de inestabilidad social, el Gobierno apuesta a que este giro, aún limitado, pueda contener el descontento. La pregunta es si bastará para frenar un colapso que ya se siente en cada hogar y si la “confianza” que pide el presidente encontrará eco en una población que lleva años viviendo al borde del abismo.
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