Miguel Díaz‑Canel anunció en las últimas horas el paquete de reformas económicas más profundo desde los años noventa, un viraje que rompe tabúes históricos y que redefine pilares esenciales del sistema socialista cubano. En un discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario reconoció que el país atraviesa “las horas más difíciles de este siglo” y defendió la necesidad de “resolver contradicciones acumuladas” en el modelo económico.
El anuncio más inesperado fue la autorización de la banca privada, un terreno que el Estado había monopolizado durante más de seis décadas. La medida permitirá la creación de entidades financieras no estatales con capacidad para otorgar créditos, gestionar cuentas y operar con relativa autonomía. Para un sistema que siempre consideró la banca un instrumento de control político, el giro supone un reconocimiento implícito de la incapacidad estatal para sostener la intermediación financiera.
Díaz‑Canel también confirmó que las personas naturales podrán importar mercancías con fines comerciales, legalizando una práctica que durante años se movió entre la tolerancia y la persecución. El Gobierno espera aliviar la escasez crónica de bienes y reducir el peso del mercado informal, aunque la medida abre interrogantes sobre quién podrá acceder realmente a estas operaciones en un contexto de desigualdad creciente.
Otra ruptura significativa es la autorización de casas de cambio privadas y operadores privados de remesas, un sector históricamente controlado por el Estado. En un país donde las remesas son una de las principales fuentes de ingresos familiares, la entrada de actores no estatales podría modificar el flujo financiero interno y restar al Gobierno parte del control que ejercía sobre la economía doméstica.
La legalización de la venta ambulante completa el paquete de flexibilizaciones. Lo que durante décadas fue perseguido como “ilegalidad” se convierte ahora en una válvula de escape para un sistema incapaz de garantizar el abastecimiento básico. La calle, tantas veces escenario de tensiones, se transforma en un espacio económico reconocido por el propio Estado.
Pero la medida más radical anunciada por Díaz‑Canel es la transformación del Estado en una sociedad mercantil por acciones, un cambio estructural que altera la naturaleza jurídica de las empresas estatales. El Gobierno busca atraer inversión, mejorar la gestión y abrir la puerta a formas de propiedad mixta que hasta ahora eran excepcionales. Para muchos analistas, este paso marca el fin del modelo estatista clásico y el inicio de una transición económica cuyo alcance aún es difícil de medir.
Mientras tanto, el dólar roza los 700 CUP en el mercado informal, un síntoma de la desconfianza generalizada en la moneda nacional y de la incapacidad del Estado para controlar el tipo de cambio. La brecha entre el discurso oficial y la realidad económica se ensancha cada día, y las reformas parecen llegar más como una reacción desesperada que como un proyecto coherente de transformación.
Díaz‑Canel insistió en que Cuba “no renuncia al socialismo”, pero el contenido de las medidas apunta a un rediseño profundo del sistema. Para una población que vive entre apagones interminables, salarios evaporados y un éxodo sin precedentes, el anuncio despierta más preguntas que certezas. ¿Son estas reformas el inicio de una apertura real o un intento tardío de salvar un modelo agotado? ¿Podrán aliviar la crisis o solo profundizarán las desigualdades?
Lo único claro es que Cuba entra en una nueva fase. Y que, por primera vez en mucho tiempo, el propio Estado admite que ya no puede sostener el país con las herramientas del pasado.
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