RUSIA
Rusia está intentando resolver la peor crisis demográfica de los últimos dos siglos con una mezcla de chequera y propaganda: más dinero por cada bebé, más presión para que las familias “cumplan con su deber” y más silencio sobre cuántos jóvenes mueren en el frente de Ucrania. La ecuación es brutal: un país que pierde decenas de miles de hombres en edad fértil, que registra menos de millón y cuarto de nacimientos al año y que ve emigrar a cientos de miles de ciudadanos cualificados, necesita desesperadamente nuevos cuerpos. Cuerpos para la economía, cuerpos para sostener el sistema de pensiones, cuerpos para futuras guerras.
La crisis no empezó con Ucrania, pero la guerra la ha convertido en un problema existencial. Rusia arrastra desde los años noventa un desplome de la natalidad, una mortalidad masculina crónicamente alta y un envejecimiento acelerado. En 2024 se registraron alrededor de 1,22 millones de nacimientos, apenas por encima del mínimo histórico de 1999, con una tasa de fertilidad en torno a 1,4 hijos por mujer, muy lejos del nivel de reemplazo. La “disminución natural” —más muertes que nacimientos— se mantiene en buena parte del país. La guerra añade tres golpes simultáneos: aumenta la mortalidad de hombres jóvenes, deprime la natalidad por incertidumbre y acelera la emigración de los más móviles y cualificados.
La respuesta del Kremlin combina incentivos económicos y control político. Desde hace años existe el programa de “capital de maternidad”, que otorga sumas importantes por el nacimiento del segundo hijo y siguientes, utilizables para vivienda, educación o ahorro. En la última etapa, Moscú ha ampliado estas ayudas, ha declarado 2025 “Año de la Familia” y ha alentado a las regiones a competir con bonificaciones propias: pagos únicos por el tercer hijo, subsidios mensuales, beneficios fiscales, acceso preferente a guarderías y escuelas. En algunos casos, las cifras se acercan o superan el millón de rublos ( aproximadamente a 11.000 dólares estadounidenses ) en distintos instrumentos financieros a lo largo de la infancia, una especie de “cheque bebé” acumulado que el Estado presenta como inversión en el futuro nacional.
El mensaje político es claro: tener hijos es un acto patriótico. La propaganda oficial vincula la maternidad con la defensa de la patria, la continuidad histórica y la resistencia frente a Occidente. En paralelo, el Estado endurece los mecanismos de movilización: eleva la edad máxima de conscripción, digitaliza las citaciones para hacer más difícil evitarlas y refuerza el control sobre los hombres en edad militar. La misma maquinaria que premia a las familias por traer niños al mundo se reserva el derecho de reclamar esos cuerpos para el frente cuando llegue el momento.
El coste humano de la guerra en Ucrania es el otro lado de esta aritmética. Los datos oficiales son escasos y manipulados, pero el trabajo de medios independientes como Mediazona y la BBC, que cruzan obituarios, registros locales y redes sociales, ha identificado ya más de 100.000 soldados rusos muertos con nombre y apellido. Estimaciones occidentales y de analistas independientes sitúan las bajas totales —muertos y heridos— en torno al millón de hombres hacia mediados de 2025, con cifras de fallecidos que oscilan entre 150.000 y 250.000 según la metodología. Incluso tomando los rangos más conservadores, el impacto demográfico es evidente: se trata de cohortes ya debilitadas por el desplome de nacimientos de los años noventa.
La reacción del Estado ante esta sangría se percibe también en la opacidad estadística. Rosstat, la agencia oficial, ha empezado a retirar de sus informes mensuales los datos detallados de nacimientos y defunciones, primero por regiones y luego incluso a nivel nacional. Analistas rusos han comparado esta desaparición de cifras con el precedente soviético de 1937, cuando Stalin ocultó un censo que revelaba el alcance de sus purgas. Cuando una estadística desaparece, suele ser porque muestra una verdad que el poder no quiere admitir: la guerra está abriendo un agujero demográfico que ya no se puede disimular.
La economía refleja la misma tensión. El propio ministro de Trabajo ha advertido que, de aquí a 2030, Rusia necesitará incorporar unos 10 millones de personas adicionales a la actividad económica solo para compensar jubilaciones y un crecimiento modesto del empleo. El desempleo extremadamente bajo no es señal de prosperidad, sino de escasez de mano de obra: movilización, producción militar y bajas en el frente vacían sectores civiles. La emigración agrava el problema. Tras la movilización parcial de 2022 y las sucesivas oleadas de reclutamiento, cientos de miles de rusos —sobre todo jóvenes, educados y con capacidad de moverse— han abandonado el país. Algunos han regresado, pero los flujos siguen siendo significativos y dañinos para el capital humano.
En este contexto, los incentivos por bebé no son solo política social, sino política de seguridad nacional. El Estado necesita más niños para sostener el sistema y, en el futuro, más hombres para sostener el aparato militar. La lógica es fría: cada nacimiento es una unidad potencial de fuerza de trabajo y, llegado el caso, un soldado. La retórica oficial evita formularlo así, pero la coincidencia entre el despliegue de programas pronatalistas y la prolongación de una guerra de desgaste lo hace evidente.
La paradoja es que el dinero por sí solo no está logrando revertir la tendencia. Las familias rusas se enfrentan a salarios estancados, inflación, incertidumbre política y la posibilidad real de que los hijos varones sean llamados a filas en una guerra que no tiene horizonte claro de cierre. La decisión de tener más hijos no depende solo de un millón de rublos en una cuenta, sino de la percepción de futuro. Y ese futuro, bajo sanciones, aislamiento y militarización creciente, se percibe cada vez más estrecho.
El resultado es un país que intenta tapar con cheques y censura un agujero demográfico que se ensancha con cada ofensiva en el frente. La combinación de bajas masivas, baja natalidad y emigración sostenida dibuja un escenario en el que Rusia será, en pocas décadas, una potencia con menos población, más envejecida y con una estructura social marcada por la guerra. El “bebé por rublos” es la cara amable de una política que, en el fondo, sigue midiendo a sus ciudadanos en términos de utilidad para el Estado: como trabajadores, como votantes, como soldados.
Para quienes observan desde fuera, la pregunta es si esta estrategia puede funcionar. La experiencia de otros países con crisis demográficas profundas sugiere que los incentivos económicos ayudan, pero no resuelven el problema si no van acompañados de estabilidad, confianza y apertura. En Rusia, la guerra y el autoritarismo empujan en la dirección contraria. El Kremlin puede seguir ofreciendo dinero por bebés y ocultando cifras de muertos, pero la aritmética demográfica no se deja manipular indefinidamente. En algún momento, la cuenta de rublos, nacimientos y cuerpos caerá por su propio peso.
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