Estados Unidos golpea el corazón económico y represivo del castrismo con la mayor ronda de sanciones desde la firma de la Orden Ejecutiva 14404

ESTADOS UNIDOS-CUBA

Washington. PLC / Estados Unidos amplió hoy de manera significativa las sanciones contra estructuras económicas y represivas del régimen cubano, en una ofensiva que marca un nuevo punto de presión sobre La Habana. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la inclusión del Ministerio de Turismo (MINTUR), las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) y las Milicias de Tropas Territoriales (MTT) en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), junto con otras entidades estatales y empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA.

La medida forma parte de una estrategia coordinada con el Departamento de Estado, que este 13 de julio designó diez entidades adicionales bajo la Orden Ejecutiva 14404, el marco legal firmado por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026 para sancionar sectores estratégicos del castrismo y permitir sanciones secundarias contra empresas extranjeras que colaboren con entidades designadas.

La inclusión de MINTUR es especialmente significativa. El turismo, históricamente una de las principales fuentes de divisas del régimen, atraviesa su peor momento en décadas: solo 298 057 visitantes internacionales llegaron a Cuba en el primer trimestre de 2026, una caída del 48 % respecto al año anterior, con una ocupación hotelera desplomada al 12,9 % y una reducción del 42,4 % en los ingresos turísticos. La sanción llega en un momento en que el sector ya se encuentra en estado crítico, y su impacto podría ser devastador para las finanzas del régimen.

Las Brigadas de Respuesta Rápida, creadas en 1991, fueron uno de los instrumentos más visibles de violencia durante las protestas del 11 de julio de 2021, cuando sus miembros atacaron a manifestantes con palos y objetos contundentes. Su designación formal como entidad represiva coloca a estas brigadas en el mismo nivel que otras estructuras de control social sancionadas en meses anteriores, como la Policía Nacional Revolucionaria y el Ministerio del Interior.

Las Milicias de Tropas Territoriales, fundadas en 1980, también fueron incluidas por su papel como fuerza paramilitar subordinada al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Estas milicias, compuestas por civiles movilizados, forman parte del aparato de control territorial del régimen y han sido utilizadas para intimidar y vigilar a opositores en barrios y centros laborales.

La ofensiva sancionadora no se limita al sector represivo. Entre las entidades económicas designadas se encuentran ANTEX S.A., vinculada directamente a GAESA y responsable de gestionar la exportación de mano de obra cubana; el Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR); el Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX); OSDE Caudal S.A.; y dos empresas del sector energético, COREYDAN S.A. y ENETEC S.A. Todas ellas forman parte de la red empresarial que canaliza ingresos hacia el régimen y sostiene su aparato de control.

Estas sanciones se suman a una serie de designaciones progresivas desde mayo: GAESA y su presidenta Ania Lastres Morera fueron sancionados el 7 de mayo por gestionar activos ilícitos valorados en hasta 20 000 millones de dólares; el 18 de mayo se sancionó a la Dirección de Inteligencia (DGI), el Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); y el 4 de junio fueron incluidos los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el ICAP.

El mensaje de Washington es claro: la estrategia busca golpear simultáneamente las fuentes de ingresos del régimen y sus instrumentos de represión. Según el Departamento de Estado, estas acciones apuntan a “los pilares interrelacionados del aparato represivo cubano”, desde las entidades que financian al Gobierno hasta las organizaciones paramilitares que ejecutan la vigilancia y la violencia contra la población.

La ampliación de sanciones llega en un momento de crisis profunda en Cuba: colapso energético, desplome del turismo, fuga masiva de profesionales, deterioro acelerado de la infraestructura y un aparato represivo cada vez más dependiente de estructuras civiles militarizadas. La designación de MINTUR y de las brigadas represivas no solo afecta la economía, sino que golpea directamente la capacidad del régimen para sostener su narrativa de estabilidad y control.