En Cuba, sobrevivir puede convertirte en infractor

CUBA-SOCIEDAD

Por Marta Pérez

Estocolmo. PLC / En Cuba existe una frase que todo el mundo conoce: “hay que resolver”. No aparece en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en ningún reglamento del Estado. Sin embargo, es probablemente la norma social más importante de la isla. Resolver significa encontrar comida cuando no la hay, conseguir medicamentos que desaparecieron de las farmacias, reparar una vivienda sin materiales, transportar a la familia cuando el transporte público colapsa o simplemente cocinar la comida del día.

El problema es que, en demasiadas ocasiones, resolver implica moverse en la frontera entre lo permitido y lo prohibido.

No porque el cubano sea un delincuente por naturaleza. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de los ciudadanos solo intenta sobrevivir en un sistema incapaz de satisfacer las necesidades más básicas de la población.

Cuando un trabajador compra combustible desviado porque en los servicentros no hay; cuando alguien adquiere medicamentos en el mercado informal porque el hospital carece de ellos; cuando una madre compra leche por la izquierda para alimentar a su hijo; cuando un mecánico utiliza piezas sin documentación porque sencillamente no existen canales legales para obtenerlas; cuando un agricultor vende parte de su producción fuera del sistema estatal para poder mantener su finca, todos están intentando resolver problemas creados por el propio sistema.

La paradoja resulta evidente.

El Estado crea la escasez y, al mismo tiempo, convierte en ilegal muchas de las soluciones que los ciudadanos encuentran para sobrevivir a esa escasez.

Décadas de controles, prohibiciones, monopolios estatales y burocracia han generado una economía paralela que no existe porque los cubanos quieran vivir fuera de la ley, sino porque la economía oficial resulta insuficiente para sostener la vida cotidiana.

El fenómeno alcanza prácticamente todos los ámbitos.

Los medicamentos aparecen primero en las redes sociales que en las farmacias.

Los materiales de construcción suelen encontrarse antes en el mercado informal que en las tiendas estatales.

Las piezas para reparar un automóvil o un refrigerador casi nunca llegan por los canales oficiales.

Los alimentos básicos desaparecen de los comercios regulados y reaparecen horas después a precios mucho más elevados en manos de revendedores.

Muchos de esos productos proceden de robos al propio Estado, un fenómeno que durante décadas ha sido alimentado por salarios incapaces de cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores.

La consecuencia es devastadora para el Estado de derecho.

Cuando una sociedad vive permanentemente obligada a incumplir alguna norma para satisfacer necesidades elementales, la ley deja de ser percibida como un instrumento de justicia y se convierte en una amenaza permanente. La frontera entre el ciudadano honrado y el infractor se vuelve difusa, no por una degradación moral colectiva, sino porque el propio sistema ha hecho de la ilegalidad un mecanismo cotidiano de supervivencia.

Esta situación tiene además una enorme utilidad para el poder.

Un ciudadano que en cualquier momento puede ser acusado de receptación, actividad económica ilícita, evasión de controles administrativos o cualquier otra infracción es también un ciudadano mucho más vulnerable frente a las autoridades. La aplicación selectiva de la ley permite castigar a quien resulta incómodo y tolerar la misma conducta cuando conviene políticamente.

No es casualidad que muchos opositores hayan sido investigados inicialmente por supuestos delitos comunes antes de ser perseguidos abiertamente por razones políticas. Cuando casi todos dependen, en mayor o menor medida, de la economía informal para vivir, el Estado dispone de un amplio margen para escoger a quién aplicar rigurosamente la ley y a quién mirar hacia otro lado.

El resultado es una sociedad atrapada entre la necesidad y la legalidad.

Los cubanos no sueñan con convertirse en infractores. Sueñan con poder comprar alimentos sin hacer colas interminables, encontrar medicamentos en una farmacia, adquirir materiales de construcción legalmente, reparar un automóvil con piezas disponibles y recibir un salario suficiente para vivir con dignidad.

Mientras esas condiciones no existan, el verbo “resolver” seguirá definiendo la vida cotidiana en Cuba.

Y cuando sobrevivir depende de violar alguna norma, el verdadero problema no son los ciudadanos.

El verdadero problema es un sistema que ha convertido la necesidad en delito y la supervivencia en una permanente negociación con la ley.