El paquete económico más ambicioso en décadas llega al Parlamento cubano con más límites que certezas

CUBA-ECONOMÍA

La Habana. PLC Análisis / La Asamblea Nacional abrió hoy, 29 de julio, la discusión del paquete de 176 reformas económicas que el Gobierno presenta como el inicio de una transformación profunda del modelo productivo cubano. Es, en apariencia, el intento más amplio de reordenamiento económico desde los Lineamientos de 2011 y la Tarea Ordenamiento de 2021. Sin embargo, el alcance real de estas medidas, su viabilidad y sus límites estructurales revelan que el país se enfrenta a un dilema mayor: reformar sin desmontar el sistema, liberalizar sin perder control político, atraer capital sin ceder autonomía y corregir distorsiones sin tocar los pilares ideológicos que las generan.

El paquete incluye cambios en la banca, el peso cubano, los subsidios, la estructura de las empresas estatales, la participación del capital privado y la reorganización del sector no estatal. Sobre el papel, se trata de una apertura parcial que reconoce la incapacidad del Estado para sostener por sí solo la economía. La autorización de nuevas formas de gestión, la flexibilización de ciertos mercados y la revisión de subsidios apuntan a un giro pragmático. Pero la letra pequeña y el contexto político revelan que la reforma nace con límites que condicionan su impacto desde el primer día.

Uno de los puntos más sensibles es la banca. El Gobierno reconoce la necesidad de modernizar el sistema financiero, pero mantiene el control absoluto sobre la política monetaria y la intermediación bancaria. Sin independencia del Banco Central, sin transparencia en la emisión monetaria y sin un mercado cambiario real, cualquier reforma bancaria queda atrapada en la misma lógica que ha llevado al peso a una depreciación crónica. La brecha entre la tasa oficial y el mercado informal, donde el dólar supera los 700 CUP, seguirá siendo un obstáculo para cualquier intento de estabilización mientras el Estado insista en sostener un tipo de cambio artificial.

Las reformas sobre subsidios buscan racionalizar un sistema que se ha vuelto insostenible. El Gobierno admite que no puede seguir subsidiando productos y servicios de manera universal, pero evita tocar el núcleo político del problema: la falta de productividad y la ausencia de incentivos reales para producir. Sin un mercado mayorista funcional, sin libertad de precios y sin autonomía empresarial, la eliminación de subsidios puede terminar agravando la pobreza sin generar eficiencia. La reforma reconoce el agotamiento del modelo, pero no se atreve a desmontarlo.

El capítulo empresarial es quizás el más revelador. El Estado propone transformar sus empresas en sociedades mercantiles por acciones, una medida que en otros países ha sido el primer paso hacia la privatización parcial o total. En Cuba, sin embargo, la propiedad seguirá siendo estatal, la dirección seguirá siendo política y la autonomía seguirá siendo limitada. La conversión jurídica no implica un cambio en la gobernanza real. Las empresas estatales continuarán operando bajo la lógica centralizada que ha demostrado ser incapaz de generar crecimiento sostenido. La reforma cambia la forma, pero no el fondo.

La entrada de capital privado, uno de los puntos más comentados, también llega con restricciones. El Gobierno acepta la participación de actores privados en sectores como la farmacéutica, el comercio y ciertos servicios, pero mantiene cerrados los sectores estratégicos y limita la inversión extranjera a proyectos aprobados caso por caso. La apertura es selectiva, controlada y diseñada para evitar cualquier pérdida de poder político. El capital puede entrar, pero solo donde el Estado lo permita y bajo condiciones que desalientan la inversión de largo plazo. La reforma reconoce la necesidad del mercado, pero teme sus consecuencias.

El contexto en el que se discute este paquete es igualmente determinante. Cuba atraviesa una crisis energética sin precedentes, una inflación que devora salarios, un sistema productivo paralizado y una fuga masiva de talento. Las reformas llegan tarde y llegan en un momento en que la capacidad del Estado para implementarlas está debilitada. La falta de combustible, la caída del turismo, la salida de empresas extranjeras y la pérdida de confianza de la población crean un entorno donde cualquier medida, por ambiciosa que sea, enfrenta obstáculos estructurales.

El paquete de 176 reformas es, en esencia, un reconocimiento de que el modelo económico vigente no funciona. Pero también es la evidencia de que el Gobierno no está dispuesto a renunciar al control político que ha definido ese modelo durante más de seis décadas. La reforma intenta corregir distorsiones sin tocar las causas profundas que las generan. Es un intento de modernización dentro de los límites del sistema, una liberalización parcial que nace condicionada por la necesidad de preservar el poder.

La sesión parlamentaria de hoy marca un momento importante, pero no decisivo. El país necesita reformas profundas, coherentes y sostenibles. Lo que se ha presentado es un paquete amplio, pero limitado, ambicioso en número, pero cauteloso en esencia. Cuba se encuentra ante una encrucijada histórica: reformar para sobrevivir o mantener el modelo a costa de su propio colapso. El Parlamento ha abierto el debate, pero el verdadero desafío será transformar un sistema que, por diseño, resiste el cambio.