¿Quién pagará el precio de las reformas? El cubano de a pie vuelve a cargar con el mayor peso de la crisis

CUBA-ECONOMÍA

Por Juan Moreno

La Habana, PLC / Las reformas económicas no deberían medirse por la cantidad de medidas anunciadas, sino por su impacto en la vida de quienes viven de un salario o de una pensión. En Cuba, ese será el verdadero examen.

Otorgar mayor autonomía a los actores privados para fijar precios puede responder a una lógica económica: nadie puede vender por debajo de sus costos de forma indefinida. Sin embargo, esa lógica choca con una realidad que millones de cubanos enfrentan cada día: los ingresos de buena parte de la población no crecen al mismo ritmo que el costo de la vida.

El problema no termina ahí.

Muchos negocios privados necesitan divisas para importar mercancías o adquirir insumos. Si el acceso al mercado oficial es insuficiente, recurren al mercado informal. Cuando el dólar sube, también aumentan los costos de reposición y, con ellos, los precios que paga el consumidor.

Es un mecanismo económico previsible. Lo preocupante es quién termina absorbiendo ese impacto.

No será el empresario que puede ajustar sus precios. Tampoco quien recibe remesas en moneda extranjera. Quienes quedan en la posición más vulnerable son los trabajadores estatales, los jubilados y las familias cuyos ingresos dependen casi exclusivamente del peso cubano.

Cada incremento en el precio de los alimentos, los medicamentos, los productos de higiene o el transporte reduce el poder de compra de esos hogares. Lo que antes alcanzaba para un mes, ahora puede no cubrir siquiera las necesidades de unas pocas semanas.

La inflación no afecta a todos por igual. Castiga con mayor fuerza a quienes tienen menos margen para adaptarse.

Cuando el salario deja de garantizar la alimentación básica, cuando una pensión no alcanza para comprar medicamentos o cuando una familia debe elegir qué necesidad atender porque no puede cubrirlas todas, el problema deja de ser únicamente económico y adquiere una dimensión social.

El riesgo es que la desigualdad se profundice.

Quienes cuentan con ingresos en divisas o negocios propios tienen más herramientas para enfrentar un entorno de precios elevados. En cambio, millones de personas quedan expuestas a un deterioro constante de su calidad de vida.

Las consecuencias pueden sentirse en múltiples frentes: menor acceso a una alimentación adecuada, dificultades para adquirir medicamentos, aumento de la pobreza, endeudamiento familiar y una mayor dependencia de la ayuda de familiares o de actividades informales para complementar los ingresos.

Las reformas económicas pueden ser necesarias, pero cualquier transformación que no vaya acompañada de mecanismos eficaces para proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables corre el riesgo de ampliar la brecha social.

El éxito de una política económica no debería medirse únicamente por los indicadores macroeconómicos ni por el número de medidas aprobadas. También debería evaluarse por una pregunta sencilla: ¿puede una persona que vive de su trabajo o de su pensión cubrir sus necesidades básicas con dignidad?

Si la respuesta es negativa, el costo de la reforma no lo estarán pagando las cifras. Lo estarán pagando las familias.

Y esa es una realidad que ningún discurso económico puede ocultar.