La deuda que vuelve del pasado: el caso CRF I y la derrota jurídica que acorrala al régimen cubano

CUBA-FINANZAS

Londres. PLC / El nuevo revés judicial sufrido por el Banco Nacional de Cuba en Londres no es un episodio aislado, sino el capítulo más reciente de una larga historia de impagos, litigios y maniobras políticas que se remontan a la década de 1980. El fondo de inversión CRF I Limited, principal tenedor de la deuda comercial cubana en el llamado Club de Londres, obtuvo a inicios de julio una sentencia que obliga al BNC —hoy Banco Central de Cuba— a pagar 18.123.883 libras esterlinas, equivalentes a unos 24,4 millones de dólares, por daños y costes procesales. Se trata de la fase de evaluación de daños dentro de un litigio que comenzó en 2020 y que Cuba ha perdido en todas las instancias.

El origen de esta disputa se sitúa en dos préstamos contratados por el BNC en 1982 y 1984 con Crédit Lyonnais Bank Nederland y el Istituto Bancario Italiano, denominados en marcos alemanes y garantizados por la República de Cuba. La Habana dejó de pagar esas obligaciones a mediados de los años ochenta, y la deuda acumuló intereses hasta superar los 72 millones de euros. CRF I, un fondo domiciliado en las Islas Caimán, adquirió esos créditos en el mercado secundario y presentó su demanda en Londres en febrero de 2020. Desde entonces, los tribunales británicos han confirmado de manera sistemática la legitimidad del fondo como acreedor y han rechazado los intentos del régimen de invalidar el proceso, incluyendo acusaciones de soborno que Cuba terminó retirando en 2022.

La sentencia del juez Andrew Baker se dictó en rebeldía: el Banco Nacional de Cuba no presentó alegaciones ante la solicitud de evaluación de daños, lo que el tribunal interpretó como una renuncia a defenderse. El fallo incluye más de 18 millones de libras en daños y cerca de 90.000 libras en costas. El BNC dispone de un plazo breve para solicitar la revocación o modificación, aunque los antecedentes del caso no auguran éxito.

Pero el elemento más revelador del episodio no está en la sentencia, sino en lo que ocurrió antes. CRF I asegura que intentó negociar directamente con el Gobierno cubano y con el propio Miguel Díaz-Canel. El fondo envió una carta el 22 de junio —un mes antes del fallo— en la que proponía abrir conversaciones confidenciales para reestructurar la deuda sin exigir pagos inmediatos. La misiva planteaba instrumentos vinculados al crecimiento, canjes de deuda por capital y mecanismos diseñados para preservar la liquidez de Cuba, en línea con las reformas económicas anunciadas por La Habana. También ofrecía celebrar reuniones en Londres, París o Madrid. Según CRF, ni el Gobierno ni el BNC respondieron.

La carta, cuyo contenido fue revelado por Telemundo 51 y recogido por medios especializados, muestra que el fondo buscaba una salida negociada que permitiera a Cuba recuperar credibilidad financiera internacional. El régimen, sin embargo, optó por el silencio. No es la primera vez: CRF sostiene que ha intentado en múltiples ocasiones abrir un diálogo constructivo, siempre sin éxito.

El caso tiene implicaciones profundas. En primer lugar, confirma que Cuba enfrenta un entorno judicial internacional cada vez menos tolerante con su historial de impagos. La estrategia de dilación, negación y acusaciones sin sustento ha perdido eficacia. En segundo lugar, evidencia la desconexión entre el discurso oficial sobre la apertura económica y la práctica real: mientras el Gobierno anuncia reformas y busca atraer inversión privada, ignora propuestas que podrían aliviar su situación financiera y mejorar su reputación externa.

Además, la sentencia abre la puerta a que CRF I y otros acreedores continúen ejecutando acciones legales para recuperar deudas históricas. La victoria del fondo en todas las instancias británicas crea un precedente que otros actores podrían aprovechar. Para Cuba, que aspira a reinsertarse en los mercados internacionales, este tipo de fallos representa un obstáculo significativo.

El litigio también expone un dilema político. La deuda en cuestión fue contraída bajo el gobierno de Fidel Castro, pero sus consecuencias recaen ahora sobre un régimen que intenta proyectar una imagen de modernización. La negativa a negociar sugiere que La Habana teme que cualquier acuerdo con acreedores privados sea interpretado como una señal de debilidad o como una concesión incompatible con su narrativa de soberanía. Sin embargo, la realidad jurídica es implacable: los tribunales británicos han dejado claro que la deuda es válida, exigible y que el acreedor actuó conforme a la ley.

La sentencia de julio no resuelve el problema de fondo, pero marca un punto de inflexión. CRF I ha demostrado que está dispuesto a seguir adelante y que cuenta con respaldo judicial sólido. Cuba, por su parte, enfrenta una decisión inevitable: continuar ignorando a sus acreedores y acumular derrotas judiciales, o aceptar que la única vía para recuperar acceso al crédito internacional pasa por negociar, reconocer sus obligaciones y abandonar tácticas que ya no funcionan.

En un momento en que la economía cubana atraviesa una crisis estructural, con caída del PIB, inflación persistente y un sistema financiero debilitado, la deuda del Club de Londres se convierte en un símbolo de un problema mayor: la incapacidad del Estado para gestionar sus compromisos externos y su resistencia a adoptar prácticas financieras transparentes. El caso CRF I no es solo una disputa legal; es un espejo que refleja las contradicciones de un modelo político y económico que se enfrenta a sus propios límites.