El alza de precios en Cuba: cuando el Estado intenta contener un incendio que él mismo avivó

CUBA-PRECIOS

La Habana. PLC | La ofensiva reciente de las autoridades de Villa Clara y Guantánamo contra los llamados “precios abusivos” revela más que un gesto administrativo: expone la profundidad de una crisis económica que ya no se puede maquillar con decretos, topes ni notas oficiales. Las medidas anunciadas —desde la fijación de márgenes comerciales hasta la amenaza de multas, decomisos y clausuras— buscan transmitir control en un escenario donde el Estado ha perdido casi todas las palancas reales para regular el mercado. Pero el problema no está en los comerciantes: está en la estructura misma del modelo económico cubano, que ha creado las condiciones para que los precios se disparen sin freno.

Los datos oficiales son elocuentes. El aceite, que en Guantánamo llegó a venderse a más de seis mil pesos por unidad, queda ahora “regulado” en 2 500 pesos en la venta minorista. El huevo, a 110 pesos la unidad. La leche en polvo, a 3 465 pesos el kilogramo. La libra de azúcar refino, a 410 pesos. Y un paquete de salchichas de un kilo, a 1 500 pesos. Estas cifras, presentadas como ejemplos de “ordenamiento”, describen en realidad una economía donde el salario medio mensual no alcanza ni para cubrir una fracción de la canasta básica.

Las autoridades insisten en que han revisado costos de importación, gastos de transportación y normas legales para “atemperar” los precios a las nuevas transformaciones económicas y sociales. Pero esa narrativa oculta la raíz del problema: Cuba importa la mayoría de los alimentos que consume, lo hace con una moneda sin valor internacional, depende de un mercado informal de divisas volátil y carece de producción nacional suficiente para amortiguar cualquier shock externo. En ese contexto, los precios no suben por “especulación”, sino porque el sistema está diseñado para que suban.

El margen comercial del 30% fijado por el Consejo Provincial de Villa Clara es un intento de imponer racionalidad en un mercado que funciona, de hecho, fuera de la racionalidad estatal. Cuando el Estado no garantiza oferta, cuando la cadena logística está rota, cuando la moneda nacional pierde valor cada semana y cuando los actores privados deben sobrevivir en un entorno de incertidumbre absoluta, los precios se convierten en un mecanismo de defensa, no de abuso. El comerciante que vende aceite a 6 000 pesos no está desafiando al Estado: está respondiendo a un entorno donde reponer ese aceite es una operación casi imposible.

La reacción gubernamental —multas, decomisos, clausuras, cancelación de licencias— es la misma que se ha aplicado durante décadas para enfrentar fenómenos que no son disciplinarios, sino estructurales. La inflación cubana no es producto de la indisciplina social, sino del colapso productivo, la escasez crónica, la dualidad monetaria mal resuelta, la dependencia importadora y la ausencia de un mercado mayorista funcional. Ninguna de esas causas se corrige con un decreto.

En Guantánamo, la regulación del precio del aceite ha sido recibida con alivio, pero ese alivio es momentáneo. La población sabe que cada medida de contención es un parche sobre un sistema que ya no sostiene el peso de la vida cotidiana. El Estado intenta frenar la especulación sin reconocer que la especulación es el síntoma de un modelo que ha dejado de producir, de abastecer y de garantizar estabilidad.

El discurso oficial habla de “proteger a la población”. Pero proteger no es fijar precios: es garantizar que los productos existan, que los salarios tengan valor, que la moneda funcione, que la producción nacional crezca y que el mercado deje de ser un campo de batalla entre sobrevivientes. Mientras esas condiciones no cambien, cada nota oficial será apenas un recordatorio de que el Estado lucha contra los efectos de una crisis que él mismo ha generado.

La verdadera pregunta no es por qué los precios suben tanto. La pregunta es por qué el Gobierno insiste en combatir los síntomas y no las causas. Y la respuesta, aunque incómoda, es evidente: porque las causas están en el corazón del modelo económico cubano, y enfrentarlas implicaría transformarlo de raíz. Hasta que eso no ocurra, el país seguirá atrapado en un ciclo donde cada medida de control es un reconocimiento tácito de que el mercado ya no obedece al Estado, sino a la realidad.