ESTADOS UNIDOS-CUBA
Washington. PLC | Estados Unidos ha exportado 96 millones de dólares en combustible al sector privado cubano en medio de la crisis energética más severa que ha vivido la isla en décadas, según reveló El Nuevo Herald. La cifra, que a primera vista podría parecer un dato técnico de comercio exterior, en realidad desnuda una transformación profunda: mientras el Estado se hunde en apagones, colapso de servicios y falta de divisas, una economía privada emergente se abastece directamente desde el país que oficialmente mantiene un régimen de sanciones sobre La Habana.
El combustible no llega a las empresas estatales ni a la Unión Eléctrica, sino a actores privados autorizados por licencias específicas del Departamento de Comercio de EE. UU. Ese flujo crea un circuito paralelo: por un lado, el Estado cubano, con termoeléctricas obsoletas, refinerías semiparalizadas y una red eléctrica al borde del colapso; por otro, un sector privado que puede mover mercancías, generar servicios y sostener negocios gracias a un suministro de energía importada desde el “enemigo histórico”. La paradoja es brutal: el país que bloquea al Estado cubano se convierte en proveedor clave de la economía que el propio Estado dice tolerar, pero no reconocer como capitalismo.
Para Washington, estas exportaciones son parte de una estrategia de presión selectiva: castigar al aparato estatal y a las empresas vinculadas al poder político, mientras se abre espacio a actores privados que, en teoría, podrían dinamizar la sociedad y reducir la dependencia del Estado. Para La Habana, en cambio, la operación es ambivalente. Por un lado, el régimen necesita que la economía privada alivie la escasez, genere empleo y reduzca el malestar social. Por otro, cada litro de combustible que entra por la puerta del sector privado refuerza una realidad incómoda: el Estado ya no es capaz de garantizar ni la energía ni el abastecimiento básico.
La cifra de 96 millones de dólares en combustible no se puede leer aislada. Llega en un contexto donde la red eléctrica ha sufrido colapsos totales, donde provincias enteras han pasado días sin corriente y donde el gobierno ha tenido que improvisar centros de carga y cocción en contenedores marítimos. Mientras tanto, el sector privado —restaurantes, transporte, logística, pequeñas industrias— se convierte en un espacio de relativa resiliencia, capaz de seguir funcionando gracias a acuerdos comerciales que el exilio cubano ya ha empezado a cuestionar, pidiendo revisar las licencias para evitar que cualquier operación termine beneficiando indirectamente al régimen.
La dualidad económica se hace cada vez más visible: una Cuba estatal, empobrecida, dependiente de importaciones de petróleo de aliados políticos como Rusia y Venezuela, y una Cuba privada que se conecta con mercados occidentales, recibe combustible desde Estados Unidos y opera con lógicas de supervivencia empresarial. Esa fractura no es solo económica, sino política. El Nuevo Herald ha documentado cómo, al mismo tiempo que se amplían las licencias para exportar combustible al sector privado, crece la presión del Congreso estadounidense para revisar todas las operaciones con Cuba y asegurarse de que no sostengan al aparato represivo.
Para el régimen, el riesgo es claro: si la población percibe que la luz, el transporte y ciertos servicios solo funcionan donde hay iniciativa privada y vínculos externos, la legitimidad del Estado como proveedor central se erosiona aún más. Para Washington, el desafío es fino: cómo apoyar a un sector privado que puede ser motor de cambio sin que el combustible termine alimentando estructuras estatales o mixtas que sigan bajo control del Partido Comunista.
En el fondo, los 96 millones de dólares en combustible son algo más que una cifra en un titular: son el símbolo de una Cuba partida en dos. Una parte sigue atrapada en el modelo estatista, con apagones, escasez y control político; la otra intenta respirar a través de un tubo de oxígeno conectado a la economía internacional, incluso a través de un país que mantiene sanciones sobre la isla. Esa tensión, si se profundiza, puede convertirse en uno de los vectores más importantes de cambio —o de conflicto— en los próximos años.
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