CUBA-EE.UU- SANCIONES-EXPORTACIONES
Redacción Central – Análisis Prensa Libre Cuba
Estocolmo. PLC Análisis | Las exportaciones estadounidenses hacia Cuba están alcanzando cifras inéditas precisamente cuando Washington aplica una de sus políticas de mayor presión económica contra el Gobierno cubano en décadas. La aparente contradicción es considerable: Estados Unidos intenta restringir las fuentes externas de petróleo de La Habana mientras empresas estadounidenses venden a la isla cantidades crecientes de combustible, alimentos y otros bienes.
En agosto, las exportaciones estadounidenses de bienes a Cuba alcanzaron unos 202,5 millones de dólares, el mayor registro mensual desde que las estadísticas utilizadas comenzaron en 1992. Entre enero y agosto sumaron aproximadamente 876,5 millones, superando ya los 809,6 millones exportados durante todo 2025. Solo en agosto, los combustibles y derivados del petróleo representaron alrededor de 74,9 millones de dólares, cerca del 37% de todas las exportaciones estadounidenses hacia Cuba durante ese mes.
El crecimiento es aún más sorprendente cuando se observa exclusivamente el combustible. Entre enero y agosto de 2026, las ventas estadounidenses de esos productos a Cuba alcanzaron aproximadamente 231,7 millones de dólares. En 2025 habían sido apenas 311.558 dólares y en 2024, 938.894 dólares.
La explicación está en la naturaleza selectiva de la política de Washington.
La Administración de Donald Trump distingue entre abastecer al aparato estatal cubano y permitir que determinados bienes lleguen al sector privado. Desde febrero, las disposiciones estadounidenses permiten, bajo determinadas condiciones, exportar gasolina y otros productos petroleros a entidades privadas cubanas elegibles y a consumidores individuales, dentro de la excepción conocida como Support for the Cuban People. Las operaciones destinadas al Gobierno, las Fuerzas Armadas y otras entidades sancionadas quedan fuera de esa vía.
El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó abiertamente la lógica de esa política: colocar al sector privado y a los cubanos no vinculados al Gobierno ni a los militares en lo que describió como una posición privilegiada frente al aparato estatal.
Esta diferencia es fundamental para comprender lo que está sucediendo. El objetivo estadounidense no parece ser impedir toda actividad comercial con Cuba. Se trata de cambiar quién suministra, quién compra y quién se beneficia del comercio, mientras se dificulta simultáneamente el acceso del Estado a petróleo, financiación e inversiones.
Washington ha utilizado además otro mecanismo de presión: el 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren petróleo directa o indirectamente al Gobierno cubano.
Expertos de Naciones Unidas han condenado esa política, calificándola de coerción económica unilateral con consecuencias extraterritoriales y advirtiendo de sus efectos humanitarios, en particular sobre electricidad, hospitales, transporte, agua y producción de alimentos.
El resultado configura una política con dos carriles: presión sobre el abastecimiento energético estatal y, paralelamente, autorización del suministro estadounidense hacia actividades privadas consideradas elegibles.
En marzo, Reuters reveló que empresas estadounidenses habían enviado ya unos 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano desde comienzos de febrero. Los volúmenes eran entonces pequeños en comparación con las necesidades cubanas, pero crecían semana tras semana.
Cinco meses después, el cambio de escala era considerable. En julio, Cuba había comprado 61,1 millones de dólares en combustibles estadounidenses; en agosto fueron casi 75 millones. Para entonces, las ventas acumuladas de combustible estadounidense ascendían a 231,7 millones de dólares.
El fenómeno no se limita al petróleo. Los cargamentos estadounidenses incluyen alimentos, vehículos, piezas de automóviles, muebles, bicicletas, electrodomésticos y otros bienes. Un seguimiento de datos comerciales realizado durante los primeros meses del año contabilizó miles de envíos desde Estados Unidos, incluyendo arroz, azúcar, pollo congelado, automóviles, camiones, motocicletas y numerosos embarques de gasolina y diésel.
Así se explica otra de las paradojas del embargo: sanciones más duras no significan necesariamente menos comercio estadounidense con Cuba. Determinadas categorías continúan autorizadas y la política actual abre deliberadamente algunas de ellas mientras intenta cerrar otras.
El combustible es el ejemplo más evidente.
Washington intenta dificultar que países extranjeros abastezcan al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, pero permite que empresas estadounidenses vendan combustible a determinados actores privados dentro de Cuba. La pretensión política es erosionar el monopolio económico estatal favoreciendo una economía privada que dependa menos del Estado.
Pero la estrategia se enfrenta a una contradicción práctica difícil de resolver: en Cuba las fronteras entre sector privado, infraestructura estatal y comercio exterior continúan siendo difusas.
El propio crecimiento de los envíos ha provocado interrogantes sobre quién termina controlando algunos cargamentos. En octubre, autoridades estadounidenses anunciaron la confiscación de más de 600.000 galones de biodiésel, valorados en unos 2,8 millones de dólares, que consideraban destinados a la empresa cubana sancionada Enetec. El ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, negó a Reuters que existiera un contrato con esa compañía y sostuvo que ninguna empresa estatal cubana había conseguido contratos para esos suministros.
La controversia pone de manifiesto el gran problema del modelo: garantizar que mercancías importadas formalmente para actores privados no terminen directa o indirectamente integradas en estructuras estatales.
También La Habana se ha visto obligada a modificar sus reglas.
En febrero, las autoridades cubanas permitieron que pequeñas y medianas empresas con capacidad financiera adquirieran combustible en el extranjero, aunque mediante importadores estatales autorizados. Esa decisión abrió la puerta al rápido crecimiento de las compras de carburantes estadounidenses.
Meses después, la presión económica desembocó en cambios mucho más ambiciosos. En junio fueron aprobadas 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes temáticos.
Entre los cambios anunciados se encuentran una mayor participación del sector privado y extranjero, modificaciones en la organización empresarial y financiera y nuevas posibilidades para desarrollar actividades económicas que durante décadas estuvieron sometidas a fuertes restricciones. Parte de estas reformas requieren normas complementarias para su aplicación efectiva.
Aquí aparece probablemente la consecuencia política más interesante de la estrategia estadounidense.
Durante décadas, el Gobierno cubano presentó una economía fuertemente centralizada como una característica esencial e irrenunciable del socialismo. Sin embargo, la combinación de crisis productiva, falta de divisas, deterioro energético y presión estadounidense está obligando a La Habana a ampliar espacios económicos que hasta hace poco consideraba políticamente problemáticos.
No significa que Cuba esté evolucionando hacia una economía de mercado. Tampoco que Washington haya conseguido su objetivo declarado de producir cambios políticos fundamentales. Pero sí demuestra que el modelo económico cubano se encuentra sometido a una presión excepcional.
La propia composición de las exportaciones estadounidenses revela además algo incómodo para ambas narrativas políticas.
Para La Habana, resulta cada vez más difícil presentar las relaciones económicas con Estados Unidos simplemente como un bloqueo comercial absoluto cuando empresas estadounidenses están vendiendo cientos de millones de dólares en mercancías a la isla.
Para Washington, por otra parte, el récord comercial demuestra que su política no pretende aislar por completo a la economía cubana. Busca más bien decidir qué sectores pueden recibir productos estadounidenses y cuáles deben ser privados de recursos, utilizando el acceso al mercado como instrumento político.
El problema está en sus consecuencias.
El crecimiento del comercio privado no ha resuelto la crisis general. Cuba continúa sufriendo una grave escasez energética y prolongados apagones. Los casi 30.000 barriles de combustible que habían llegado al sector privado a finales de marzo representaban solo una pequeña fracción de unas necesidades de importación que hasta entonces rondaban los 100.000 barriles diarios para cubrir generación eléctrica, transporte y otras actividades.
La apertura estadounidense tampoco elimina el embargo. Determinadas actividades continúan prohibidas y las inversiones estadounidenses siguen sometidas a numerosas restricciones. Lo que ha aparecido es una vía comercial selectiva diseñada para que determinados productos lleguen a actores privados sin beneficiar, al menos en teoría, a las estructuras estatales sancionadas.
Por eso, la cifra récord de 876,5 millones de dólares no constituye realmente una contradicción con la estrategia de máxima presión. Es parte de esa estrategia.
La apuesta de Washington consiste en hacer cada vez más difícil la supervivencia del viejo modelo económico estatal al mismo tiempo que permite crecer un circuito privado abastecido, en parte, desde Estados Unidos. Que ese experimento genere una economía más autónoma frente al Estado o simplemente cree nuevas dependencias y vías indirectas hacia las mismas estructuras estatales es todavía una cuestión abierta.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Sé el primero en comentar