EE.UU-VENEZUELA ACUERDO PETROLERO
Washington/Caracas PLC / El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump y confirmado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, redefine de manera abrupta la relación entre ambos países y abre un escenario geopolítico sin precedentes en el hemisferio. Según las declaraciones oficiales, Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65 000 millones de barriles de petróleo venezolano —aproximadamente una quinta parte de las mayores reservas probadas del mundo— mediante un pacto que Trump ha calificado como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.
El anuncio llega apenas meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, un hecho que marcó el giro total de la política bilateral. Desde entonces, Washington ha levantado sanciones, ha normalizado relaciones y ha negociado directamente con Rodríguez, quien ahora presenta el acuerdo como una oportunidad para el “renacimiento” económico del país. El pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros estratégicos, inversiones privadas superiores a los 100 000 millones de dólares y un flujo proyectado de más de 209 000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.
Trump sostiene que la operación duplicará las reservas petroleras estadounidenses, reducirá los precios de la gasolina y no tendrá coste para el contribuyente. Sin embargo, los detalles contractuales siguen siendo opacos: no se han divulgado las condiciones de gobernanza, los mecanismos de control ni el alcance real del “control mayoritario” que Washington obtendría sobre los yacimientos. Chevron y Halliburton figuran entre las empresas implicadas, según medios estadounidenses.
En Caracas, la reacción ha sido ambivalente. Rodríguez insiste en que Venezuela “conserva la propiedad y la soberanía” sobre sus recursos, pero la falta de claridad ha generado dudas incluso entre simpatizantes del Gobierno. La población, golpeada por años de crisis y por los efectos devastadores del terremoto de junio, observa el acuerdo con una mezcla de esperanza y desconfianza. “No sabemos a quién beneficiará esto”, afirma un ciudadano citado por AFP.
Las críticas más duras provienen del ámbito político y académico. El economista Ricardo Hausmann considera que el Gobierno interino carece de legitimidad para firmar un pacto que podría requerir una reforma constitucional. En Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos han exigido explicaciones sobre el destino de las inversiones y sobre el papel del Congreso, que podría tener que aprobar parte del financiamiento si se recurre a fondos públicos.
El acuerdo también tiene implicaciones geopolíticas. Para Washington, representa una oportunidad para desplazar la influencia china en el sector energético venezolano y asegurar suministro a largo plazo. Para Venezuela, supone abrir su industria petrolera a una intervención extranjera sin precedentes, en un momento en que su infraestructura está gravemente deteriorada y requiere inversiones masivas antes de que cualquier barril pueda ser extraído y comercializado. Los expertos coinciden en que pasarán años antes de que Estados Unidos pueda beneficiarse plenamente del petróleo comprometido.
A pesar de la magnitud del pacto, persisten las incógnitas: su duración —Rodríguez habla de 25 años, mientras que algunos medios mencionan 100—, su constitucionalidad, la capacidad real de Venezuela para absorber inversiones y la estabilidad política necesaria para sostener un acuerdo de esta escala. Lo que sí está claro es que el petróleo vuelve a ser el eje de una relación bilateral marcada por la fuerza, la urgencia económica y la ambición geopolítica.
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