CUBA-COMERCIO INTERIOR
La Habana. PLC | El paquete normativo presentado el viernes por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) —los Decretos 167 y 168 y varias resoluciones complementarias— marca el intento más ambicioso en años de ordenar el sector comercial cubano. La actualización busca simplificar trámites, reconocer el peso creciente de los actores no estatales y digitalizar procesos que durante décadas han estado atrapados en una burocracia rígida. Pero, pese al discurso de modernización, las nuevas normas chocan con las mismas restricciones que han frenado reformas anteriores: un mercado desabastecido, un Estado hiperregulador y una economía sin capacidad real para sostener la transformación anunciada.
El Decreto 167, “Del Comercio Interior”, es el eje conceptual de la reforma. Según la Gaceta Oficial, pretende sistematizar un marco legal disperso y actualizar regulaciones que datan de los años ochenta y noventa, incorporando principios de transparencia, sostenibilidad e interés público. La protección al consumidor se presenta como prioridad, en línea con los artículos constitucionales que garantizan acceso a bienes y servicios de calidad. Sin embargo, la norma no resuelve el problema central: la falta de oferta. En un país donde el comercio minorista opera con inventarios mínimos, donde la gastronomía pública está en crisis y donde los precios se disparan sin control efectivo, la protección al consumidor queda en el plano declarativo.
El Decreto 168, que regula el Registro Central Comercial, introduce la informatización como herramienta clave. La inscripción será obligatoria para todos los actores —estatales y privados— y se incorpora la “declaración responsable” para iniciar actividades. También se establece que los establecimientos que no facturen en moneda nacional deberán pagar sus licencias en divisas, y se crea un régimen sancionador actualizado. En teoría, esto debería ordenar el ecosistema comercial y reducir la discrecionalidad administrativa. En la práctica, implica nuevos costos para los negocios privados, muchos de los cuales ya operan con márgenes estrechos y enfrentan un entorno económico marcado por la inflación, la escasez y la inestabilidad regulatoria.
Las resoluciones complementarias —como el clasificador de establecimientos y las tarifas en moneda nacional y divisas— completan el entramado. Pero el problema no es la falta de normas: es la capacidad del Estado para aplicarlas. La digitalización anunciada exige infraestructura tecnológica que no está garantizada, conectividad estable que no existe en todo el país y personal capacitado que el propio Mincin reconoce como insuficiente. Además, la obligatoriedad del registro y el nuevo régimen sancionador pueden convertirse en un mecanismo de control más que en una herramienta de ordenamiento, especialmente en un contexto donde los actores no estatales han crecido sin que el Estado logre acompañar ese crecimiento con políticas coherentes.
El paquete normativo llega en un momento crítico: el comercio interior es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica, y la población enfrenta un deterioro acelerado del acceso a bienes básicos. La reforma intenta responder a esa realidad, pero lo hace sin tocar los factores estructurales que la generan: la dualidad monetaria de facto, la falta de autonomía empresarial, la ausencia de un mercado mayorista funcional y la persistencia de un modelo estatal que sigue priorizando el control sobre la eficiencia.
En definitiva, los Decretos 167 y 168 representan un esfuerzo por modernizar el marco legal del comercio interior, pero su impacto dependerá de algo que las normas no pueden decretar: la capacidad real del Estado para garantizar abastecimiento, estabilidad regulatoria y un entorno económico donde los actores privados y estatales puedan operar sin asfixia. Sin esos elementos, la reforma corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de ordenamiento jurídico sin efectos tangibles en la vida cotidiana de los cubanos.
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