Cuba abre la economía con una mano mientras la blinda políticamente con la otra

CUBA-ECONOMÍA

La Habana. PLC / El Consejo de Estado de Cuba ha aprobado dos nuevos decretos leyes vinculados al paquete de 176 reformas económicas que el régimen presenta como el mayor intento de “liberalización y descentralización” desde 1959. Sobre el papel, las normas parecen abrir espacios de autonomía para empresas estatales y cooperativas agropecuarias. En la práctica, consolidan un rediseño político del control económico que busca salvar al sistema sin renunciar al monopolio del poder.

Los dos textos aprobados en sesión extraordinaria son el decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”. Ambos se inscriben en la arquitectura de las 176 reformas económicas y sociales ratificadas por la Asamblea Nacional en junio, en un contexto de contracción acumulada superior al 15 % entre 2020 y 2025, apagones generalizados, desabastecimiento crónico y creciente presión internacional.

El primer decreto define los principios de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal bajo la conducción del recién creado Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEE), una entidad presupuestada subordinada al Consejo de Ministros, encargada de “asesorar, proponer, implementar y controlar” las políticas dirigidas a las empresas del Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, ha subrayado que con esta norma se “ratifica a la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía”. Es decir, se habla de transformación y perfeccionamiento, pero se reafirma la columna vertebral del modelo: la empresa estatal sigue siendo el centro de gravedad, no un actor más en un ecosistema plural.

El segundo decreto modifica el marco de las cooperativas agropecuarias. Les otorga facultades inéditas: podrán importar y comercializar combustibles como insumo, realizar operaciones de comercio exterior, gestionar directamente financiamiento externo y abrir cuentas bancarias en el extranjero. Además, se eliminan los límites de hectáreas en la entrega de tierras y se amplía el acceso a todos los actores económicos, incluyendo cuentapropistas, mipymes, empresas mixtas, inversión extranjera e incluso ciudadanos que han emigrado pero conservan la ciudadanía cubana.

A primera vista, el paquete parece avanzar hacia una economía más abierta, con mayor protagonismo del sector privado y de actores no estatales. Las 176 reformas incluyen medidas como la autorización de grandes empresas privadas sin límite de tamaño, la posibilidad de que una persona posea más de una sociedad, la creación de un mercado de moneda digital, la apertura a banca privada y la introducción de mecanismos de quiebra y liquidación para empresas estatales con pérdidas sostenidas.

Sin embargo, el verdadero trasfondo político de estas reformas no está en la retórica de “descentralización”, sino en la forma en que el poder se reacomoda para seguir siendo poder. El INAEE, lejos de ser un órgano técnico neutral, centraliza la supervisión de más de 2.000 empresas estatales bajo una dirección única, con capacidad para intervenir en su gestión, aprobar transformaciones y controlar el cumplimiento de las políticas. Es una recentralización sofisticada: se concede autonomía operativa, pero se refuerza el mando estratégico.

En el caso de las cooperativas y de la tierra, la apertura tiene una doble lectura. Por un lado, responde a la urgencia de aumentar la producción agropecuaria en un país que importa buena parte de los alimentos que consume y sufre una crisis de abastecimiento que erosiona la legitimidad del régimen. Permitir que cooperativas importen combustibles, accedan a financiamiento externo y operen en comercio exterior es una forma de inyectar recursos sin renunciar al discurso anti “empresarios privados” tradicionales. Por otro lado, la eliminación de límites de hectáreas y la posibilidad de que actores diversos —incluyendo inversión extranjera y empresas mixtas— accedan a tierras abre un espacio para la reconfiguración de la propiedad y del control territorial, pero siempre bajo la tutela del Estado y de sus conglomerados militares‑empresariales.

El paquete de reformas debe leerse también en clave de supervivencia geopolítica. Cuba enfrenta sanciones financieras, restricciones energéticas y un creciente aislamiento regional. La apertura controlada al capital privado y extranjero busca atraer recursos, aliviar la crisis y enviar señales a potenciales socios internacionales de que la isla está dispuesta a “modernizar” su economía. Pero el mensaje interno es otro: la empresa estatal socialista sigue siendo el sujeto principal, el Partido Comunista mantiene el monopolio político y cualquier nueva forma de propiedad o gestión se integra en un marco donde la lealtad al sistema es condición de existencia.

En este sentido, las reformas económicas funcionan como un mecanismo de cooptación. Se ofrece a sectores emergentes —mipymes, cooperativas, profesionales emigrados con capital— la posibilidad de prosperar, pero dentro de un diseño donde el Estado conserva la llave de la regulación, el acceso a divisas, la concesión de tierras y la autorización de operaciones externas. El riesgo para la oposición democrática es que una parte de la sociedad se vea tentada a aceptar este nuevo pacto: más margen económico a cambio de renunciar a la disputa política de fondo.

Hay además un elemento de cálculo estratégico frente a la presión militar y diplomática. Mientras en Washington se discuten opciones de fuerza, incluyendo escenarios de asalto aéreo, La Habana intenta mostrar que está emprendiendo reformas “estructurales” y que cualquier intervención externa pondría en riesgo un proceso de transformación que, según el discurso oficial, solo puede conducir el propio régimen. La narrativa es clara: el sistema se está reformando desde dentro, no necesita tutelas ni imposiciones.

Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿estas reformas abren camino a una verdadera pluralidad económica y política, o son un ajuste de emergencia para prolongar la vida de un modelo agotado? La reafirmación explícita de la empresa estatal socialista como sujeto principal, la centralización del control en el INAEE y la subordinación de todas las transformaciones al marco del Partido Comunista indican que estamos ante un intento de “capitalismo administrado” sin Estado de derecho ni garantías de propiedad independientes del poder político.

Para Cuba, el dilema es profundo. La población necesita con urgencia más producción, más empleo, más servicios y menos colas. Cualquier apertura económica será bienvenida por quienes llevan años sobreviviendo en la precariedad. Pero si esa apertura no viene acompañada de instituciones libres, separación de poderes, seguridad jurídica y derechos políticos, el resultado puede ser una nueva fase del mismo sistema: más sofisticado, más híbrido, pero igual de autoritario.

Las 176 reformas y los decretos recién aprobados son, en definitiva, una maniobra de alto riesgo: el régimen intenta abrir la economía lo suficiente para evitar el colapso, pero no tanto como para perder el control. Para el proyecto liberal y democrático en Cuba, el desafío es doble: aprovechar los resquicios que se abren para fortalecer una sociedad civil autónoma y, al mismo tiempo, desenmascarar el verdadero propósito de estas medidas. No se trata solo de tecnicismos económicos; se trata de quién manda, quién decide y quién se beneficia de la transformación de la economía cubana.

Mientras el poder se reorganiza, el tiempo para una transición genuinamente democrática se acorta. Si las reformas económicas se consolidan sin cambios políticos de fondo, el régimen habrá logrado lo que busca: un nuevo equilibrio de control, con más mercado, pero sin libertad.