CUBA-VIMA-GAESA
Estocolmo. PLC | La presencia de Vima Foods en Cuba es uno de los ejemplos más reveladores de cómo el régimen ha articulado, desde los años noventa, un sistema económico donde empresas extranjeras operan dentro de un entramado militar que controla importaciones, distribución y comercio minorista. El caso de Vima, lejos de ser una anomalía, muestra cómo la estructura de GAESA ha convertido la alimentación en un negocio estratégico y cómo compañías privadas europeas y estadounidenses han encontrado espacio para prosperar en un mercado que, oficialmente, vive bajo embargo.
Vima comenzó a operar en Cuba durante el Periodo Especial, cuando el Gobierno abrió grietas selectivas para atraer capital extranjero que pudiera sostener sectores críticos. Con el tiempo, la empresa española se convirtió en uno de los principales proveedores de alimentos para las tiendas dolarizadas, los hoteles y las cadenas de distribución controladas por los militares. Su sede operativa en Berroa, una zona industrial bajo la órbita de GAESA, es un símbolo de esa integración: ninguna empresa extranjera puede prosperar en ese espacio sin la anuencia del conglomerado militar.
La relación con GAESA se consolidó con la expansión de las tiendas en moneda libremente convertible, un sistema diseñado para captar divisas y que dejó fuera al mercado en pesos. Vima se convirtió en un proveedor privilegiado de esas tiendas, gestionadas por Tiendas Caribe y Cimex, ambas bajo control militar. La creación de Vima Caribe, una filial 100% extranjera, permitió centralizar operaciones y profundizar la dependencia del régimen de sus importaciones. En 2024, la empresa declaró más de 49 millones de euros en ingresos provenientes de Cuba, casi la mitad de su facturación global, una cifra que revela la magnitud del negocio.
La pregunta clave es cómo Vima logra exportar alimentos desde Estados Unidos hacia Cuba sin violar el embargo. La respuesta está en la arquitectura legal creada por Washington desde 2000, cuando la Ley de Reforma de las Sanciones permitió exportaciones agrícolas y médicas a Cuba bajo condiciones estrictas. Estas ventas deben ser pagadas por adelantado, no pueden otorgarse créditos y deben destinarse a entidades autorizadas. Vima USA Ltd, con sede en Nueva York y Miami, opera precisamente dentro de ese marco: compra productos estadounidenses y los exporta a Cuba a través de las empresas estatales que GAESA controla. El régimen cobra por la logística, Vima obtiene ganancias y Washington mantiene la narrativa de que las ventas agrícolas no fortalecen directamente al aparato represivo. En la práctica, sin embargo, estas operaciones alimentan la red comercial militar que monopoliza la distribución de alimentos en divisas.
El movimiento más reciente de Vima —la contratación de la firma de lobby Continental Strategy LLC— añade una dimensión política al negocio. El contrato, registrado en julio por 30.000 dólares, incluye actividades en comercio, industria alimentaria y relaciones exteriores, así como la búsqueda de oportunidades en América Latina. Lo relevante no es solo el contenido del contrato, sino quiénes integran el equipo de lobistas: Francisco Petrirena, Carlos Trujillo y Eric Farnsworth, figuras vinculadas a la administración del presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Trujillo fue embajador ante la OEA y uno de los arquitectos de la política hemisférica de Trump; Farnsworth ha sido un actor influyente en la relación entre Washington y América Latina; Petrirena ha trabajado en estructuras cercanas al Partido Republicano.
La presencia de estos nombres sugiere que Vima busca algo más que asesoría técnica. En un contexto donde la administración Trump ha endurecido sanciones contra GAESA y ha ampliado la presión sobre empresas extranjeras que operan con el conglomerado militar, Vima necesita interlocutores capaces de navegar la compleja frontera entre legalidad, política y negocios. La empresa española depende de Cuba como mercado, pero también depende de Estados Unidos como proveedor. Su supervivencia requiere que ambos mundos sigan comunicándose, incluso cuando la política bilateral se vuelve más hostil.
El caso de Vima ilustra cómo la economía cubana funciona como un sistema militarizado donde las empresas extranjeras operan bajo tutela y donde la legalidad estadounidense, lejos de bloquear completamente el comercio, permite nichos que el régimen explota para sostener su estructura financiera. También muestra cómo compañías europeas recurren a lobistas estadounidenses para proteger negocios que, aunque legales, se encuentran en la zona gris de la política exterior de Washington.
Para GAESA, Vima es una pieza más en su estrategia de control absoluto sobre la importación y distribución de alimentos. Para Vima, Cuba es un mercado cautivo donde la empresa puede obtener beneficios elevados gracias a la ausencia de competencia real y a la dependencia estructural del país de las importaciones. Para Washington, estas operaciones son un recordatorio de que el embargo nunca ha sido un muro hermético, sino un sistema de válvulas que se abren y cierran según la coyuntura política.
En conjunto, el entramado revela una verdad incómoda: la economía cubana, incluso en su dimensión más básica —la alimentación—, está profundamente entrelazada con intereses militares, empresas extranjeras y decisiones políticas tomadas en Washington. Vima opera en ese triángulo, y su historia es una ventana a cómo funciona realmente el poder económico en la isla.
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