La retirada de los abogados y el riesgo sistémico de la deuda cubana en Londres

CUBA-DEUDA

Londres. PLC | La salida del bufete británico PCB Byrne de la defensa del Banco Nacional de Cuba (BNC) y del Gobierno cubano en los tribunales de Londres no es un episodio aislado, sino la expresión más reciente —y más grave— de un deterioro estructural en la posición internacional de la deuda cubana. Tras más de un año sin recibir pago por sus servicios, el despacho presentó en julio una solicitud confidencial para abandonar la representación, confirmada por una orden judicial el 31 de ese mes. El motivo, según fuentes citadas por Bloomberg, fue el impago continuado de honorarios por parte del BNC y del Gobierno cubano.

La consecuencia inmediata es devastadora: Cuba queda sin defensa en litigios que suman alrededor de 2.500 millones de euros en reclamaciones, una exposición que podría materializarse mediante sentencias en rebeldía si la parte cubana continúa sin responder ante los tribunales.

El retiro de PCB Byrne se produce en un contexto judicial ya adverso. El BNC sufrió en julio una sentencia en rebeldía por daños y costas que superan los 18 millones de libras esterlinas, dictada por el juez Andrew Baker después de que la entidad no presentara alegaciones en la fase de cuantificación de daños. En diciembre del año anterior, el banco tampoco cumplió una orden judicial que le exigía pagar 50.000 libras en costes procesales, otro indicio de la incapacidad financiera para sostener su propia defensa

El núcleo del litigio se remonta a dos préstamos comerciales de 1982 y 1984 otorgados por bancos europeos, con la República de Cuba como garante. La Habana dejó de pagar esas obligaciones en los años ochenta, y el fondo CRF I —vehículo especializado en adquirir deuda cubana en mora— compró esos créditos en el mercado secundario y presentó su demanda en Londres en 2020. CRF reclama unos 70 millones de euros, mientras que ICBC Standard Bank sostiene dos procedimientos separados que suman unos 200 millones de euros de principal y cerca de 1.000 millones de euros en intereses en cada caso.

Los tribunales británicos han confirmado de forma sistemática la legitimidad de CRF como acreedor: la Alta Corte lo reconoció en 2023, la Corte de Apelación ratificó la decisión en 2024 y el Tribunal Supremo británico cerró definitivamente la vía de apelación en 2025. Con la responsabilidad ya establecida, la fase actual se centra en la cuantificación de daños, donde Cuba ha comenzado a perder por incomparecencia.

Pero el aspecto más revelador del caso es político: CRF asegura que ha intentado negociar con La Habana desde 2013 y que su último intento fue una carta enviada directamente a Miguel Díaz-Canel el 22 de junio de 2026, en la que proponía conversaciones confidenciales y mecanismos de reestructuración vinculados al crecimiento, canjes de deuda por capital y fórmulas diseñadas para preservar la liquidez del país. La carta no recibió respuesta.

El fondo insiste en que una solución negociada permitiría a Cuba recuperar gradualmente la confianza de acreedores e inversores internacionales, pero advierte que continuará recurriendo a los tribunales mientras no exista una actitud seria por parte del Gobierno cubano.

La retirada de PCB Byrne expone una contradicción central del momento económico cubano. Mientras el régimen intenta presentar reformas orientadas a atraer inversión extranjera y ampliar el espacio del sector privado, uno de sus principales bancos estatales enfrenta litigios multimillonarios sin capacidad para pagar siquiera a los abogados encargados de defenderlo. La falta de liquidez no solo afecta la deuda histórica, sino también la infraestructura mínima necesaria para gestionar esa deuda.

Para analistas como Daniel Lansberg-Rodríguez, la reintegración de Cuba en los mercados financieros internacionales es difícil de imaginar sin reformas políticas que generen una nueva narrativa de inversión. El pago —o al menos la negociación seria— de las deudas heredadas sería parte de esa señal. Pero la estrategia actual del Gobierno cubano, basada en la inacción y el silencio, profundiza la percepción de riesgo y aleja cualquier posibilidad de normalización financiera.

El caso CRF I se ha convertido así en un espejo que refleja las tensiones internas del modelo cubano: un Estado que proclama apertura económica mientras acumula derrotas judiciales en Londres; un Gobierno que busca atraer capital extranjero mientras ignora propuestas de reestructuración; y un sistema financiero que intenta sobrevivir con deudas impagadas desde hace décadas y sin recursos para sostener su propia defensa legal.

La pérdida de los abogados no es solo un revés procesal: es la señal más clara de que Cuba se acerca a un punto crítico en su relación con los mercados internacionales. Sin una estrategia coherente para enfrentar su deuda externa, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de sentencias en rebeldía, aislamiento financiero y deterioro progresivo de su credibilidad internacional.

Nota aclaratoria: En este caso judicial, el demandado es el Banco Nacional de Cuba (BNC), que fue el banco central del país hasta 1997 y firmó los préstamos originales hoy en litigio. Aunque desde esa fecha el Banco Central de Cuba (BCC) es la autoridad monetaria, la responsabilidad legal sobre las deudas históricas permanece en el BNC, porque fue esa institución la que actuó como banco central cuando se contrajeron las obligaciones. Por ello, los tribunales británicos reconocen al BNC —y no al Banco Central actual— como la entidad responsable en los procedimientos iniciados por CRF I e ICBC.

Redacción Central PLC