CUBA-EXPEDIA
Miami. PLC |El veredicto emitido en Miami contra las familias de exiliados cubanos que demandaron a Expedia marca un momento decisivo en la interpretación judicial de la Ley Helms‑Burton y en las posibilidades reales de restitución patrimonial para quienes perdieron propiedades tras las confiscaciones de 1959. El caso, seguido de cerca por la prensa estadounidense y reportado por The New York Times, concluyó con una victoria contundente para Expedia, después de que el jurado determinara que los demandantes no lograron demostrar la titularidad de los terrenos donde hoy operan varios hoteles en Cuba.
La demanda se apoyaba en el Título III de la Ley Helms‑Burton, activado en 2019, que permite a ciudadanos estadounidenses —incluidos naturalizados— demandar a empresas que “trafiquen” con bienes confiscados por el gobierno cubano. Los demandantes alegaban que Expedia facilitó reservas en cinco hoteles construidos sobre terrenos que pertenecieron a sus familias antes de la revolución. Sin embargo, el jurado concluyó que no existían pruebas suficientes de propiedad ni documentos oficiales que acreditaran la confiscación específica de esos terrenos. Esta ausencia de evidencia documental fue determinante: al no poder demostrar la titularidad, todos los demás argumentos legales quedaron anulados.
El fallo llega en un contexto judicial complejo. En 2025, otro caso emblemático —el de Mario Echevarría contra Expedia por terrenos en Cayo Coco— había logrado inicialmente un veredicto de 29,8 millones de dólares, pero fue posteriormente anulado por un juez federal. La corte determinó que los demandantes no demostraron que Expedia actuara “con conocimiento e intención”, requisito central de la ley, y que la empresa matriz no podía ser responsabilizada por las acciones de sus subsidiarias.
El caso actual contra Expedia refleja la misma tendencia: los tribunales están aplicando criterios estrictos sobre la carga de la prueba, especialmente en lo relativo a la demostración de propiedad y al requisito de “tráfico intencional”. Expedia sostuvo que sus operaciones en Cuba se realizaron bajo licencias de viaje autorizadas durante la administración de Barack Obama, y aunque el jurado no llegó a evaluar ese punto, la falta de evidencia sobre la titularidad hizo innecesario profundizar en la legalidad de las reservas. La empresa celebró el veredicto como una confirmación de su postura.
Para las familias exiliadas, el resultado es un golpe emocional y jurídico. La demanda representaba no solo un intento de recuperar patrimonio perdido, sino también una reivindicación moral frente a décadas de despojo. El abogado de los demandantes denunció que Expedia “usó estas propiedades en alianza con socios comunistas cubanos”, pero el jurado se mantuvo estrictamente dentro del marco probatorio.
El veredicto también tiene implicaciones más amplias. Desde que el Título III de la Helms‑Burton fue activado, decenas de demandas han intentado abrir un camino de responsabilidad civil contra empresas que operan en Cuba. Sin embargo, los tribunales han mostrado reticencia a aceptar reclamaciones sin documentación sólida, y han insistido en que la ley exige pruebas claras de propiedad y de tráfico intencional. La decisión en Miami refuerza esta línea jurisprudencial y reduce las expectativas de éxito para futuros litigios similares.
Para Prensa Libre Cuba, este caso confirma una realidad incómoda: la justicia estadounidense está imponiendo estándares probatorios que muchas familias cubanas, despojadas sin documentación y expulsadas en condiciones de emergencia, difícilmente pueden cumplir. La derrota judicial no borra la legitimidad histórica de sus reclamos, pero sí evidencia que la vía legal en Estados Unidos se está estrechando. El fallo a favor de Expedia no solo cierra un capítulo judicial, sino que redefine el terreno de batalla para quienes buscan reparación por las confiscaciones del régimen cubano.
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