El Banco Exterior de Cuba y el nieto de Raúl Castro, incluidos en nuevas sanciones de EE.UU.

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Washington. PLC | Estados Unidos ha lanzado un nuevo paquete de sanciones que profundiza la presión sobre la élite gobernante cubana y sobre sectores estratégicos de la economía de la isla. El Departamento de Estado anunció la designación de cinco entidades estatales y de Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, bajo la Orden Ejecutiva 14404, una herramienta creada para castigar a individuos y organizaciones vinculadas a la represión y a redes económicas controladas por el régimen.

Las sanciones afectan directamente al Banco Exterior de Cuba, pieza clave en las operaciones financieras internacionales del régimen, y a cuatro empresas estatales que sostienen la explotación de recursos naturales y la infraestructura energética: Nicarotec, dedicada al soporte geológico y minero; Cexni, responsable de la importación de maquinaria y materias primas para la industria del níquel y el cobalto; Abapet, subsidiaria de CUPET encargada de la adquisición de insumos para el sector petrolero; y Comercial CUPET S.A., brazo negociador de la petrolera estatal en acuerdos y empresas mixtas.

El Departamento de Estado sostiene que estas entidades forman parte de un entramado diseñado para asegurar que los recursos del país permanezcan bajo control de un pequeño círculo de poder vinculado a la familia Castro y a los aparatos represivos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Según el secretario de Estado Marco Rubio, el régimen cubano continúa representando “una amenaza profunda y multifacética” para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.

La designación de Fidel Ernesto Castro Calis amplía el cerco sobre la familia Castro. Su padre, Alejandro Castro Espín, y su hermano, Raúl Alejandro Castro Calis, ya habían sido sancionados en junio. Washington argumenta que estas figuras forman parte de redes familiares que sostienen la arquitectura represiva y económica del régimen, beneficiándose de privilegios mientras la población enfrenta apagones, escasez y un deterioro acelerado de los servicios básicos.

El impacto económico de estas sanciones es significativo. Todas las propiedades e intereses de los designados bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados, y cualquier transacción con ellos queda prohibida. Además, bancos y empresas extranjeras que mantengan vínculos con estas entidades se exponen a sanciones secundarias, lo que incrementa el aislamiento financiero de Cuba y dificulta su capacidad de operar en mercados internacionales.

Estas medidas se insertan en la estrategia de la administración Trump de cortar el acceso de Cuba al petróleo y a los recursos que sostienen su aparato estatal. La ONU ha advertido que el bloqueo energético podría derivar en una crisis humanitaria, mientras la isla enfrenta apagones prolongados y un colapso de su infraestructura eléctrica. Aunque Washington atribuye la crisis al modelo económico del régimen, La Habana insiste en que las sanciones buscan provocar un colapso interno.

El nuevo paquete sancionador confirma que la política estadounidense hacia Cuba ha entrado en una fase de máxima presión, dirigida no solo a castigar a la élite gobernante, sino a desarticular los mecanismos financieros y logísticos que sostienen su poder. Para el régimen, el mensaje es inequívoco: la red de control económico construida durante décadas está ahora bajo ataque directo. Para la población cubana, el horizonte inmediato es aún más incierto, atrapada entre un Estado que no logra garantizar servicios básicos y un entorno internacional que endurece cada día sus restricciones.