El petróleo venezolano vuelve al centro de la tormenta política

VENEZUELA

Ciudad de Panamá. PLC | La reacción de María Corina Machado al acuerdo petrolero firmado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha abierto un nuevo frente en la ya compleja disputa por la legitimidad y el control de los recursos estratégicos de Venezuela. Su mensaje, difundido tras varios días de silencio calculado, combina indignación popular, advertencias institucionales y una defensa explícita de la alianza con Washington, pero bajo condiciones que —según afirma— hoy no existen.

Machado sostiene que el pacto energético, que otorga a Estados Unidos acceso a más del 20% de las reservas de crudo venezolanas, se ha firmado sin transparencia, sin claridad sobre quién compromete al país y sin la participación del pueblo. “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, afirmó, subrayando que la decisión se tomó “en nuestro nombre, sin contar con nosotros”, un malestar que identifica como recurrente en la historia venezolana.

La líder opositora, Nobel de la Paz, evitó confrontar directamente a Washington y reiteró que Estados Unidos es “el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”. Pero advirtió que una alianza de esta magnitud solo puede sostenerse sobre “transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”, principios que —según su diagnóstico— no pueden garantizarse bajo la administración actual. “Los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores”, dijo, marcando distancia con el gobierno interino y cuestionando su capacidad para comprometer recursos estratégicos sin legitimidad democrática.

Machado insistió en que el sector petrolero es apenas una pieza de una reconstrucción nacional mucho más amplia. Venezuela, afirmó, requiere inversiones colosales, pero también un funcionamiento integral del país: cadenas de valor operativas, generación eléctrica suficiente, puertos funcionales, seguridad jurídica para los inversionistas y seguridad personal para los ciudadanos. En un país con “fragilidad institucional”, ningún sector puede funcionar de manera aislada.

El acuerdo petrolero, presentado por Washington como histórico, otorga control sobre 65.000 millones de barriles en 17 campos y proyecta beneficios para Venezuela por 209.000 millones de dólares en 25 años. Pero para Machado, el problema no es la magnitud del convenio, sino quién lo firma y bajo qué condiciones. La transición democrática, afirmó, “aún no ha sucedido”, y sin ella cualquier pacto estratégico carece de estabilidad y de garantías para el futuro.

Su mensaje, dirigido tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional, busca fijar una línea política clara: Venezuela necesita aliados, necesita inversión y necesita reconstrucción, pero nada de eso puede sostenerse sin legitimidad democrática. El petróleo, insiste, pertenece al pueblo venezolano, y cualquier decisión sobre él debe tomarse con el país, no a espaldas de él.