El saqueo del sistema eléctrico revela la profundidad de la crisis cubana

CUBA-CRISIS ENERGÉTICA

La Habana. PLC | Los más de 460 procesos penales abiertos entre 2025 y el primer semestre de 2026 por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional no describen solo una ola delictiva: describen el colapso de un país. Las cifras divulgadas por la Fiscalía General y los organismos de seguridad muestran un fenómeno extendido, persistente y cada vez más violento, que afecta a todas las provincias y a casi un centenar de municipios. La sustracción de aceite dieléctrico, el robo de cables, angulares de torres de alta tensión, paneles solares y componentes de distribución no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis estructural que combina deterioro tecnológico, precariedad económica y una respuesta estatal cada vez más punitiva.

El robo de aceite dieléctrico es el delito más frecuente, con más de 300 denuncias en todo el país. Su extracción inutiliza transformadores y provoca apagones prolongados, como ocurrió en San José de Marcos, Matanzas, donde una comunidad agrícola quedó más de 30 días sin electricidad tras la sustracción de 1.000 litros. Las autoridades han detectado que parte de ese aceite termina mezclado con combustible para vehículos, una práctica que se ha confirmado en 21 de los 105 autos inspeccionados en una investigación reciente, de los cuales 18 fueron ocupados. Según los especialistas del Ministerio del Interior, predominan transportistas privados entre los casos detectados, aunque se insiste en que no se trata de una generalización del sector.

La respuesta del régimen ha sido endurecer la calificación penal. Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular instruyó a los tribunales a tratar estos robos como sabotaje, no como hurto. Los artículos 125 y 126 del Código Penal contemplan penas de siete a 30 años de prisión, reclusión perpetua o incluso la pena de muerte en circunstancias agravadas. En 2026, todas las personas juzgadas por hechos vinculados al SEN han sido condenadas por sabotaje, con sanciones mayoritariamente entre nueve y 20 años de cárcel. La Fiscalía ha impuesto prisión provisional al 87% de los imputados y advierte que vehículos, maquinaria y otros bienes utilizados para cometer estos delitos pueden ser decomisados.

La severidad de las penas contrasta con la precariedad del sistema eléctrico. El SEN atraviesa una crisis marcada por averías, déficit de generación y apagones de casi 24 horas. El deterioro de las infraestructuras, la falta de inversión y el cerco energético que el Gobierno atribuye a Estados Unidos han creado un escenario donde la vulnerabilidad técnica se combina con incentivos económicos para el robo. El aceite dieléctrico, convertido en sustituto informal de combustible, es hoy un recurso codiciado en un país donde la escasez de carburantes paraliza sectores enteros.

El fenómeno también es peligroso para quienes lo ejecutan. Dos personas han muerto en Santiago de Cuba mientras manipulaban instalaciones energizadas, un recordatorio de que estos delitos no solo afectan a la población, sino que ponen en riesgo la vida de los propios implicados. La Fiscalía y el Tribunal Supremo insisten en que la responsabilidad penal debe demostrarse caso por caso: ser propietario de un vehículo con aceite contaminado no implica automáticamente culpabilidad, pero sí abre la puerta a investigaciones exhaustivas y posibles sanciones accesorias.

La dimensión social del problema es evidente. Cada transformador inutilizado prolonga los apagones, afecta la producción agrícola, paraliza servicios básicos y golpea a comunidades ya debilitadas por la crisis económica. La sustracción de componentes eléctricos no solo destruye equipos: destruye tiempo, recursos y estabilidad. En un país donde la electricidad es intermitente, el robo de piezas del SEN amplifica la fragilidad de un sistema que ya opera al límite.

Las autoridades prometen “todo el rigor de la ley”, pero el rigor penal no resuelve la raíz del problema. La expansión de estos delitos revela una combinación de necesidad, mercado informal, deterioro tecnológico y ausencia de control efectivo. La crisis del SEN no es solo técnica ni solo delictiva: es estructural. Y mientras el Estado responde con sanciones cada vez más duras, la población sigue enfrentando apagones, escasez y un sistema eléctrico que se desmorona entre robos, averías y falta de inversión.