EE.UU. defiende sanciones para presionar cambios políticos mientras el régimen denuncia un “castigo colectivo”

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Estocolmo. PLC | El 7 de septiembre, el Gobierno cubano envió un mensaje inequívoco: Cuba no está negociando con Estados Unidos y no abrirá ninguna agenda mientras persista lo que denomina un “bloqueo genocida”. La declaración del canciller Bruno Rodríguez subrayó que las sanciones energéticas han provocado pérdidas superiores a los 8.000 millones de dólares en un año y han dejado a la población con apenas dos o tres horas de electricidad diarias. La narrativa oficial insiste en que se trata de un castigo colectivo que viola el derecho internacional y que busca forzar cambios políticos internos.

La ONU ha advertido que el “asedio energético” está elevando el riesgo de brotes de enfermedades vinculadas al deterioro de los servicios básicos. La combinación de fallos eléctricos, escasez de agua y colapso sanitario crea un escenario que los organismos internacionales describen como una amenaza directa para la salud pública. En paralelo, Estados Unidos sostiene que las sanciones buscan presionar reformas democráticas y responsabiliza al Gobierno cubano por décadas de mala gestión, corrupción y represión. La confrontación discursiva se ha convertido en un eje central de la política hemisférica, donde cada actor acusa al otro de provocar el sufrimiento de la población.