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Bélgica financió estructuras del régimen cubano disfrazadas de ONG: un programa opaco que refuerza al Estado y margina a la sociedad civil

Este caso se produce en un contexto donde la Unión Europea enfrenta crecientes cuestionamientos por su política hacia Cuba. Imagen generada por inteligencia artificial PLC ©

Redacción Central

Bruselas. PLC | La investigación publicada por YucaByte revela un caso que ilustra con precisión cómo el régimen cubano ha logrado capturar fondos internacionales destinados originalmente a fortalecer la participación democrática y la representación social. Entre 2017 y 2021, Bélgica canalizó cerca de 1,9 millones de euros hacia entidades que, aunque presentadas como organizaciones no gubernamentales, forman parte integral del aparato estatal y de las organizaciones de masas controladas por el Partido Comunista. El programa, financiado por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de Bélgica, se ejecutó a través del Fondo de Cooperación al Desarrollo – Solidaridad Socialista (FOS) y el Instituto de Formación Sindical Internacional (IFSI/ISVI), ambos con sede en Europa.

La documentación oficial muestra que el presupuesto total registrado asciende a 2.318.993 euros, aunque las cifras no coinciden entre las distintas plataformas de transparencia, lo que impide reconstruir con precisión los desembolsos finales. Lo que sí está claro es el destino de los fondos: la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cinco sindicatos nacionales, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el CENESEX y la Unidad de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades (UPP). Todas estas entidades son brazos orgánicos del Estado cubano, sin autonomía, sin independencia y sin capacidad de representar intereses ciudadanos fuera del control gubernamental. En otras palabras, Bélgica financió como “sociedad civil” a estructuras que son parte del régimen.

El presupuesto operacional previsto para Cuba incluía 1.882.519,37 euros para estas nueve contrapartes estatales, además de gastos para oficinas locales y sedes europeas. La falta de coincidencia entre los montos publicados en OpenAid, AidStream y el documento técnico SDZ20 sugiere un nivel de opacidad que contrasta con los estándares de transparencia exigidos en programas de cooperación internacional. La investigación señala que no es posible determinar cuánto dinero llegó realmente a cada entidad ni qué parte se tradujo en beneficios verificables para la población cubana, un patrón recurrente en proyectos gestionados dentro de la arquitectura estatal de la Isla.

Este caso se produce en un contexto donde la Unión Europea enfrenta crecientes cuestionamientos por su política hacia Cuba. La detención en Bélgica de Federica Mogherini, figura clave en el acuerdo de diálogo político entre la UE y La Habana, por presunto fraude en la adjudicación de un programa europeo, añade una dimensión incómoda al debate sobre la supervisión y el uso de fondos europeos en proyectos vinculados al régimen cubano . Aunque se trata de un caso distinto, la coincidencia temporal subraya la necesidad de revisar con rigor los mecanismos de cooperación que terminan fortaleciendo estructuras estatales en lugar de apoyar a actores independientes.

Mientras tanto, Bélgica también aparece en titulares por iniciativas de solidaridad ciudadana, como el envío reciente de cinco toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, gestionado por organizaciones locales y destinado a hospitales y servicios de salud en crisis . Ese contraste es revelador: mientras la cooperación oficial financia instituciones controladas por el Estado, la solidaridad ciudadana intenta suplir carencias básicas generadas por la propia ineficiencia del sistema.

El caso de las “falsas ONG” financiadas por Bélgica confirma un patrón conocido: el régimen cubano ha perfeccionado la capacidad de absorber fondos internacionales bajo la fachada de participación social, mientras bloquea y reprime a las verdaderas organizaciones independientes. Para la cooperación europea, este episodio debería ser una llamada de atención urgente. Para Cuba, es otra evidencia de cómo el Estado monopoliza recursos externos sin que ello se traduzca en mejoras reales para la ciudadanía.


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