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El caso Henry Constantín: un traslado sorpresivo, un habeas corpus pospuesto y un proceso marcado por la opacidad

La detención de Constantín revela, además, un punto crítico: el régimen ya no tolera ni siquiera la documentación de la crisis. Foto archivo

Redacción Central

La Habana. PLC | El periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, ingresó este jueves en la prisión de Kilo 7, en Camagüey, en un movimiento que confirma la falta de transparencia que ha caracterizado todo el proceso en su contra. El propio periodista informó a su pareja, Alejandra García, que había sido conducido a ese penal, contradiciendo la medida cautelar que ordenaba su traslado a la cárcel de Cerámica, también en Camagüey.

La secuencia de hechos revela un patrón de desinformación y arbitrariedad. La abogada de Constantín denunció en la mañana del jueves que el periodista había sido sacado de Villa María Luisa, sede de interrogatorios de la Seguridad del Estado, sin aviso previo a la familia. La noticia circuló inicialmente bajo la presunción de que el traslado se había realizado hacia la prisión indicada en el acta. Sin embargo, la confirmación posterior del propio Constantín evidenció que la información oficial era falsa.

El periodista se encontraba bajo una medida cautelar de prisión preventiva por un presunto delito de desobediencia, tras no acudir a una citación el pasado 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. Una semana después, el 16 de septiembre, fue arrestado en la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, supuestamente por los hechos de la semana anterior. Desde entonces, su defensa ha enfrentado obstáculos constantes, empezando por la falta de acceso al expediente, lo que impide recurrir las decisiones adoptadas.

La Hora de Cuba ha denunciado un cúmulo de irregularidades: ausencia de información, contradicciones en las medidas cautelares y ahora un traslado sorpresivo a un penal distinto del establecido. A ello se suma la posposición de la audiencia del habeas corpus presentado el lunes, que debía celebrarse este viernes. El Tribunal Provincial Popular informó a los familiares que, debido a un “cambio de labor” en el país, la audiencia podría celebrarse el lunes o, más probablemente, el martes 29. La explicación contradice la Ley de Proceso Penal, que establece un plazo de 72 horas para realizar la audiencia una vez admitido el recurso.

El licenciado en derecho Luis Orlando Bermúdez considera que la justificación es improcedente. La ley permite excepciones solo ante causas justificadas, pero el argumento administrativo presentado por el tribunal no cumple ese estándar. “No puede ser que se violen mis garantías procesales porque tú tienes un cambio de labor. Eso es una locura. No se puede disponer que el viernes haya un cambio de labor cuando el código de trabajo dice que el viernes es hábil”, afirmó. La defensa sostiene que la demora vulnera derechos fundamentales y erosiona aún más la legalidad del proceso.

El miércoles, durante una visita de apenas veinte minutos, Constantín aseguró a su pareja que se mantiene sereno y firme. Su mensaje contrasta con la incertidumbre que rodea su situación y con la opacidad que ha marcado cada paso del procedimiento. La falta de información, las contradicciones oficiales y el incumplimiento de los plazos legales refuerzan la percepción de que el caso no responde a una lógica jurídica, sino política.

El ingreso en Kilo 7, la posposición del habeas corpus y la ausencia de garantías procesales colocan el caso de Henry Constantín en el centro de una preocupación mayor: el uso del sistema penal como herramienta de control político y la erosión sistemática de los derechos de defensa en Cuba. En un país donde la legalidad suele ser invocada pero raramente respetada, el proceso contra el periodista se convierte en un termómetro de la relación entre Estado, justicia y libertad de expresión.


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