CUBA-DERECHOS CONSTITUCIONALES
Por Antonio Suárez Fonticiella – Prensa Libre Cuba
La Habana. PLC Análisis | Hay una pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano cubano:
¿Qué sucede cuando un Estado reconoce en su propia Constitución la libertad de expresión y de prensa, pero al mismo tiempo periodistas independientes son detenidos, interrogados, procesados o presionados por ejercer precisamente esos derechos?
La Constitución cubana de 2019 establece, en su artículo 54, que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. El artículo 55 reconoce la libertad de prensa, y el artículo 53 consagra el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna.
Surge entonces una contradicción que merece ser discutida públicamente:
¿Dónde termina el derecho reconocido por la ley y dónde comienza la censura?
Una prensa con límites y una prensa vigilada
El sistema cubano establece que los medios fundamentales de comunicación son de propiedad socialista y que el Estado determina sus principios de organización y funcionamiento.
En la práctica, organizaciones como Freedom House describen el entorno mediático cubano como altamente restrictivo: los medios formales están controlados por el Estado y la prensa independiente opera fuera del marco legal establecido por las autoridades. La organización también documenta hostigamiento, detenciones, interrogatorios y otras medidas contra periodistas independientes.
Y aquí aparece una cuestión fundamental:
- ¿Puede existir verdadera libertad de prensa si una sola estructura controla legalmente los principales medios de comunicación?
- ¿Puede un periodista investigar libremente una denuncia contra una institución estatal?
- ¿Puede publicar información que contradiga la versión oficial?
- ¿Puede entrevistar a ciudadanos inconformes o cubrir una protesta?
- ¿Puede preguntar públicamente por qué falta el agua, por qué ocurren apagones o por qué determinados servicios no funcionan?
Y, sobre todo:
¿Qué ocurre cuando la respuesta a esas preguntas resulta incómoda para el poder?
El guion oficial
Una de las mayores discusiones sobre la prensa cubana gira alrededor del papel de los medios estatales. La crítica no consiste en afirmar que todos los periodistas que trabajan en ellos sean iguales o que cada noticia sea falsa. La cuestión es otra:
¿Cuánto margen tiene un periodista estatal para investigar, cuestionar y publicar una versión que contradiga públicamente la línea oficial?
Cuando los grandes medios dependen de una estructura estatal que define sus principios de funcionamiento, existe necesariamente un marco editorial y político que condiciona aquello que puede ser publicado.
Por eso vale preguntarse:
- ¿El periodista escribe lo que descubre o escribe dentro de los límites de lo autorizado?
- ¿Quién decide el titular?
- ¿Quién decide qué imágenes salen?
- ¿Quién decide qué protesta se cubre y cuál no?
- ¿Quién decide cuándo una denuncia ciudadana se convierte en noticia?
Mientras tanto, ¿qué ocurre con la prensa independiente?
Periodistas independientes: el capítulo que incomoda
La situación de los periodistas independientes revela otro ángulo del problema.
En febrero de 2026, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH denunció una nueva ola de represión contra periodistas y ciudadanos que ejercían sus derechos de expresión, asociación y reunión pacífica. Señaló también procesos penales y condenas relacionados con expresiones críticas, así como la detención de integrantes del proyecto audiovisual independiente El Cuartico en Holguín.
Más recientemente, el 16 de septiembre de 2026, el periodista independiente Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, fue detenido tras acudir a una citación policial, según un reporte de ICLEP. Permaneció durante horas en paradero desconocido y las autoridades no ofrecieron inicialmente una explicación clara sobre los cargos.
En agosto, el Comité para la Protección de los Periodistas informó que Austin Llerandi había sido detenido en varias ocasiones y recibió un plazo de dos meses para abandonar Cuba. CPJ vinculó esas medidas con su ejercicio periodístico y señaló la tensión entre las restricciones legales y los derechos reconocidos en la Constitución.
No son solamente nombres. Detrás de cada periodista existe una familia, una profesión y una audiencia que pierde la posibilidad de conocer información directamente.
¿Por qué un periodista termina ante un tribunal?
Esta es quizás una de las preguntas más importantes.
En el caso del periodista Roberto Quiñones Haces, Amnistía Internacional, ARTICLE 19 e IWPR denunciaron su condena a un año de prisión tras un juicio celebrado en 2019 por los delitos de “resistencia” y “desobediencia”, vinculándola con su trabajo como periodista independiente.
La pregunta no es solamente qué delito establece una sentencia. La pregunta es:
¿Qué relación tenía esa conducta con el ejercicio del periodismo?
Y otra cuestión inevitable:
¿Debe un periodista enfrentarse a consecuencias penales por investigar, preguntar y publicar?
Las leyes y la contradicción
Aquí aparece uno de los puntos más delicados.
Si la Constitución reconoce la libertad de expresión… ¿Por qué existen periodistas que denuncian haber sido perseguidos por expresarse?
Si reconoce la libertad de prensa… ¿Por qué la prensa independiente encuentra obstáculos legales para funcionar?
Si reconoce el derecho a recibir información… ¿Por qué existen restricciones para quienes intentan buscarla fuera de los canales oficiales?
Si Cuba se define como un Estado socialista de derecho… ¿Puede una ley utilizada para limitar la actividad periodística terminar contradiciendo el espíritu de los derechos que la propia Constitución reconoce?
Y una pregunta todavía más profunda:
¿Quién controla al que controla la información?
Cuando informar se convierte en sospecha
ICLEP informó el 21 de septiembre de 2026 que documentó 123 violaciones de la libertad de expresión y de prensa durante agosto, de ellas 17 relacionadas específicamente con la libertad de prensa. El informe identifica detenciones arbitrarias, vulneraciones de la seguridad jurídica y hechos relacionados con la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Son datos que deben ser contrastados y analizados, pero plantean una cuestión imposible de ignorar:
- ¿Por qué informar puede convertirse en un factor de riesgo?
- ¿A quién beneficia que un periodista tenga miedo de publicar?
- ¿A quién beneficia que una fuente tenga miedo de hablar?
- ¿A quién beneficia que un ciudadano tenga miedo de denunciar?
Y quizás la pregunta central:
¿Qué ocurre con una sociedad cuando la gente comienza a autocensurarse antes incluso de que alguien tenga que censurarla?
La censura también puede producir silencio
La censura no siempre necesita prohibir una noticia explícitamente. Puede manifestarse mediante:
- una citación,
- una advertencia,
- un interrogatorio,
- una detención,
- una amenaza,
- una causa judicial,
- una restricción para viajar,
- una presión sobre la familia,
- o simplemente haciendo que el periodista comprenda que determinadas historias pueden tener consecuencias.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido que estas prácticas generan un “efecto inhibitorio” sobre la población y afectan el acceso a información plural.
Entonces aparece otra pregunta:
¿Cuántas historias nunca llegamos a conocer porque alguien decidió no publicarlas por miedo?
La prensa independiente no debería ser el enemigo
Un Estado puede cuestionar a un periodista. Puede exigirle que verifique sus fuentes. Puede desmentir una información. Puede presentar documentos. Puede responder públicamente a una acusación.
Eso forma parte del debate democrático.
Pero existe una diferencia fundamental entre responder a una información y perseguir a quien la pública.
La existencia de una prensa crítica obliga al poder a responder preguntas incómodas. Y precisamente por eso la prensa independiente cumple una función esencial: poner bajo escrutinio aquello que las instituciones preferirían explicar únicamente desde su propia perspectiva.
¿Por qué no permitir que Cuba escuche todas las voces?
¿Por qué un ciudadano cubano no debería poder escuchar simultáneamente al Gobierno, a la prensa estatal, a los periodistas independientes, a los académicos, a los trabajadores, a los opositores y a cualquier persona que quiera expresar pacíficamente su opinión?
¿Por qué no permitir que sean los propios ciudadanos quienes comparen las versiones? ¿Por qué temerle a la pregunta? ¿Por qué temerle a la investigación? ¿Por qué temerle a una cámara? ¿Por qué temerle a un periodista?
Una sociedad informada no necesita que alguien le diga qué pensar. Necesita tener la posibilidad de conocer, comparar y decidir por sí misma.
Y esa es, quizás, la verdadera discusión sobre la libertad de prensa en Cuba:
No se trata solamente de quién tiene un micrófono. Se trata de quién tiene permitido hablar, quién tiene permitido preguntar y quién tiene permitido contar lo que está sucediendo.
Mientras existan periodistas detenidos, procesados o perseguidos por ejercer su profesión, mientras existan denuncias de censura y mientras el acceso a la información permanezca condicionado por estructuras estatales, la pregunta seguirá vigente:
Si la libertad de expresión está reconocida por la propia Constitución, ¿por qué ejercerla puede convertirse en un problema?
Esa pregunta no debería ser propiedad de ningún partido, gobierno o medio. Es una pregunta de todos.
La Habana. Periodista independiente, integrante del equipo editorial de Prensa Libre Cuba.
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