Importar para sobrevivir: la nueva reforma que revela la profundidad de la crisis cubana

CUBA-CRISIS

Redacción Central

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La Habana. PLC -Análisis | La autorización para que las personas naturales importen mercancías con carácter comercial no es una reforma técnica ni un ajuste administrativo. Es la admisión, por parte del propio Estado, de que el país ya no puede abastecerse por sus vías tradicionales y que la economía depende crecientemente de lo que traen los viajeros en sus maletas. La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 83 y sustentada en el Decreto-Ley 132/2026 y las resoluciones 197 y 340, permite que lo que antes se decomisaba por “carácter comercial” ahora pueda despacharse legalmente, siempre que el importador pague aranceles y servicios en dólares estadounidenses.

El Gobierno presenta la reforma como una vía para “incrementar las mercancías con destino a los negocios” y mejorar la trazabilidad de los productos que entran al país. La viceministra de Comercio Interior, Inalvis Smith Luben, aseguró que la medida tendrá un impacto directo en el abastecimiento y que forma parte de la llamada “transformación 158”, vinculada al comercio y los servicios. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático hay una realidad más cruda: Cuba está habilitando a los ciudadanos a convertirse en importadores porque el Estado ha perdido capacidad para hacerlo.

El nuevo esquema establece aranceles progresivos en dólares: 15 % hasta 2.000 USD, 20 % hasta 4.000, 25 % hasta 6.000 y 30 % por encima de esa cifra. Para los envíos, la tarifa es del 30 %. El pago debe realizarse en USD, mediante tarjetas o efectivo en aeropuertos. En la práctica, esto significa que un viajero con mercancías consideradas “excesivas” ya no enfrentará automáticamente el decomiso: podrá pagar y llevárselas. El Estado, que antes confiscaba, ahora cobra. Y cobra en divisa.

La Aduana mantiene la facultad de decomisar mercancías prohibidas o fraudulentas, pero introduce una alternativa para dos supuestos: mercancías con carácter comercial y mercancías que excedan los límites establecidos. En ambos casos, el importador puede formalizar la importación comercial pagando en dólares. Es un giro profundo: el país que durante décadas se presentó como un modelo de planificación centralizada abre la puerta a un sistema donde los viajeros se convierten en abastecedores de negocios privados y estatales.

El Gobierno justifica la medida señalando el “recrudecimiento de las órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense” y la necesidad de asegurar insumos para los negocios. Pero el argumento se queda corto. La reforma no responde solo a sanciones externas: responde a la incapacidad interna de producir, importar y distribuir. Si la economía estuviera funcionando, no haría falta que los cubanos llegaran al aeropuerto con decenas de kilogramos de mercancías para sostener la oferta nacional.

El pago en dólares revela otro elemento crítico: el Estado reconoce que necesita divisas y que la vía más rápida para obtenerlas es cobrarle a los propios ciudadanos por traer lo que el país no puede proveer. La reforma no democratiza el comercio exterior; lo privatiza parcialmente y lo monetiza en beneficio fiscal del Gobierno. Es, en esencia, un mecanismo de recaudación disfrazado de flexibilización.

El discurso oficial insiste en que la medida permitirá “control y trazabilidad” sobre los actores económicos. Pero la trazabilidad no resuelve el problema de fondo: Cuba depende de importaciones informales porque su aparato productivo está colapsado y su sistema de comercio exterior es incapaz de garantizar un flujo estable de mercancías. La reforma reconoce esa dependencia, pero no la corrige.

El país entra así en una nueva fase: la institucionalización de la importación por cuenta propia como pilar del abastecimiento nacional. Lo que antes era una práctica tolerada o perseguida, ahora se convierte en política pública. Pero no es una señal de apertura económica real; es una señal de emergencia.

La pregunta que queda es simple y brutal: ¿Puede sostenerse un país donde el abastecimiento depende de lo que traen los viajeros y donde el Estado cobra en dólares por permitirlo?

La reforma no es un avance. Es un síntoma. Y como todo síntoma, revela la enfermedad: un Estado que ya no puede garantizar lo básico y que delega en sus ciudadanos la tarea de mantener viva una economía exhausta.