Las 176 medidas de Cuba: ¿reforma económica para el pueblo o una nueva distribución de oportunidades?

CUBA-ECONOMÍA

Por Antonio Suárez Fonticiella – Prensa Libre Cuba

La Habana. PLC | El Gobierno cubano acaba de anunciar que 158 de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio —el 89 % del paquete— ya están implementadas, respaldadas, según el primer ministro Manuel Marrero, por 197 normas jurídicas. Sin embargo, el propio jefe de Gobierno reconoció que aún falta lo esencial: que los resultados se sientan en la vida cotidiana de la población.

Y ahí comienza la verdadera discusión. Una reforma económica no debería medirse por la cantidad de decretos publicados ni por el número de medidas declaradas como “implementadas”, sino por lo que ocurre en la mesa, en el bolsillo y en la calidad de vida de las familias. Si el objetivo declarado era aumentar la producción, mejorar los ingresos, generar empleo, ampliar la oferta y reducir los precios, la pregunta es inevitable: ¿cuánto de ese beneficio ha llegado realmente al cubano que vive de un salario estatal, a los jubilados y a quienes no tienen acceso a divisas?

Marrero afirma que 158 medidas ya están implementadas. Al mismo tiempo asegura que una mayor oferta productiva debería permitir reducir progresivamente los precios y contener la inflación. Pero el propio Gobierno admite que todavía falta “palpar” los resultados. Esta diferencia es crucial: una medida implementada jurídicamente no equivale automáticamente a una economía recuperada.

El seguimiento realizado por el medio elTOQUE estableció una metodología distinta: consideró implementada una medida cuando existía respaldo normativo publicado o evidencia pública documental o testimonial de su ejecución. Por tanto, hay que distinguir entre tres etapas: la medida anunciada, la medida convertida en norma y el resultado económico que puede comprobar una familia. Son tres momentos diferentes y no siempre avanzan al mismo ritmo.

Aquí aparece uno de los aspectos más sensibles del paquete. Las reformas amplían considerablemente el espacio para los actores privados: permiten empresas con más de 100 trabajadores, mayor libertad para determinadas operaciones financieras y nuevas posibilidades de asociación con capital extranjero. Eso puede generar producción, empleo e inversión. No sería correcto afirmar que todo empresario privado se beneficia indebidamente ni que todas las MIPYMES son instrumentos del Estado. Pero tampoco sería serio ignorar las dudas existentes.

Investigadores y economistas han señalado desde hace años que el proceso de creación de MIPYMES ha estado marcado por problemas de transparencia y por casos en los que personas con conexiones familiares o relacionales con círculos de poder han obtenido ventajas. elTOQUE ha advertido sobre casos específicos de familiares de dirigentes con negocios rentables, aunque también reconoce que la dimensión general del fenómeno no está suficientemente documentada.

Medios independientes han reportado ejemplos concretos. CubaNet documentó el caso de Agroindustrial Media Luna S.R.L., señalando presuntos vínculos con el exministro de Economía Alejandro Gil y cuestionamientos sobre acceso privilegiado a financiamiento. Son acusaciones periodísticas que deben distinguirse de hechos judicialmente establecidos, pero que alimentan la percepción de opacidad. También existen otros negocios privados vinculados familiarmente a antiguos altos funcionarios que han generado cuestionamientos sobre la frontera entre sector privado y estructuras de poder.

Por eso la pregunta de fondo no debería ser si todas las MIPYMES pertenecen al Gobierno —no hay evidencia para sostener eso— sino si existe suficiente transparencia para saber quiénes son realmente los propietarios, de dónde salió el capital inicial y qué relaciones tienen determinados empresarios con funcionarios y estructuras estatales. Ese es uno de los grandes vacíos del modelo.

La pregunta sobre el origen del capital es central. Durante décadas, un ciudadano cubano que trabajaba para el Estado cobraba su salario en pesos cubanos y tenía muy limitadas posibilidades de acumulación privada. Resulta legítimo preguntar cómo consiguió una persona que durante años tuvo un salario estatal reunir el capital necesario para montar negocios que requieren grandes inversiones. Pero esta pregunta, por sí sola, no demuestra corrupción. Puede haber remesas, ahorros, socios extranjeros, patrimonio familiar u otras fuentes legales. Precisamente por eso hacen falta transparencia, registros públicos, declaraciones patrimoniales y mecanismos independientes de auditoría. Sin esos instrumentos, las sospechas crecen y se vuelve difícil distinguir entre un empresario que construyó legítimamente su patrimonio y otro que obtuvo ventajas por sus conexiones.

Mientras tanto, una parte importante de la población continúa enfrentando una crisis profunda. La inflación oficial interanual alcanzó 25,19 % en agosto de 2026, mientras los alimentos registraron un aumento del 36,01 %. La crisis energética sigue siendo severa: EFE documentó apagones que en determinados momentos superaban las 20 horas diarias en La Habana y podían ser mayores en otras provincias. También reportó dificultades de personas mayores para acceder a efectivo en los bancos.

Así aparece una paradoja: se habla de modernizar la economía mientras muchas familias luchan por conservar alimentos durante los apagones; se habla de aumentar la oferta mientras persiste la escasez; se habla de mejorar los ingresos mientras jubilados y trabajadores estatales ven cómo su dinero pierde capacidad de compra.

La evolución reciente plantea el riesgo de que se consoliden dos realidades: una Cuba con acceso a dólares, remesas, turismo, comercio privado, importaciones y capital; y otra Cuba formada por quienes dependen de un salario estatal o una pensión en pesos. Si el segundo grupo pierde capacidad de compra mientras el primero accede a bienes y servicios mediante divisas, la desigualdad aumenta. Una reforma económica puede producir crecimiento sin producir bienestar distribuido de manera amplia. Ese debería ser uno de los principales indicadores a observar.

Marrero dice que ya se han implementado 158 medidas y que ahora falta convertirlas en resultados. Entonces surge una pregunta sencilla: ¿cuáles de esas medidas han aumentado el salario real de los trabajadores? ¿Cuáles han reducido el costo de la canasta básica? ¿Cuáles han mejorado el acceso al agua? ¿Cuáles han reducido los apagones? ¿Cuáles han mejorado el transporte? ¿Cuáles han aumentado el poder adquisitivo de los jubilados? ¿Y cuánto dinero público o privado se ha movilizado gracias a esas medidas y hacia qué sectores ha ido?

Una reforma económica debe poder medirse. No basta con decir que existen 197 normas. Hay que mostrar producción, precios, salarios reales, empleo, inversión. Y, sobre todo, hay que mostrar qué cambió en la vida de las personas.

El Gobierno sostiene que las transformaciones buscan aumentar la producción y mejorar la economía. Ese es un objetivo legítimo y las nuevas reglas pueden generar oportunidades para empresas privadas, cooperativas y determinadas entidades estatales. Pero la evidencia disponible todavía no permite afirmar que esos beneficios se hayan trasladado proporcionalmente al conjunto de la población.

El verdadero éxito de las 176 medidas no debería medirse por cuántas fueron aprobadas, sino por cuántas lograron mejorar la vida del cubano común. Porque si después de 158 medidas implementadas el trabajador sigue perdiendo poder adquisitivo, el jubilado continúa dependiendo de una pensión insuficiente, persisten los apagones y la falta de agua, mientras determinados negocios privados amplían sus posibilidades de importar, operar en divisas y crecer, entonces la pregunta deja de ser si hubo reformas. La pregunta pasa a ser quién está capturando los beneficios de esas reformas.

Y esa respuesta debería estar respaldada por datos públicos, nombres de propietarios, origen del capital, inversiones recibidas, impuestos pagados y resultados económicos verificables. Sin esa información, cualquier conclusión absoluta —tanto la que afirma que “las MIPYMES son del Gobierno” como la que sostiene que “las MIPYMES están salvando al pueblo”— será más propaganda que análisis económico.