La Iglesia Episcopal rompe el silencio y denuncia hambre y represión en Cuba

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Redacción Central

La Habana. PLC | La carta pastoral publicada por la Iglesia Episcopal de Cuba en las últimas horas es, en sí misma, un acontecimiento político. No porque busque serlo, sino porque en un país donde casi todas las instituciones han sido disciplinadas por el poder, que una denominación religiosa rompa el silencio y describa la realidad con crudeza tiene un peso que trasciende lo espiritual. El documento, firmado por el obispo Ángel Rivera Rodríguez y otros 21 clérigos, denuncia sin rodeos el hambre, la escasez, los apagones, la falta de agua y el deterioro casi total de los sistemas de salud y educación.

La carta no se limita a enumerar carencias: las convierte en imágenes concretas. Habla de la falta de pan en la mesa, de enfermos sin tratamiento, de generaciones enteras sin educación y de madres sin esperanza. Es un retrato directo de la vida cotidiana en Cuba, donde la crisis económica —ya prolongada por seis años, según datos recogidos por EFE— ha fracturado familias, vaciado comunidades y profundizado la desigualdad.

El pronunciamiento llega en un momento especialmente sensible: tres días después de que un tribunal de La Habana declarara culpables a la activista Anna Bensi y a su madre, Caridad Silvente, por grabar y difundir un video de un agente del MININT entregando una citación. La Iglesia Episcopal expresa su solidaridad con ambas y exige que cese la represión policial contra quienes ejercen su derecho constitucional a la libre expresión.

El texto episcopal se suma a una coalición amplia de iglesias y organizaciones religiosas que ya habían respaldado el caso. Pero su tono destaca por la claridad y la contundencia. Los clérigos denuncian “el uso de la violencia, la intimidación y el acoso” contra quienes alzan la voz, y advierten que silenciar a los jóvenes es silenciar el presente y el futuro de la nación. La carta incluye incluso un “basta” explícito, una palabra que rara vez aparece en documentos eclesiales cubanos y que marca un punto de inflexión en la postura pública de la institución.

Aun así, el mensaje no es un desafío frontal al gobierno. Los firmantes insisten en que su intención no es la confrontación, sino el diálogo. Piden a las autoridades que escuchen “el clamor de este pueblo”, al que están llamadas a servir y proteger, y que dejen de exigir más sacrificios a una población agotada. Es un llamado pastoral, pero también un recordatorio político: la legitimidad de un Estado se mide por su capacidad de garantizar condiciones mínimas de vida, y hoy esas condiciones están ausentes.

La carta episcopal revela algo más profundo que la crisis material: revela la erosión del pacto social. Cuando una iglesia —históricamente prudente, institucional, cuidadosa— decide describir la realidad con esta franqueza, es porque la distancia entre el discurso oficial y la vida real se ha vuelto insostenible. El hambre, los apagones, la falta de medicamentos y el deterioro de los servicios públicos ya no son solo indicadores económicos: son síntomas de un país que ha perdido la capacidad de sostener su propia estructura.

En Cuba, donde la palabra pública está vigilada, este tipo de pronunciamiento tiene un valor singular. No es un gesto opositor, pero sí un acto de responsabilidad moral. Y en un contexto de crisis prolongada, la responsabilidad moral puede convertirse en una forma de resistencia.

La Iglesia Episcopal ha dicho lo que muchos viven y pocos pueden expresar sin consecuencias. Y al hacerlo, ha dejado claro que la crisis cubana ya no puede ocultarse detrás de consignas ni de silencios. La realidad ha entrado en la conversación nacional, y lo ha hecho desde un púlpito.