Por Antonio Suárez Fonticiella – Prensa Libre Cuba

La Habana. PLC Análisis. La palabra crisis ya no alcanza para describir lo que vive buena parte de la población cubana. Apagones prolongados, escasez de alimentos y medicamentos, dificultades para acceder al agua, transporte prácticamente paralizado, deterioro de los hospitales y una inflación que golpea directamente el bolsillo han convertido necesidades básicas en privilegios.

En agosto de 2026, la Biblioteca de la Cámara de los Comunes británica calificó la situación de Cuba como una “significativa crisis humanitaria”, señalando que los grandes apagones se han vuelto habituales y que la falta de combustible afecta servicios esenciales de salud.

Cuando falta electricidad, falta mucho más que luz

El apagón cubano dejó de ser simplemente un problema energético. Sin electricidad no funcionan adecuadamente los sistemas de bombeo de agua. Se dificulta conservar alimentos y medicamentos. Se paraliza el transporte. Los hospitales luchan por mantener equipos vitales en funcionamiento. Las familias pasan noches enteras sin poder dormir y los trabajadores deben intentar llegar a sus centros laborales prácticamente a oscuras.

Human Rights Watch ha documentado barrios de La Habana donde algunas personas disponen apenas de dos o tres horas de electricidad al día, además de hospitales enfrentados a la falta de medicamentos, equipos y combustible.

Aquí aparece una de las características más preocupantes de la crisis: cada problema alimenta al siguiente. Menos combustible significa menos transporte. Menos transporte implica más dificultades para trabajar y estudiar. Menos electricidad afecta el agua y la conservación de alimentos. Menos actividad económica reduce los ingresos. Y menos ingresos dejan a más familias incapaces de comprar aquello que el Estado ya no puede garantizar.

Es un círculo cada vez más difícil de romper.

La salud pública también está pagando el precio

Uno de los aspectos más graves es el impacto sobre la salud. La falta de combustible y los apagones no solo afectan las consultas médicas: también dificultan el funcionamiento de ambulancias, procedimientos quirúrgicos, tratamientos especializados y otros servicios que dependen de electricidad, transporte y suministros.

La Cámara de los Comunes británica recoge datos de organismos internacionales según los cuales más de 100.000 pacientes estaban esperando cirugías retrasadas, incluidos unos 11.000 niños, como consecuencia de las interrupciones energéticas y las dificultades de suministro.

La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que la combinación de problemas energéticos, interrupciones del suministro de agua y deterioro de las infraestructuras aumenta los riesgos sanitarios, incluidos los relacionados con enfermedades transmitidas por el agua y vectores.

Hablar de crisis humanitaria no significa únicamente hablar de hambre. Significa hablar de una sociedad donde cada interrupción de un servicio esencial puede tener consecuencias directas sobre la vida y la salud de las personas.

El hambre silenciosa

Hay otra dimensión menos visible internacionalmente, pero devastadora para las familias: la pérdida del poder adquisitivo.

No basta con que un producto aparezca ocasionalmente en un mercado. La verdadera pregunta es: ¿Puede un trabajador cubano comprarlo con su salario?

Para muchas familias, la respuesta es cada vez más difícil.

El problema no consiste solo en la falta de determinados alimentos. También existe una profunda desigualdad entre quienes reciben ayuda económica desde el exterior, quienes tienen acceso a actividades privadas y quienes dependen exclusivamente de un salario estatal o de una pensión.

Los más vulnerables —ancianos, personas enfermas, familias numerosas y quienes viven solos— son quienes menos capacidad tienen para adaptarse.

Hasta las escuelas reflejan la profundidad de la crisis

La crisis también ha entrado en las aulas. El nuevo curso escolar comenzó en septiembre de 2026 en medio de escasez de combustible, agua y electricidad. Associated Press informó de dificultades para garantizar alimentos, uniformes y materiales escolares, mientras el sistema enfrenta una grave falta de docentes.

Esto debería preocupar a cualquier sociedad. Cuando un país comienza a sacrificar las condiciones básicas para que sus niños estudien, la crisis deja de ser solamente económica: empieza a comprometer el futuro.

¿Todo es culpa del embargo estadounidense?

Aquí es necesario evitar respuestas simplistas.

El Gobierno cubano atribuye una parte fundamental de la situación al embargo estadounidense y a las nuevas restricciones sobre el combustible. Washington sostiene que la presión económica busca obligar al Gobierno cubano a realizar cambios políticos y responsabiliza a las autoridades de la isla por décadas de mala gestión, corrupción y represión.

Pero utilizar ese argumento para explicar absolutamente todo tampoco es suficiente.

Cuba arrastra problemas estructurales anteriores: una economía estatal altamente centralizada, baja productividad, falta de inversiones, deterioro de infraestructuras, burocracia, decisiones económicas fallidas y un sistema que durante décadas ha limitado significativamente la iniciativa privada.

Una crisis tan profunda no puede explicarse con una sola causa. Y tampoco puede resolverse culpando exclusivamente a un enemigo externo.

El problema político detrás de la crisis

Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión fundamental: una emergencia humanitaria exige poner a la persona por encima de la política.

Si faltan alimentos, hay que facilitar su entrada. Si faltan medicamentos, hay que permitir todos los mecanismos posibles para conseguirlos. Si falta combustible, hay que buscar proveedores. Si la empresa estatal no puede garantizar un servicio, debe permitirse que otros actores lo hagan. Si las políticas económicas no funcionan, deben modificarse. Y si una medida internacional agrava el sufrimiento de la población, también debe revisarse.

El ciudadano común no puede ser convertido en rehén de una disputa entre gobiernos.

Una generación está pagando el precio

Quizás una de las imágenes más dolorosas de esta crisis sea la de los ancianos. Personas que trabajaron durante décadas y hoy reciben pensiones insuficientes deben enfrentarse a medicamentos caros o escasos, dificultades para conseguir alimentos, falta de transporte, apagones y problemas para obtener agua.

Muchos ya no tienen la fuerza física para “resolver” en el mercado informal.

Mientras tanto, miles de jóvenes continúan buscando una salida fuera del país. Human Rights Watch señala que Cuba ha perdido alrededor del 10 % de su población en los últimos años, según cifras oficiales, aunque estudios independientes consideran que la pérdida podría ser mayor.

Eso también es una señal de crisis. Cuando una sociedad pierde masivamente a sus jóvenes, pierde trabajadores, profesionales, emprendedores, padres, madres y potencial económico.

La resistencia del pueblo no puede convertirse en política de Estado

Durante décadas, los cubanos han demostrado una enorme capacidad para resistir. Pero existe una diferencia entre resistir y vivir dignamente.

Un pueblo no debería necesitar heroicidad para conseguir agua, electricidad, alimentos o medicamentos. No debería considerarse normal estudiar a oscuras. No debería ser normal que una persona enferma tenga dificultades para llegar a un hospital. No debería ser normal que una familia tenga que escoger entre comprar alimentos o medicamentos.

La resistencia ciudadana puede ser admirable, pero no puede convertirse en la excusa para perpetuar las condiciones que obligan a resistir.

Una crisis multidimensional que se retroalimenta

Cuba atraviesa una crisis humanitaria económica, energética, sanitaria, alimentaria y social. Y lo más preocupante es que estas crisis no ocurren de manera independiente: se retroalimentan.

El deterioro energético afecta el agua y los hospitales. La falta de combustible afecta el transporte y la distribución. La inflación reduce el acceso a los alimentos. La emigración reduce la fuerza laboral. El deterioro de los servicios públicos aumenta la desesperanza.

Mientras tanto, el debate político continúa girando alrededor de quién tiene la culpa. Pero hay una pregunta mucho más urgente:

¿Qué vamos a hacer para que el cubano pueda volver a vivir con dignidad?

La respuesta no puede ser otro discurso. Debe incluir reformas económicas profundas, apertura real a la iniciativa privada, transparencia, inversión, recuperación de infraestructuras, libertad para producir y comerciar, acceso a medicamentos y alimentos, cooperación internacional y, sobre todo, políticas que coloquen al ciudadano en el centro.

Porque una nación no se mide solamente por cuánto petróleo importa, cuántos megavatios produce o cuánto dinero mueve su economía. Una nación se mide también por si sus ancianos pueden comer, sus enfermos pueden recibir tratamiento, sus niños pueden estudiar y sus familias pueden vivir sin miedo a que mañana falte lo más básico.

Ese es, precisamente, el verdadero rostro de la crisis cubana de hoy.