El pronunciamiento se produjo el martes 27 de octubre, en el contexto del Día Internacional de la Libertad Religiosa, durante un conversatorio organizado por el Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD, en el que participaron también pastores, sacerdotes y creyentes conectados desde Cuba. Foto CIDH.
El pronunciamiento se produjo el martes 27 de octubre, en el contexto del Día Internacional de la Libertad Religiosa, durante un conversatorio organizado por el Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD, en el que participaron también pastores, sacerdotes y creyentes conectados desde Cuba.
Ralón fue directo: pidió al Estado cubano “que deje de hostigar a los líderes y a las comunidades de fe y que libere a quienes están presos de conciencia, por ejercer sus derechos en paz”. También reclamó que se garantice la asistencia religiosa a las personas encarceladas.
Su intervención, titulada “La fe no se vigila”, puso el foco en un aspecto de la represión cubana que no siempre recibe la misma atención internacional que las detenciones de opositores, las restricciones a la prensa independiente o la persecución de activistas: el control estatal sobre las comunidades religiosas y sobre los espacios de organización que mantienen cierta autonomía frente al poder político.
Los datos citados por el presidente de la CIDH ofrecen una dimensión preocupante del fenómeno. Según cifras del Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD presentadas por Ralón, durante 2026 se han documentado entre 87 y 140 violaciones mensuales a la libertad religiosa, incluyendo 139 casos en mayo, 122 en julio, 140 en agosto y 137 en septiembre.
Ralón mencionó también datos de otras organizaciones: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 873 incidentes durante 2025, mientras Christian Solidarity Worldwide documentó 667 casos entre enero de 2025 y junio de 2026. Las denuncias afectan a católicos, protestantes, Testigos de Jehová, practicantes de religiones afrocubanas y comunidades religiosas tanto registradas como no registradas.
El problema tampoco se limita a estadísticas. Entre los casos mencionados figura el del pastor Alexis Padrón Lorenzo, de la Iglesia Comunión en la Fe, en Regla, La Habana. Fue detenido en junio durante una protesta vecinal relacionada con los apagones y permaneció más de tres meses encarcelado antes de ser liberado en septiembre, aunque el proceso penal permanece abierto.
Martí Noticias destaca asimismo la situación del pastor Rodríguez, dirigente de la congregación Tabernáculo de la Promesa en Cabaiguán, Sancti Spíritus, quien ha sido detenido y citado en varias ocasiones durante este año.
Las denuncias encuentran respaldo adicional en el informe sobre Cuba publicado en mayo por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF). Ese organismo sostiene que el Gobierno cubano continúa utilizando un entramado legal represivo para controlar las instituciones religiosas y restringir expresiones o actividades que las autoridades consideran incompatibles con sus prioridades. El informe recoge denuncias de vigilancia, hostigamiento, multas, amenazas y otras formas de presión contra líderes y creyentes.
La USCIRF señala además las dificultades que afrontan las organizaciones religiosas para obtener reconocimiento legal y sostiene que las comunidades no registradas se encuentran particularmente expuestas a la actuación estatal.
El pronunciamiento de Ralón adquiere especial relevancia porque conecta la libertad religiosa con un problema más amplio: la imposibilidad de que amplios sectores de la sociedad civil cubana actúen con plena independencia del Estado.
La Iglesia, un pastor que organiza ayuda comunitaria o una congregación que reúne personas al margen de las estructuras oficiales representan espacios sociales que no dependen directamente del Partido Comunista. Cuando esas actividades provocan vigilancia, citaciones o represalias, la cuestión deja de afectar únicamente a la libertad de culto y pasa a formar parte del problema general de las libertades civiles en Cuba. Esta lectura coincide con análisis recientes que sitúan a las comunidades religiosas entre los espacios sociales sometidos a presiones por mantener márgenes de autonomía.
Hay otro elemento particularmente significativo: la CIDH continúa sin poder realizar visitas de monitoreo a Cuba. Ralón recordó esa situación durante su intervención y subrayó por ello la importancia de la información proporcionada por la sociedad civil. “La Comisión no ha podido ingresar a la isla. Pero eso no nos vuelve ciegos ni sordos”, señaló.
El llamado tampoco aparece aisladamente. Amnistía Internacional denunció en febrero un aumento del hostigamiento contra presos de conciencia y sus familiares en Cuba, incluyendo vigilancia, detenciones arbitrarias de corta duración y restricciones injustificadas de movimiento. La organización considera estas medidas parte de un patrón dirigido a castigar y desalentar la disidencia.
La cuestión religiosa se inserta, por tanto, en un escenario más amplio de control político. No se trata únicamente del derecho del ciudadano a creer o no creer, sino del derecho a reunirse, organizarse, expresarse y desarrollar una vida comunitaria sin que el Estado convierta esa autonomía en motivo de sospecha.
En ese contexto adquiere especial fuerza la advertencia de Ralón: “Cuando un Estado le teme a quien reparte pan y reza por su pueblo, el problema no está en la fe. Está en el poder”.
Para un régimen que constitucionalmente proclama la libertad religiosa, las cifras presentadas y los casos documentados plantean una contradicción difícil de eludir. La verdadera medida de la libertad religiosa no consiste solamente en mantener abiertos los templos. Consiste en que sacerdotes, pastores y creyentes puedan ejercer su fe, expresarse y organizarse sin vigilancia, amenazas, detenciones o represalias por parte del Estado.
Sé el primero en comentar