El relato de una exmagistrada que desnuda la presión y las desapariciones dentro del sistema judicial venezolano

VENEZUELA-DENUNCIA

Redacción Central

Caracas. PLC | La denuncia de Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, no es solo un testimonio personal: es una radiografía del funcionamiento real del aparato judicial bajo el chavismo. Su relato, documentado en un video de 43 minutos y corroborado por varias fuentes internacionales, describe un mecanismo de coerción que combina desapariciones forzadas, presión institucional y fabricación de expedientes para asegurar decisiones políticas disfrazadas de sentencias judiciales.

Según César Siero, el 15 de diciembre de 2023 —el mismo día en que la defensa de María Corina Machado presentó ante el TSJ la demanda de revisión de su inhabilitación, en el marco del Acuerdo de Barbados— agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron a sus dos hermanos, el general Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y a su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo. Desde ese momento, desaparecieron. No hubo orden judicial, no hubo notificación, no hubo paradero conocido. La magistrada afirma que acudió a la entonces presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, al fiscal general Tarek William Saab y al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, sin obtener respuesta.

Una semana después, el 22 de diciembre, la hija de la presidenta de la Sala Político‑Administrativa —abogada asistente del despacho— se presentó en la oficina de César Siero con las sentencias listas para firmar. Entre ellas estaba la de Machado, junto con las de Henrique Capriles, Pablo Pérez, Leocenis García, Richard Mardo y otros dirigentes. La funcionaria esperó hasta que la magistrada estampó su firma. César Siero afirma que lo hizo temiendo por la vida de sus familiares, desaparecidos desde hacía días.

El episodio no terminó ahí. En enero de 2024, tras la llamada Operación Brazalete Blanco —un caso que el gobierno presentó como una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro— los familiares de la magistrada fueron incorporados al expediente. Ella sostiene que el caso fue “fabricado” y que la presidenta del TSJ la obligó a renunciar bajo amenazas directas: “Me dijeron que si no renunciaba me iba a ir peor”. Sus familiares fueron finalmente condenados: el general a doce años de prisión, los otros dos a tres.

El relato de César Siero encaja con un patrón ya documentado por organismos internacionales: la instrumentalización del sistema judicial venezolano para fines políticos, la ausencia de independencia de los magistrados y el uso de la coerción —incluyendo la desaparición forzada— como herramienta de control. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha señalado repetidamente que el TSJ actúa como un brazo del Ejecutivo, validando decisiones previamente tomadas en instancias políticas.

Lo que aporta este testimonio es la anatomía interna del proceso: cómo se fabrica una sentencia, cómo se presiona a un magistrado, cómo se usan familiares como rehenes, cómo se manipula el calendario judicial para encajar decisiones con tiempos políticos. La inhabilitación de Machado —que impidió su inscripción en las elecciones presidenciales de 2024, pese a haber ganado las primarias opositoras— aparece aquí no como un acto jurídico, sino como el resultado de una operación de fuerza.

La denuncia también revela la fragilidad del sistema de protección institucional. La exmagistrada afirma que escribió incluso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y que solo la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, mostró disposición a revisar el caso. Su solicitud de amnistía fue rechazada. Hoy, César Siero pide protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la ONU y a Human Rights Watch.

El caso Brazalete Blanco, del que emergió la absolución de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, ha terminado exponiendo algo más profundo: la estructura de coerción que sostiene al sistema judicial venezolano. La denuncia de César Siero no solo cuestiona la legitimidad de la inhabilitación de Machado; cuestiona la legitimidad de todo un entramado institucional que opera bajo lógica de obediencia y miedo.

Para Venezuela, el testimonio es un recordatorio de que la crisis democrática no se limita a la persecución de opositores visibles: se extiende a los mecanismos internos del Estado, donde decisiones que afectan el destino político del país se toman bajo presión, amenazas y desapariciones. Para la comunidad internacional, es una pieza más en el rompecabezas de un sistema que ha convertido la justicia en un instrumento de supervivencia política.