Caracas. PLC / La transición venezolana ha entrado en una nueva y posiblemente decisiva etapa. Tras el regreso de María Corina Machado al país y la presentación de una hoja de ruta estadounidense para renovar las instituciones que deberán garantizar unas futuras elecciones, la dirigente opositora y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, han comenzado a marcar públicamente posiciones sobre el futuro político de Venezuela.
La diferencia fundamental ya no parece residir en si habrá elecciones. Tanto el chavismo como la oposición hablan ahora abiertamente de ellas. La cuestión decisiva es cuándo se celebrarán, quién garantizará su transparencia y hasta dónde llegará la transformación de las estructuras de poder heredadas del chavismo.
Delcy Rodríguez aseguró el jueves 29 que habrá “todas las elecciones que la Constitución establece” y prometió que estarán organizadas por una autoridad electoral renovada. Pero evitó cuidadosamente anunciar una fecha. Según la mandataria encargada, antes deben existir condiciones de participación, reformas jurídicas y un marco de convivencia democrática.
La omisión del calendario no es un detalle menor. María Corina Machado, en su primera rueda de prensa después de regresar a Venezuela, fue mucho más precisa: considera que las elecciones presidenciales deben realizarse en 2027 y afirmó que “la transición democrática es irreversible”.
Su regreso ha modificado el escenario. Machado volvió el domingo 25 de octubre después de casi un año fuera del país y reapareció públicamente en el estado de Lara. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que las condiciones que permitieron su retorno seguro fueron resultado de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Washington.
Machado sostiene ahora que su propia presencia en el país demuestra que la transición está avanzando. También ha agradecido públicamente a la Administración de Donald Trump y vincula los cambios actuales con los acontecimientos del pasado 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado durante la intervención estadounidense.
Pero detrás de esta confrontación política aparece un tercer actor que resulta imposible ignorar: Estados Unidos.
La Administración Trump ha establecido una secuencia para llegar a las elecciones. El primer paso sería renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); posteriormente se reformaría el Consejo Nacional Electoral (CNE); una vez constituidas ambas instituciones, Delcy Rodríguez debería declarar la vacancia permanente de la Presidencia, lo que abriría el período para la celebración de nuevas elecciones.
La posición estadounidense parte de una premisa difícilmente discutible después de lo ocurrido durante el régimen de Maduro: unas elecciones no pueden considerarse democráticas simplemente porque existan urnas y candidatos. También es necesario garantizar la independencia del árbitro electoral, el funcionamiento de los partidos, la libertad de los candidatos para hacer campaña y unas instituciones judiciales que no puedan modificar políticamente los resultados.
Marco Rubio ha sido particularmente explícito al respecto. Ha sostenido que no puede haber elecciones legítimas mientras permanezcan intactas las instituciones que permitieron controlar procesos electorales y excluir candidatos. Al mismo tiempo, Washington mantiene mecanismos de presión mediante sanciones y licencias económicas y asegura que evaluará el proceso por sus resultados, no simplemente por las declaraciones del Gobierno provisional.
Aquí aparece la gran contradicción del proceso venezolano: para desmontar progresivamente el sistema construido por el chavismo, Washington está negociando precisamente con una parte del chavismo.
Delcy Rodríguez no representa una ruptura histórica con el régimen anterior. Fue vicepresidenta de Nicolás Maduro y una de las principales figuras de su estructura de poder. Sin embargo, ahora promete garantías que contrastan abiertamente con prácticas denunciadas durante años. Ha ordenado que nadie sea detenido sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia, y ha admitido que la llamada Ley contra el Odio fue aplicada de manera abusiva.
Rodríguez también intenta presentarse como garante de una transformación ordenada desde dentro del Estado. Su argumento es que las reformas requieren experiencia y conocimiento de las instituciones, mientras insiste en evitar una ruptura que conduzca nuevamente a la confrontación.
La pregunta es hasta dónde está dispuesta a llegar esa transformación.
La renovación del TSJ y del CNE será la primera prueba seria. El plan estadounidense pretende que el nuevo organismo electoral tenga fundamentalmente funciones técnicas y deje de disponer de mecanismos utilizados para controlar qué partidos podían participar o qué candidatos podían presentarse. Precisamente esas facultades fueron utilizadas contra María Corina Machado antes de las elecciones de 2024.
Machado, mientras tanto, intenta situar la justicia y los derechos humanos en el centro del futuro político. Ha hablado de “memoria, justicia y reparación” y sostiene que Venezuela necesita justicia y no impunidad. También ha defendido una fórmula de justicia transicional frente a las violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, existe otra dificultad importante. El movimiento político de Machado, Vente Venezuela, no participa actualmente en la mesa de negociación entre el chavismo y el sector opositor encabezado por Dinorah Figuera, pese al indiscutible peso político que Machado conserva dentro de la oposición.
Además, Machado confirmó que por ahora no tiene prevista una reunión con Delcy Rodríguez y que no ha recibido mensajes de ella ni de Estados Unidos para organizar un encuentro. No obstante, ha manifestado anteriormente su disposición a negociar para avanzar hacia unas elecciones presidenciales. [efe.com]
El choque, por tanto, no es todavía frontal. Ambas partes reconocen, al menos públicamente, la necesidad de avanzar hacia las urnas. Pero difieren en algo esencial: Machado quiere convertir las elecciones de 2027 en el punto de llegada de la transición, mientras Rodríguez evita comprometerse con ese calendario y subordina la convocatoria a un proceso previo de reformas.
La reorganización del Gobierno también tiene importancia. Rodríguez destituyó al canciller Félix Plasencia y nombró en su lugar a Óliver Blanco, hasta ahora viceministro para Europa y Norteamérica. Plasencia, que había servido de enlace con la Administración Trump y particularmente con Marco Rubio, pasará a funciones internacionales dentro de la Presidencia y tendrá entre sus cometidos la cuestión del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.
Los movimientos de estos días indican que ha comenzado una competencia política real por definir la Venezuela pos-Maduro, pero sería prematuro confundirla con una transición democrática ya consolidada.
El regreso de María Corina Machado, su actividad política pública, la promesa de elecciones formulada por Rodríguez y, sobre todo, el proyecto de renovación del TSJ y el CNE representan cambios sustanciales. Pero la verdadera prueba llegará cuando esos compromisos tengan que convertirse en instituciones, garantías y fechas.
Para la oposición, el riesgo consiste en que una transición demasiado prolongada permita al chavismo recomponer sus estructuras y conservar suficiente poder para condicionar el futuro. Para Rodríguez, el desafío es demostrar que su discurso reformista no constituye simplemente una estrategia para ganar tiempo y preservar, bajo nuevas formas, una parte esencial del antiguo sistema.
Y para Estados Unidos, el dilema es aún más complejo: necesita utilizar las estructuras que todavía existen para desmontar precisamente los mecanismos que hicieron posible la permanencia autoritaria del chavismo.
La batalla que comienza ahora será, por ello, menos espectacular pero probablemente más determinante que las anteriores. Ya no se discute únicamente quién gobernará Venezuela, sino quién escribirá las reglas con las que los venezolanos podrán decidirlo.
Ahí radica el verdadero significado de las posiciones tomadas esta semana por María Corina Machado y Rodríguez. Una reclama un horizonte electoral en 2027 y sostiene que la transición es irreversible; la otra acepta públicamente las elecciones y la renovación del árbitro electoral, pero todavía se resiste a señalar cuándo.
Entre ambas se encuentra una sociedad venezolana que, después de años de autoritarismo, crisis y confrontación, espera que esta vez la promesa de votar libremente deje de ser una negociación política y se convierta finalmente en una realidad.
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