El primer objetivo es renovar el Tribunal Supremo de Justicia antes de terminar 2026. Washington considera al TSJ una institución central del aparato construido durante el régimen de Nicolás Maduro. Foto María Corina Machado X
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA-ELECCIONES
Redacción Central
Washington. PLC | Venezuela ha entrado en una fase política distinta. Apenas un día después del multitudinario regreso de María Corina Machado a Caracas, la Administración de Donald Trump hizo pública una hoja de ruta que busca reconstruir primero las instituciones judiciales y electorales del país y conducir después a unas nuevas elecciones presidenciales en 2027.
No se trata todavía de un acuerdo definitivo entre todas las fuerzas venezolanas. Es el proyecto que Washington respalda dentro de las negociaciones en marcha y en las que participa un sector opositor encabezado por Dinorah Figuera. Machado, cuya reaparición dentro del país ha modificado inevitablemente el tablero político, no forma parte por ahora de esas conversaciones.
La secuencia propuesta por Estados Unidos es significativa: primero cambiar las instituciones que pueden determinar quién participa en unas elecciones y validar posteriormente sus resultados; después celebrar los comicios.
El primer objetivo es renovar el Tribunal Supremo de Justicia antes de terminar 2026. Washington considera al TSJ una institución central del aparato construido durante el régimen de Nicolás Maduro. Un alto funcionario del Departamento de Estado recordó que fue ese tribunal el que declaró ilegal a la Asamblea Nacional surgida de las elecciones de 2015.
El trabajo ya ha comenzado. En la cuarta ronda de negociaciones, representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del PSUV, a través de Jorge Rodríguez, acordaron constituir un Comité de Postulaciones Judiciales de 23 integrantes, compuesto por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.
Después vendría la transformación del Consejo Nacional Electoral. Para Washington, modificar el CNE resulta imprescindible porque su poder no se limita a contar votos: también ha tenido capacidad para determinar qué partidos y candidatos podían concurrir. El funcionario estadounidense puso precisamente como ejemplo la inhabilitación de María Corina Machado.
Solamente después de establecidos un nuevo TSJ y un nuevo CNE llegaría el paso decisivo. Washington espera que la presidenta encargada Delcy Rodríguez declare la vacante permanente de la Presidencia. Según la explicación ofrecida por el Departamento de Estado, esa decisión activaría, bajo la legislación venezolana vigente, un período de seis meses para celebrar unas nuevas elecciones, situando la votación durante 2027.
La filosofía del plan resulta tan importante como su calendario. Estados Unidos asegura que busca unos comicios cuyo resultado pueda ser reconocido incluso por la parte derrotada. Un alto funcionario estadounidense lo resumió así: no puede celebrarse una elección libre y justa mientras permanezca intacta la infraestructura institucional utilizada durante el régimen de Maduro.
Ahí está probablemente la principal diferencia con anteriores intentos de negociación. Washington intenta evitar que las concesiones políticas se produzcan primero para descubrir después que siguen intactos los instrumentos institucionales capaces de neutralizar electoralmente a la oposición. El funcionario estadounidense vinculó expresamente esta preocupación con la experiencia del proceso de 2024.
Rubio también ha dejado claro que Washington pretende utilizar su capacidad de presión para conseguir que el proceso avance. Estados Unidos mantiene una considerable influencia sobre las autoridades venezolanas mediante su política económica y de sanciones. El secretario de Estado afirmó que se están logrando avances, pero advirtió de las consecuencias que tendría un intento de descarrilar el proceso.
En medio de esa delicada negociación irrumpió nuevamente María Corina Machado.
Tras casi diez meses fuera de Venezuela y varios intentos frustrados de regreso, la dirigente opositora apareció el domingo en el santuario de la Divina Pastora, en Barquisimeto, antes de emprender un largo recorrido hacia Caracas. Atravesó seis estados acompañada por miles de venezolanos y llegó a la capital después de las nueve de la noche, recibida por multitud de seguidores que reclamaban libertad y elecciones. Su entorno aseguró que regresaba para “acelerar la transición”.
Su presencia introduce un factor político difícil de ignorar. Las negociaciones respaldadas por Washington avanzan con una representación opositora en la que Machado no participa, mientras en las calles la dirigente ha vuelto a demostrar una importante capacidad de movilización.
También se ha aclarado otro aspecto polémico de su regreso. Rubio aseguró que la única ocasión en que personalmente desaconsejó a Machado volver a Venezuela fue después de los terremotos del 24 de junio, por razones relacionadas con la operación humanitaria. Negó que Washington fuera responsable de los obstáculos posteriores y los atribuyó a terceros países con sus propios intereses respecto a Venezuela.
La explicación matiza las diferentes versiones que circularon durante los meses en que la líder opositora intentó retornar. Su equipo había denunciado repetidamente obstáculos, mientras el Gobierno venezolano negaba ser responsable. Antes de concretarse finalmente el regreso, su entorno había informado de al menos siete intentos anteriores.
La nueva presencia de Machado dentro del país introduce, además, una contradicción que tarde o temprano tendrán que afrontar tanto Washington como las distintas fuerzas venezolanas: resulta difícil imaginar una transición democrática estable si una de las principales figuras de la oposición permanece al margen de la mesa que está diseñando las instituciones y condiciones de las próximas elecciones.
La incógnita ya no es únicamente cuándo habrá elecciones, sino quién concurrirá a ellas y bajo qué garantías.
El propio Trump ha sido preguntado incluso por la posibilidad de una futura contienda entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado. Su respuesta fue breve: “Eso sería interesante”.
Ese escenario, sin embargo, está todavía lejos de materializarse. Antes deberán cumplirse etapas institucionales complejas, garantizarse verdaderas condiciones para la competencia política y comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el chavismo en unas reformas que pueden reducir radicalmente el poder que todavía conserva.
Lo que sí comienza a definirse es el método estadounidense. La transición que impulsa Washington no plantea simplemente convocar unas nuevas elecciones bajo las estructuras existentes, sino modificar primero el tablero institucional y votar después.
El regreso de María Corina Machado añade ahora otra fuerza a esa ecuación. Las negociaciones pueden diseñar un nuevo TSJ, reformar el CNE y establecer un calendario electoral, pero una transición democrática no se resolverá únicamente en los despachos. La recepción multitudinaria de Machado muestra que la calle venezolana también pretende participar en la definición del desenlace.
El desafío para Trump consiste ahora en hacer compatibles ambas dimensiones: una transición pactada suficientemente ordenada para evitar una nueva crisis y unas elecciones suficientemente abiertas para que los venezolanos, y no las negociaciones previas entre dirigentes, determinen finalmente quién gobierna Venezuela.
Sé el primero en comentar