Bruselas sitúa el caso de Félix y Saylí Navarro en el centro de su presión política sobre Cuba

CUBA-PARLAMENTO EUROPEO

Bruselas. PLC | El Parlamento Europeo ha decidido llevar a debate urgente el caso de Félix Navarro Rodríguez y su hija Saylí Navarro Álvarez, dos de los presos políticos más emblemáticos de la represión posterior al 11 de julio de 2021. La inclusión de sus nombres en el título oficial del orden del día del pleno de Estrasburgo marca un giro significativo en la forma en que la Unión Europea aborda la situación cubana: ya no se trata de una resolución general sobre derechos humanos, sino de un escrutinio directo y nominal sobre dos personas cuya trayectoria concentra casi dos décadas de conflicto entre el Estado cubano y la disidencia cívica.

El debate tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre y la votación de la resolución está prevista para el jueves 17, dentro del mecanismo de urgencias reservado a las violaciones graves de derechos humanos, democracia y Estado de derecho. Compartir espacio con asuntos como la libertad de prensa en Hong Kong o la represión postelectoral en Zambia sitúa a Cuba en una categoría de preocupación estructural para la Eurocámara, no como un caso aislado sino como un problema persistente de autoritarismo. La decisión llega apenas tres meses después de que el Parlamento aprobara una resolución contundente sobre la represión política en la isla, en la que exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos y denunció prácticas sistemáticas de persecución judicial, malos tratos y encarcelamiento de menores.

El caso Navarro encarna esa preocupación. Félix Navarro, opositor histórico y uno de los presos del Grupo de los 75 durante la Primavera Negra de 2003, cumple una condena de nueve años por atentado, desacato y desórdenes públicos. Su hija Saylí, activista y figura clave en la articulación de redes opositoras, purga ocho años por los mismos delitos, con el añadido de desobediencia. Ambos fueron detenidos el 12 de julio de 2021 en Perico, Matanzas, cuando se presentaron voluntariamente en una unidad policial tras las protestas del 11J. Él permanece recluido en la prisión de Agüica; ella, en el penal femenino conocido como La Bellotex.

La cronología reciente añade una dimensión de arbitrariedad que ha irritado especialmente a las instituciones europeas. Navarro fue excarcelado en enero de 2025 bajo libertad condicional, dentro del grupo de presos liberados tras la mediación del Vaticano. Sin embargo, el Tribunal Supremo Popular revocó el beneficio apenas tres meses después, alegando que había salido de su municipio sin permiso judicial, que incitaba al desacato en redes sociales y que mantenía vínculos públicos con diplomáticos estadounidenses. Una de esas salidas fue para visitar a su hija. Para Bruselas, este tipo de maniobra encaja en el patrón de “mecanismos precriminales” denunciado en resoluciones anteriores: herramientas administrativas utilizadas para silenciar y encarcelar ciudadanos sin delito real.

La moción que se debatirá en Estrasburgo ha sido presentada por el Partido Popular Europeo y se negocia con Renew Europe, Conservadores y Reformistas, Patriots y el grupo socialista. La búsqueda de una mayoría transversal indica que el Parlamento pretende enviar una señal política clara: la situación de los presos políticos cubanos, y en particular la de Félix y Saylí Navarro, debe tener consecuencias en la relación bilateral entre la Unión Europea y el Gobierno cubano. En junio, la Eurocámara ya pidió activar sanciones individuales contra los responsables de la represión, empezando por Miguel Díaz-Canel y la cadena de mando de los aparatos de seguridad, justicia y penitenciarías, así como contra la dirección de GAESA. También instó a suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación si La Habana no adoptaba medidas concretas y verificables en materia de derechos humanos.

El nuevo debate refuerza esa línea. Cinco años después del 11J, la situación de quienes continúan encarcelados sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre La Habana y las instituciones europeas. El hecho de que el Parlamento haya decidido centrar la discusión en dos nombres concretos, y no solo en cifras generales, indica que la paciencia con la retórica de reformas sin garantías se está agotando. Para la Unión Europea, el caso Navarro funciona como un prisma que concentra la continuidad de la represión desde 2003 hasta hoy, la arbitrariedad judicial y la criminalización del vínculo familiar y del contacto con diplomáticos.

El impacto potencial de la resolución va más allá del gesto simbólico. Si el Parlamento insiste en condicionar la relación con Cuba al respeto efectivo de los derechos humanos, aumentará la presión sobre el Consejo y la Comisión para pasar de las declaraciones a las medidas concretas. En términos de realpolitik, esto podría traducirse en un endurecimiento de la política europea hacia La Habana, especialmente en lo relativo a cooperación económica, diálogo político y participación en programas comunitarios.

Para el Gobierno cubano, la señal es inequívoca: el margen para utilizar a los presos políticos como moneda de cambio se reduce cuando las instituciones europeas empiezan a nombrar casos concretos y a vincularlos con instrumentos de sanción. El caso de Félix y Saylí Navarro, con su carga de historia, arbitrariedad y resistencia, coloca a La Habana ante un espejo incómodo y obliga a Bruselas a definir si está dispuesta a mantener una relación con un Estado que encarcela a un padre por visitar a su hija y a una hija por acompañar a su padre en una protesta.

El debate urgente en Estrasburgo no resolverá por sí solo la cuestión cubana, pero sí marca un punto de inflexión: la defensa de los derechos humanos deja de ser un elemento retórico y se convierte en una condición política explícita. En ese contexto, el caso Navarro se transforma en símbolo y en advertencia. Y, para Europa, en una prueba de coherencia.