CUBA-POBREZA
Estocolmo. PLC | La fotografía social y política que emerge de los estudios más recientes sobre Cuba describe un país que ha cruzado un umbral histórico: la pobreza extrema alcanza al 94% de la población y el rechazo ciudadano al gobierno llega al 95%. No se trata de un deterioro coyuntural, sino de la consolidación de una crisis estructural que combina colapso económico, erosión institucional y un desgaste político sin precedentes.
Los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), obtenidos a partir de 1.318 entrevistas en todas las provincias del país, muestran que el 68% de los hogares vive con ingresos inferiores a 20.000 pesos cubanos mensuales —unos 30 dólares—, una cifra que no cubre ni una fracción del costo de las necesidades básicas. Según el umbral del Banco Mundial, un hogar de tres personas necesitaría 171 dólares mensuales para no caer en pobreza extrema; en Cuba, la inmensa mayoría no alcanza ni una quinta parte de ese mínimo.
El hambre se ha convertido en un fenómeno masivo y persistente. Ocho de cada diez cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar al menos una vez en los últimos seis meses por falta de dinero o escasez de alimentos. Entre los mayores de 61 años, la proporción asciende a nueve de cada diez. La precariedad alimentaria, que ya era grave en 2025, se ha profundizado hasta convertirse en un indicador de emergencia humanitaria.
A ello se suma el colapso energético. Los apagones —a veces de más de 20 horas diarias— son señalados por el 70% de los encuestados como el principal problema del país. La electricidad, que sostiene el acceso al agua potable, la refrigeración de alimentos y el funcionamiento de hospitales, se ha convertido en un recurso intermitente. La red eléctrica es, según el 95% de los ciudadanos, la infraestructura peor evaluada del país.
La crisis sanitaria, otro de los pilares del deterioro, se manifiesta en la falta de medicamentos, insumos y capacidad de atención. El 34% de los cubanos identifica la salud pública como una de sus preocupaciones centrales, un dato que desmonta el relato histórico del régimen sobre la fortaleza de su sistema sanitario.
En paralelo, la inseguridad y la violencia han aumentado. Cubalex registró en julio de 2026 el número mensual de homicidios más alto desde que comenzó su monitoreo, y documentó casi 1.900 eventos violatorios de derechos humanos en el primer semestre del año, un incremento del 48% respecto al periodo anterior. La crisis social se expresa así en un deterioro acelerado del tejido comunitario y en la expansión de prácticas represivas.
El impacto político es igualmente profundo. La gestión de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero recibe apenas un 3% de valoración positiva. El 84% de los ciudadanos no cree que las reformas económicas anunciadas —176 medidas que incluyen la creación de mini‑pymes agrícolas, la posibilidad de abrir cuentas bancarias en el exterior y la ampliación de actividades del sector privado— vayan a mejorar la situación del país. La desconfianza hacia el gobierno es transversal y se ha convertido en un dato estructural.
El régimen atribuye parte del deterioro a factores externos, especialmente a la política de máxima presión aplicada por el gobierno de Donald Trump desde enero de 2026, que incluyó un bloqueo petrolero y nuevas sanciones. La caída del suministro de crudo provocó la cancelación de vuelos, el cierre de cadenas hoteleras y un desplome del turismo del 58% en el primer semestre del año. Pero incluso considerando ese impacto, los informes coinciden en que la raíz de la crisis es interna: un modelo improductivo, centralizado y dependiente, incapaz de garantizar alimentos, electricidad, medicinas o salarios dignos.
La combinación de pobreza extrema, hambre, apagones, deterioro sanitario, inseguridad y represión configura un escenario de emergencia humanitaria. Nueve de cada diez familias viven en los márgenes de la supervivencia. La emigración masiva, que ya ha vaciado barrios enteros, es tanto una consecuencia como un síntoma: millones de cubanos han concluido que la única salida es abandonar el país.
El cuadro que emerge no es el de una crisis pasajera, sino el de un sistema que ha perdido capacidad de sostener la vida cotidiana de su población. La demanda mayoritaria de transformaciones profundas —políticas, económicas y sociales— indica que el consenso social sobre el modelo vigente se ha quebrado. Cuba entra así en una fase histórica en la que la supervivencia material y la legitimidad política se han vuelto incompatibles con la continuidad del régimen tal como existe hoy.
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