Por Antonio Suárez Fonticiella – Prensa Libre Cuba
La Habana. PLC | Durante décadas, el régimen cubano ha presentado sus misiones médicas como una de sus principales expresiones de solidaridad internacional. Médicos cubanos llegan a países con necesidades sanitarias, atienden pacientes y, detrás de esas imágenes, La Habana construye un discurso político: el de una Cuba solidaria que exporta salud al mundo.
Pero existe una pregunta que durante demasiado tiempo ha quedado relegada: ¿qué ocurre con los derechos del médico cubano que hace posible esa supuesta solidaridad?
Un reciente informe alternativo de medio término presentado ante el sistema de Naciones Unidas por Raíces de Esperanza en España, junto con Archivo Cuba, ASIC, Cubalex, GMIES, ICLEP y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, coloca precisamente esa pregunta en el centro del debate. El documento analiza las condiciones de formación, contratación, remuneración, vigilancia, disciplina y permanencia de los profesionales cubanos enviados al exterior.
La conclusión es incómoda para el Gobierno cubano: el problema no está únicamente en cuánto se paga a los médicos, sino en el sistema mediante el cual el Estado controla su trabajo, sus ingresos, sus movimientos y, en determinados casos, incluso su decisión de regresar o no a Cuba.
El médico no negocia directamente
Uno de los elementos centrales señalados en el informe es la existencia de una estructura estatal de intermediación. La legislación cubana desarrolló durante décadas un modelo en el que el Estado mantiene el control sobre la contratación de profesionales en el exterior. La creación de Servicios Médicos Cubanos y posteriormente de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC) consolidó ese sistema. La normativa vigente mantiene la intermediación obligatoria de entidades autorizadas por el Gobierno para la prestación de servicios profesionales fuera del país.
Aquí aparece una cuestión fundamental: si un médico trabaja en otro país, ¿por qué no puede negociar libremente su contrato, recibir directamente su salario y decidir dónde continuar ejerciendo su profesión?
El informe sostiene que la respuesta se encuentra en el modelo estatal cubano de exportación de servicios profesionales. Y es ahí donde la palabra “cooperación” comienza a necesitar una explicación mucho más profunda.
¿Voluntario cuando existe la posibilidad de castigo?
La cuestión más grave planteada por el informe es la voluntariedad. Un trabajo puede denominarse oficialmente “voluntario”, pero la verdadera libertad de elección debe analizarse teniendo en cuenta las consecuencias que enfrenta quien decide no participar, abandonar anticipadamente una misión o permanecer en el país receptor.
El informe documenta restricciones a la salida del país donde se presta servicio, obligaciones de retorno, controles sobre los movimientos, limitaciones sobre las relaciones personales y familiares y restricciones a la expresión pública. A esto se suma el artículo 176 del Código Penal cubano, que contempla penas de prisión para determinados funcionarios o empleados públicos que abandonen una misión en el extranjero o se nieguen a regresar. El propio informe señala que esta penalización funciona como un mecanismo de coacción sobre la decisión de abandonar la misión.
Aquí aparece una contradicción que cualquier Gobierno que contrate personal médico cubano debería examinar: ¿puede hablarse realmente de consentimiento libre cuando abandonar el trabajo puede traer consecuencias penales, migratorias, económicas o familiares?
No estamos hablando solamente de salarios. Estamos hablando de libertad.
El salario: el punto donde la solidaridad se vuelve negocio
Otro de los aspectos más controvertidos es la remuneración. Según el informe, investigaciones citadas han documentado importantes retenciones sobre los ingresos obtenidos por profesionales cubanos en el extranjero. En los testimonios y datos examinados aparecen porcentajes de retención que, dependiendo del país y del mecanismo utilizado, pueden resultar extraordinariamente elevados.
El caso de Calabria, Italia, resulta especialmente revelador. El informe recoge una investigación del OCDH según la cual, aun cuando determinados médicos recibían directamente sus salarios de las autoridades sanitarias italianas, posteriormente recibían instrucciones para transferir determinadas cantidades a la CSMC. La investigación estimó retenciones de entre el 54 % y el 72 % del salario base, aunque advierte que esos porcentajes requieren una auditoría pública para determinar su alcance individual.
Entonces surge una pregunta elemental: ¿quién trabaja y quién cobra?
Si el médico es quien estudió durante años, quien atiende al paciente, quien realiza las guardias y quien asume la responsabilidad profesional, resulta legítimo preguntarse por qué una parte sustancial de la remuneración termina siendo administrada o transferida al Estado cubano.
El problema no es que Cuba exporte profesionales. El problema es qué derechos conserva el profesional cuando cruza la frontera.
El control no termina al salir de Cuba
Según el informe, la vigilancia tampoco se limita a los aspectos estrictamente laborales. La investigación sobre vigilancia digital citada en el documento describe mecanismos de seguimiento desde la etapa universitaria hasta la misión en el exterior. Se mencionan controles sobre redes sociales, comunicaciones y comportamiento político. Durante las misiones, los testimonios recogidos describen restricciones a las comunicaciones familiares, supervisión de teléfonos y mensajería y presión para informar sobre las opiniones políticas de otros compañeros.
Este punto es especialmente grave. Un médico puede estar a miles de kilómetros de Cuba, pero la distancia geográfica no necesariamente significa libertad. El informe incluso recoge el concepto de “represión transnacional”, al describir situaciones en las que las consecuencias para familiares que permanecen en Cuba pueden convertirse en un mecanismo de presión sobre el profesional.
La ONU ya había advertido
No se trata solamente de una denuncia de organizaciones cubanas de la sociedad civil. El informe recuerda que en 2019 las relatoras especiales de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud y sobre la trata de personas expresaron preocupación por las condiciones laborales y de vida de los profesionales cubanos, incluyendo alegaciones de presión, vigilancia, salarios inadecuados, restricciones de movimiento y temor a represalias. Aquellas relatoras señalaron que las condiciones denunciadas podrían elevarse a trabajo forzoso conforme a los indicadores de la OIT.
En 2023 un Relator Especial volvió a expresar preocupación por presuntos abusos relacionados con la intimidad, libertad, expresión, asociación y circulación, además de condiciones laborales consideradas potencialmente explotadoras. La CIDH también ha señalado un déficit de trabajo digno, falta de transparencia salarial, retenciones, jornadas extensas y posibles elementos de trabajo forzoso. El Parlamento Europeo, por su parte, ha expresado preocupación por estas prácticas y en 2024 condenó específicamente lo que calificó como trabajo forzoso promovido por el Estado cubano en las brigadas médicas.
Es decir: la discusión dejó hace tiempo de ser exclusivamente política. También es jurídica y de derechos humanos.
¿Y quién paga el costo dentro de Cuba?
Existe además otra paradoja. Mientras Cuba exporta médicos, dentro de la isla existen comunidades donde la falta de profesionales afecta la atención sanitaria. El informe recoge testimonios de médicos según los cuales, después de su salida hacia misiones internacionales, algunos consultorios permanecieron durante meses sin médico y determinados servicios hospitalarios quedaron con una reducción considerable de especialistas.
El documento es cuidadoso y no afirma que las misiones sean la única causa de la crisis sanitaria cubana. Pero sí señala que la salida de profesionales puede agravar los problemas de disponibilidad y cobertura cuando las plazas no son adecuadamente reemplazadas.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar: Cuba necesita médicos dentro de Cuba, pero obtiene ingresos enviándolos fuera.
Mientras tanto, el propio informe cita datos del OCDH según los cuales el 82 % de las personas encuestadas calificó como malo el estado de hospitales y centros de salud, y solo el 2 % lo consideró bueno.
La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuánto dinero generan las misiones y cuánto de ese dinero regresa realmente al sistema sanitario cubano?
El informe señala que la falta de transparencia sobre el destino final de esos recursos impide responder adecuadamente a esa pregunta.
La prueba que desmonta el argumento de que “no existe alternativa”
Quizás uno de los elementos más importantes del informe se encuentra en Italia. Profesionales cubanos que abandonaron la estructura de la misión pudieron continuar trabajando mediante contratación independiente. En Calabria, el documento recoge experiencias en las que médicos pasaron a relaciones laborales directas y conservaron su capacidad de ejercer profesionalmente sin la intermediación de la CSMC.
Esto demuestra algo fundamental: no es necesario escoger entre médicos cubanos trabajando en el extranjero y respeto a sus derechos. Se pueden tener ambas cosas.
El médico cubano puede seguir atendiendo pacientes. El país receptor puede seguir recibiendo profesionales. Y el trabajador puede recibir directamente su salario, tener derechos laborales, libertad de movimiento y capacidad para decidir sobre su futuro.
La cooperación sanitaria no necesita convertirse en subordinación.
La verdadera discusión
El Gobierno cubano puede defender el valor humano de sus médicos. Puede mostrar hospitales atendidos por profesionales cubanos. Puede hablar de solidaridad internacional. Pero ninguna de esas cosas responde a la pregunta esencial: ¿quién protege al médico cubano cuando sus propios derechos son vulnerados?
Porque el profesional sanitario también es un trabajador. También tiene derecho a un contrato transparente. También tiene derecho a recibir su salario. También tiene derecho a organizarse. También tiene derecho a expresarse. También tiene derecho a abandonar un empleo. Y, sobre todo, tiene derecho a decidir dónde quiere vivir y trabajar sin que esa decisión sea utilizada contra él o contra su familia.
No basta con cambiar el discurso: hay que cambiar el sistema.
La evaluación de medio término presentada ante la ONU concluye que varias de las recomendaciones aceptadas por Cuba durante el cuarto ciclo del EPU no pueden considerarse implementadas en relación con las misiones médicas. El informe identifica problemas persistentes relacionados con trata de personas, derechos laborales, libertad de movimiento, expresión, asociación, vida familiar y posibilidad real de terminar voluntariamente una misión.
Las recomendaciones planteadas son claras: avanzar hacia contratos directos entre los profesionales y los países o entidades receptoras; garantizar el pago íntegro y directo del salario; permitir que quienes abandonen una misión puedan continuar trabajando legalmente en el país receptor; establecer mecanismos independientes de supervisión laboral y revisar los acuerdos bilaterales que permiten prácticas incompatibles con los derechos humanos.
Las misiones médicas cubanas no deberían ser juzgadas únicamente por el número de pacientes atendidos ni por las fotografías de médicos con batas blancas. También deben ser juzgadas por la libertad y los derechos de quienes llevan esas batas.
Un médico cubano no deja de ser trabajador cuando aterriza en otro país. Tampoco deja de ser ciudadano con derechos.
Si la llamada cooperación internacional necesita retener salarios, controlar movimientos, vigilar opiniones, limitar relaciones personales o castigar la decisión de abandonar una misión, entonces la comunidad internacional tiene el deber de hacer una pregunta mucho más incómoda: ¿estamos ante cooperación sanitaria o ante un sistema de exportación de mano de obra bajo control estatal?
El informe presentado ante Naciones Unidas sostiene que ambas realidades pueden coexistir: los servicios médicos pueden beneficiar a las poblaciones receptoras y, al mismo tiempo, el mecanismo utilizado para prestarlos puede vulnerar derechos fundamentales de los profesionales.
Por eso, defender a los médicos cubanos no significa estar contra la medicina cubana ni contra la cooperación internacional. Significa defender algo mucho más básico: que ningún médico debería tener que entregar su libertad para poder ejercer su profesión.
Y esa es, quizás, la pregunta que el Gobierno cubano lleva demasiado tiempo evitando responder.
La Habana. Periodista independiente, integrante del equipo editorial de Prensa Libre Cuba.
Descubre más desde Prensa Libre Cuba
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Sé el primero en comentar