Por Marta Pérez
Estocolmo. PLC. Análisis — Durante más de seis décadas, el régimen cubano presentó a la Isla como una excepción en América Latina: un país donde el narcotráfico y el consumo de drogas eran prácticamente inexistentes gracias al supuesto éxito del sistema socialista y al férreo control del Estado. Hoy, esa narrativa oficial comienza a resquebrajarse.
Las propias autoridades del régimen han reconocido un incremento del consumo de drogas sintéticas, especialmente entre los jóvenes, y han reforzado las campañas de prevención y los operativos contra el tráfico de estupefacientes. Lo que durante años fue presentado como un problema exclusivo de otras naciones ha terminado golpeando también a la sociedad cubana.
Pero este reconocimiento plantea una pregunta inevitable: ¿cómo puede expandirse un mercado ilegal de drogas en uno de los países con mayor control policial y de inteligencia del continente?
Un aparato represivo capaz de vigilar a los ciudadanos… pero no al narcotráfico
En Cuba, el aparato estatal controla puertos, aeropuertos, fronteras, telecomunicaciones y buena parte de la actividad económica. La Seguridad del Estado mantiene una estrecha vigilancia sobre periodistas independientes, opositores, activistas y ciudadanos críticos del régimen.
Sin embargo, ese mismo aparato reconoce ahora que enfrenta un crecimiento del tráfico y consumo de drogas sintéticas.
La contradicción resulta evidente.
Si el régimen posee la capacidad para movilizar recursos con rapidez contra cualquier forma de disidencia política, resulta legítimo preguntarse por qué no ha logrado impedir la expansión de redes dedicadas al tráfico de drogas.
Hasta el momento no existe evidencia pública concluyente que demuestre que el régimen cubano participe institucionalmente en el narcotráfico. Sin embargo, el monopolio de la información, la ausencia de investigaciones independientes y la opacidad institucional impiden conocer con precisión la verdadera dimensión del problema y descartar cualquier nivel de corrupción o complicidad dentro del aparato estatal.
El caso Ochoa: una sombra que nunca desapareció
Las dudas no nacen únicamente de la situación actual.
El antecedente más importante sigue siendo el llamado Caso Ochoa, en 1989, cuando el general Arnaldo Ochoa y otros altos oficiales fueron condenados por narcotráfico y posteriormente ejecutados.
El régimen presentó aquel juicio como una demostración de su política de “tolerancia cero”. Sin embargo, documentos desclasificados, investigaciones periodísticas y testimonios de antiguos funcionarios han sostenido durante décadas que las operaciones de narcotráfico de aquellos años difícilmente pudieron desarrollarse sin conocimiento de niveles superiores del poder.
Hasta hoy no existe una prueba judicial definitiva que demuestre la responsabilidad directa de Fidel Castro o Raúl Castro en esas operaciones. No obstante, tampoco han desaparecido las interrogantes sobre si el proceso judicial sirvió para concentrar toda la responsabilidad en determinados militares mientras se protegía a la máxima dirección política.
Treinta y siete años después, el régimen sigue sin ofrecer una explicación plenamente convincente.
Una crisis económica que alimenta el consumo
El incremento del consumo de drogas no puede separarse del profundo deterioro económico y social que atraviesa Cuba.
La inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones, la emigración masiva y la falta de oportunidades han generado un escenario especialmente favorable para el crecimiento del mercado ilegal.
Miles de jóvenes enfrentan un futuro marcado por la incertidumbre mientras el régimen continúa sin ofrecer reformas capaces de revertir la crisis.
Las drogas aparecen así como otro síntoma del fracaso económico acumulado durante décadas.
El “químico”: la nueva amenaza
Las autoridades del régimen reconocen que los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como “el químico”, representan actualmente una de las principales amenazas relacionadas con las drogas en Cuba.
Las fuerzas de seguridad han informado sobre diversos decomisos y han advertido del incremento de esta sustancia, que se comercializa en pequeñas dosis y representa un grave riesgo para la salud debido a su composición y efectos impredecibles.
Sin embargo, el régimen continúa sin publicar estadísticas completas sobre el número de consumidores, la incidencia territorial, las tasas de adicción o la evolución anual del fenómeno.
Sin transparencia resulta imposible conocer la verdadera magnitud del problema.
La opacidad alimenta las dudas
En cualquier democracia, el crecimiento de un fenómeno como este daría lugar a investigaciones parlamentarias, auditorías independientes y acceso público a la información.
Nada de eso ocurre en Cuba.
La prensa permanece bajo control estatal, los investigadores independientes carecen de acceso a los datos oficiales y las organizaciones internacionales solo reciben información limitada.
No se trata de afirmar, sin pruebas, que exista una política oficial destinada a favorecer el narcotráfico. Se trata de señalar una contradicción evidente: cuanto mayor es el nivel de control que ejerce un régimen sobre la sociedad, mayor es también su responsabilidad cuando proliferan actividades criminales que, en teoría, deberían ser detectadas y desmanteladas con rapidez.
La negativa del régimen a permitir investigaciones independientes solo contribuye a alimentar las sospechas.
El fracaso de un modelo
Durante décadas, el castrismo utilizó la supuesta ausencia de drogas como uno de los argumentos para justificar la falta de libertades, el control absoluto del Estado y la existencia de un poderoso aparato represivo.
Hoy ese argumento pierde fuerza.
El crecimiento del consumo de drogas sintéticas refleja mucho más que un problema de seguridad pública. Es otro indicador del desgaste institucional de un modelo incapaz de ofrecer prosperidad, oportunidades o esperanza a buena parte de la población.
La crisis económica, la emigración masiva, la pérdida de expectativas entre los jóvenes y el avance del mercado ilegal forman parte de una misma realidad: el agotamiento de un sistema político que durante décadas prometió orden, estabilidad y bienestar, pero que hoy enfrenta una de las mayores crisis de su historia.
Si el régimen realmente desea combatir este fenómeno, deberá hacer algo que históricamente ha evitado: permitir transparencia, publicar estadísticas verificables, facilitar investigaciones independientes y aceptar el escrutinio público.
Mientras eso no ocurra, seguirán existiendo preguntas legítimas sobre la verdadera dimensión del problema y sobre las responsabilidades políticas de una dictadura que lleva más de seis décadas ejerciendo un control casi absoluto sobre la vida nacional.
La historia demuestra que ningún régimen puede ocultar indefinidamente la realidad. La crisis de las drogas es otro recordatorio de que la propaganda puede retrasar el reconocimiento de un problema, pero nunca eliminarlo.
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