Cuba intenta reanimar su industria química mientras las fábricas luchan por sobrevivir

CUBA-INDUSTRIA QUÍMICA

Redacción Central- Análisis

La Habana. PLC Análisis | El Gobierno cubano ha presentado la industria química como una de las piezas capaces de contribuir a la recuperación económica del país. Fertilizantes para una agricultura en crisis, cloro para el tratamiento del agua, gases medicinales, papel, vidrio, productos de goma y otros insumos podrían, en teoría, reducir importaciones y devolver capacidad productiva a una economía exhausta. El potencial existe. El problema es la distancia entre ese potencial y las condiciones reales en que funcionan las fábricas.

Un extenso reportaje publicado por Cubadebate este 14 de octubre presenta las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Gobierno como una oportunidad para aumentar la autonomía empresarial, aprovechar instalaciones existentes y fortalecer los vínculos entre las empresas estatales y el sector privado.

El diagnóstico contiene elementos razonables. El Grupo Empresarial de la Industria Química reúne 18 empresas, 14 estatales y cuatro mixtas, agrupadas en ocho actividades industriales, entre ellas fertilizantes, plaguicidas, vidrio, papel y goma. Emplea alrededor de 5.000 trabajadores y, según sus directivos, el 47% posee formación técnica media o universitaria. Se trata de un capital industrial y humano que sería absurdo desperdiciar.

También resulta positiva la decisión de conceder mayor autonomía a las empresas, permitirles retener y administrar divisas, desarrollar actividades adicionales, establecer acuerdos con actores privados y reinvertir una parte de sus ingresos. El propio grupo estudia convertir más de diez de sus empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones y reducir considerablemente su estructura administrativa central.

Pero cuando se aparta el lenguaje triunfalista aparece una realidad mucho menos alentadora. El reportaje oficial habla extensamente de reorganización, planificación, reuniones, mecanismos financieros, autonomía, capacitación de cuadros y nuevas facultades empresariales, pero ofrece pocos indicadores físicos que permitan demostrar una verdadera recuperación industrial.

Faltan las cifras esenciales: cuánto está produciendo actualmente cada rama, qué porcentaje de las capacidades instaladas permanece ocioso, cuánto ha aumentado la productividad, cuánto se ha sustituido efectivamente de las importaciones y qué inversiones serían necesarias para modernizar plantas sometidas durante años a escasez de piezas, combustible y materias primas.

Uno de los ejemplos utilizados por el propio medio oficial resulta particularmente revelador. En el Complejo del Vidrio de La Lisa, las dificultades para obtener combustible limitan la producción de vajilla y obligan a buscar ingresos mediante el arrendamiento de espacios industriales y acuerdos con otros actores económicos. Es una solución práctica para mantener trabajadores y obtener recursos, pero difícilmente puede presentarse como evidencia de recuperación. Una fábrica que compensa su producción limitada alquilando parte de sus instalaciones está buscando cómo sobrevivir.

Cubapel ofrece otra fotografía de la misma contradicción. Durante la crisis energética, algunas de sus instalaciones reorganizaron la jornada para producir entre la una y las ocho de la mañana y aprovechar así los momentos de mayor disponibilidad eléctrica. La empresa priorizó además producciones que pueden completarse durante períodos relativamente cortos de suministro.

Son decisiones inteligentes de administradores y trabajadores enfrentados a circunstancias extremas. Pero revelan exactamente lo contrario de una normalización industrial: fábricas obligadas a organizar la producción alrededor del apagón.

Y ahí se encuentra uno de los mayores obstáculos para las aspiraciones oficiales. La química, el vidrio y el papel son actividades intensivas en energía, combustible, agua y materias primas. Una empresa puede disponer de mayor autonomía financiera, abrir una cuenta bancaria en el extranjero o quedarse con parte de sus divisas, pero ninguna de esas facultades mantiene funcionando un horno cuando falta combustible ni una línea industrial cuando desaparece la electricidad.

Las sanciones estadounidenses constituyen un problema real. Dificultan determinadas operaciones financieras y comerciales y pueden encarecer o impedir el acceso a proveedores, financiamiento y tecnologías. Un análisis serio de la industria cubana no puede ignorarlo.

Lo que tampoco puede aceptarse es convertir las sanciones en explicación universal de un deterioro acumulado durante décadas. Si todos los problemas procedieran exclusivamente del exterior, el Gobierno no necesitaría ahora reducir burocracia, descentralizar decisiones, modificar relaciones empresariales, conceder autonomía financiera, vincularse con las mipymes ni permitir que las unidades productivas administren una mayor proporción de sus propios recursos.

Las reformas son, en sí mismas, un reconocimiento de que el modelo anterior no funcionó.

Resulta paradójico que después de décadas defendiendo la planificación centralizada, el Gobierno presente ahora como innovación que el plan económico pueda elaborarse desde las unidades de base y no exclusivamente desde arriba, que una empresa pueda decidir dónde reinvertir parte de sus utilidades o que pueda colaborar con empresarios privados.

Son pasos razonables, pero llegan cuando buena parte de la infraestructura industrial está deteriorada y el país carece de los recursos necesarios para una modernización a gran escala.

También preocupa el capital humano. Los propios directivos admiten que formar determinados operarios de la industria química puede requerir entre tres y cinco años. Al mismo tiempo, el grupo proyecta para 2027 un salario medio cercano a 5.400 pesos. En una economía castigada por la inflación, la emigración y la pérdida del poder adquisitivo, la autonomía empresarial servirá de poco si técnicos, ingenieros, especialistas en mantenimiento y trabajadores experimentados abandonan las fábricas.

Eso no significa que la industria química cubana carezca de futuro. Todo lo contrario. Pocas ramas tienen una relación tan directa con problemas vitales del país. Producir fertilizantes ayudaría a una agricultura incapaz de abastecer suficientemente el mercado interno. Garantizar cloro es imprescindible para el agua potable. Los gases medicinales son fundamentales para el sistema hospitalario. Papel, vidrio, envases, caucho y otros productos podrían ahorrarle al país divisas que hoy resulta extremadamente difícil obtener.

Cuba posee además instalaciones, conocimientos y trabajadores experimentados que constituyen una base sobre la cual podría reconstruirse parte del sector.

Pero para convertir esa posibilidad en desarrollo haría falta algo mucho más profundo que modificar organigramas. Serían necesarias inversiones, energía estable, tecnología moderna, acceso regular a materias primas, reglas transparentes, seguridad jurídica para el capital privado y extranjero y verdadera autonomía para que las empresas tomen decisiones económicas sin esperar permanentemente autorizaciones políticas.

También haría falta transparencia. Si el Gobierno quiere demostrar que las reformas funcionan, debería publicar regularmente cuánto produce cada empresa, cuánto utiliza de su capacidad instalada, cuánto exporta, cuánto importa, cuáles son sus costos y qué retorno producen las inversiones. Sin esos indicadores, resulta imposible distinguir entre una transformación verdadera y una campaña oficial destinada a administrar expectativas.

La propia afirmación de los directivos de que “la industria no está paralizada” resulta reveladora. El objetivo de una industria llamada a impulsar el desarrollo nacional no puede reducirse a demostrar que todavía funciona. Tendría que producir más, hacerlo de manera competitiva, abastecer otras ramas de la economía, atraer capital, innovar y generar exportaciones.

Las medidas anunciadas pueden mejorar la gestión y algunas incluso corrigen errores evidentes de la vieja planificación centralizada. Pero no deben confundirse con una recuperación que todavía está por demostrarse.

La industria química cubana tiene posibilidades reales. Lo que Cuba no tiene todavía son las condiciones económicas, energéticas e institucionales necesarias para explotarlas plenamente. Entre una cosa y la otra se encuentra precisamente el problema que el discurso oficial evita abordar: después de décadas de control centralizado, el Gobierno intenta ahora liberar parcialmente a sus empresas de las mismas restricciones que contribuyeron a debilitarlas.

En otras palabras, el potencial existe. La recuperación, por ahora, sigue siendo una promesa.