El discurso social de Díaz‑Canel frente a una realidad que lo desmiente

CUBA-CRISIS

Redacción Central -Análisis

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La Habana. PLC Análisis | El encuentro encabezado por Miguel Díaz‑Canel con federadas, líderes comunitarios, trabajadores sociales y representantes de organizaciones de personas con discapacidad buscó proyectar una imagen de cohesión, sensibilidad y compromiso estatal con la justicia social. Sin embargo, el contraste entre las palabras del mandatario y la realidad que vive el país es demasiado profundo como para pasar inadvertido. El llamado a “defender con convicción el carácter social de las transformaciones” llega en un momento en que la crisis económica, la desigualdad y el deterioro de los servicios básicos han alcanzado niveles inéditos, y donde las propias “transformaciones” han generado más incertidumbre que alivio.

Díaz‑Canel insiste en que el crecimiento económico solo tiene sentido si impacta en el desarrollo social, pero la economía cubana lleva años en contracción, con un PIB que cayó un 5% en 2025 y más de un 15% acumulado desde 2020, según estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Cubana . En ese contexto, hablar de “riqueza que se distribuya con justicia social” resulta casi retórico: la riqueza no existe, y los sectores más vulnerables —los mismos que el presidente dice proteger— enfrentan apagones, escasez de agua, inflación, desabastecimiento y un sistema de asistencia social incapaz de responder a la magnitud de la crisis.

El discurso presidencial también omite una contradicción central: mientras se exalta el carácter social del modelo, el Gobierno ha abierto espacios al sector privado no por convicción, sino por necesidad. Díaz‑Canel ha calificado la ampliación del sector privado como “una concesión, no un ideal del socialismo” , al tiempo que su administración mantiene una ofensiva de inspecciones, multas y cierres contra las mismas mipymes que dice querer integrar en la estrategia nacional. La retórica de justicia social convive con un control férreo sobre los actores económicos emergentes, que solo pueden operar dentro de los límites políticos definidos por el Estado.

En ese escenario aparece Hidrox S.U.R.L., la mipyme presentada en el encuentro como ejemplo de “compromiso social”. Su presidente, Luis Miguel Morejón Ferriol, aseguró que la empresa —dedicada a la higienización hospitalaria— mantendrá su vocación social aunque pase de proyecto local a empresa formal. Pero la pregunta esencial es quiénes son realmente los representantes de Hidrox y cómo encajan en el nuevo mapa económico del país.

Las investigaciones recientes sobre el sector privado cubano muestran que el crecimiento acelerado de ciertas mipymes suele estar vinculado a relaciones privilegiadas con estructuras estatales, acceso preferencial a divisas o vínculos con figuras del poder político. El caso de MultiSerF, una mipyme relacionada con la agencia Paradiso dirigida por Lis Cuesta, esposa del presidente, ilustra cómo determinadas empresas prosperan gracias a conexiones directas con el aparato estatal . También existen ejemplos de mipymes que reciben financiamiento internacional y acceso a divisas del Banco Central sin pasar por el mercado informal, como Jolyni, beneficiada con 40 000 USD del PNUD.

En este contexto, la presentación de Hidrox como empresa “comprometida socialmente” despierta dudas razonables. Su actividad —higienización hospitalaria, suministro de insumos, apoyo a embarazadas vulnerables— coincide con áreas tradicionalmente controladas por el Estado. Su estrecha colaboración con el consejo de administración municipal del Cerro y su papel en servicios esenciales sugieren que no se trata de una mipyme cualquiera, sino de un actor económico alineado con las prioridades gubernamentales y posiblemente beneficiado por esa alineación. En un país donde el sector privado crece bajo supervisión política estricta, la pregunta no es si Hidrox tiene compromiso social, sino si su existencia y expansión responden a una estrategia estatal de tercerización controlada.

El discurso de Díaz‑Canel también ignora que la justicia social no puede sostenerse sin transparencia, sin instituciones independientes y sin participación ciudadana real. La digitalización de listados de vulnerabilidad y la plataforma Soberanía pueden ser avances técnicos, pero no sustituyen la falta de recursos, la burocracia paralizante ni la ausencia de mecanismos de control democrático. Tampoco compensan la represión política, los más de 800 presos por motivos políticos y la criminalización de la crítica, elementos que erosionan cualquier narrativa de justicia social.

Mientras el presidente habla de articulación interinstitucional, equidad y cohesión social, la vida cotidiana de los cubanos se define por la precariedad. Las transformaciones económicas y sociales no han reducido la desigualdad: la han ampliado. Las mipymes con acceso privilegiado prosperan; las que no lo tienen, cierran. Los barrios vulnerables siguen sin agua, sin luz y sin alimentos suficientes. Y la población, cada vez más cansada, observa cómo el discurso oficial se aleja de la realidad.

El llamado de Díaz‑Canel a defender el carácter social de las transformaciones no convence porque las transformaciones no han sido sociales: han sido de supervivencia estatal. El Gobierno necesita al sector privado, pero teme su autonomía. Necesita mostrar sensibilidad social, pero carece de recursos para sostenerla. Necesita proyectar estabilidad, pero enfrenta una crisis estructural que ya no puede ocultar.

En Cuba, la justicia social se ha convertido en un eslogan. Y los cubanos, que viven la realidad más allá de los discursos, lo saben mejor que nadie.

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