Estocolmo. Especial para PLC — La Habana amanece con una mezcla de resignación y rabia contenida tras el anuncio más delicado que ha hecho el Gobierno cubano en meses: la canasta básica, ese último hilo que conectaba al Estado con la supervivencia cotidiana de millones, quedará restringida a jubilados y personas consideradas “vulnerables”. Para el resto, el mensaje es claro: sálvese quien pueda en un mercado desbordado por la inflación, la escasez y el dólar a precios de vértigo.
Miguel Díaz-Canel presentó la medida como un “acto de responsabilidad” ante la crisis fiscal que asfixia al país. Pero en la calle, donde la gente hace colas interminables para conseguir arroz o aceite, la decisión se percibe como un golpe más a una población exhausta. La canasta básica no era abundante ni suficiente, pero era un mínimo. Ahora, ni eso.
El anuncio llega acompañado de un paquete de 176 medidas económicas que el Gobierno vende como el inicio de una nueva etapa. Apertura parcial a privados, flexibilización comercial, autorización de ciertos mecanismos financieros y descentralización limitada para municipios y empresas estatales. Un giro que, en cualquier otro contexto, podría interpretarse como un intento serio de modernización. En Cuba, sin embargo, la reacción dominante es otra: incredulidad.
Economistas dentro y fuera de la isla coinciden en un diagnóstico que el propio Gobierno evita pronunciar: estas reformas no solo llegan tarde, sino que llegan después de años de bloqueo interno. “El Estado perdió un tiempo precioso frenando cambios que ahora considera imprescindibles”, resume un académico habanero que prefiere no revelar su nombre. La frase se repite en distintos análisis: el país está pagando el costo de haber aplazado lo inevitable.
La economía cubana se encuentra en su peor momento en tres décadas. La producción nacional está desplomada, el turismo no despega, la industria opera a mínimos y la agricultura no logra alimentar a la población. Los apagones, cada vez más prolongados, han convertido la vida diaria en una carrera de resistencia. En ese contexto, el Gobierno intenta vender su paquete de medidas como un punto de inflexión. Pero la realidad es que la mayoría de los cubanos no ve un horizonte claro.
El recorte de la canasta básica es, para muchos, la señal más evidente de que el Estado ya no puede sostener ni siquiera sus compromisos simbólicos. Y aunque las nuevas medidas buscan atraer inversión, dinamizar el sector privado y aliviar la presión fiscal, la pregunta que flota en el aire es si el régimen está dispuesto a ceder el control suficiente para que esas reformas funcionen. Hasta ahora, la historia reciente sugiere lo contrario.
Mientras tanto, la población enfrenta un presente cada vez más precario. Los salarios no alcanzan, los precios suben sin freno y la emigración continúa como válvula de escape. Las reformas pueden ser necesarias, pero no bastan. Y sobre todo, no borran la sensación de que el Gobierno actúa empujado por la urgencia, no por una visión de futuro.
En un país donde la palabra “reforma” ha sido usada y desgastada durante décadas, el desafío del régimen no es solo económico, sino de credibilidad. La crisis ya no es un episodio: es el estado permanente de la nación. Y cada nueva medida, cada anuncio, cada promesa, se enfrenta a una sociedad que ha aprendido a desconfiar.
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