Análisis PLC – En la arquitectura del poder cubano contemporáneo, ningún actor concentra tanta influencia económica, institucional y estratégica como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias que, desde los años noventa, ha pasado de ser un instrumento para captar divisas a convertirse en el verdadero eje de la economía nacional. En un país donde el Estado mantiene el monopolio político y la planificación centralizada sigue siendo el marco formal de la actividad económica, GAESA opera como un Estado dentro del Estado: un entramado empresarial opaco, autónomo y militarizado que administra la mayor parte de los ingresos en divisas y controla sectores esenciales para la supervivencia del régimen.
La expansión de GAESA no fue un accidente, sino la respuesta del poder cubano a la crisis sistémica que siguió al colapso soviético. Mientras la economía civil se hundía, el liderazgo castrista decidió blindar los sectores más rentables bajo el mando de las FAR. El resultado fue la creación de un conglomerado que, con el tiempo, absorbió el turismo, el comercio minorista en divisas, la infraestructura portuaria, las remesas, la construcción, la logística y buena parte del sistema financiero. La figura clave en este proceso fue Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, general, economista y exyerno de Raúl Castro, quien dirigió GAESA durante dos décadas y consolidó su poder hasta convertirlo en el actor económico dominante de la isla.
Hoy, en medio de la peor crisis económica en treinta años, el peso de GAESA es más visible que nunca. La economía cubana atraviesa un colapso productivo generalizado: la agricultura no logra abastecer a la población, la industria opera a niveles mínimos, el sistema eléctrico se encuentra en estado crítico y la inflación erosiona cualquier capacidad adquisitiva. Sin embargo, en este panorama de ruina, GAESA continúa expandiendo hoteles, gestionando tiendas en divisas y administrando los flujos de remesas y divisas que llegan al país. Su lógica no es la de un actor económico orientado al desarrollo nacional, sino la de un aparato diseñado para garantizar la estabilidad financiera del régimen y, sobre todo, la continuidad del poder político.
La centralidad de GAESA en la economía cubana tiene consecuencias profundas. En primer lugar, concentra la mayor parte de los ingresos en divisas en un país que carece de liquidez y depende de importaciones para casi todo. Esto significa que la economía civil —desde las empresas estatales tradicionales hasta las nuevas pymes privadas— opera en condiciones de asfixia, sin acceso a divisas, sin capacidad de inversión y sin autonomía real. En segundo lugar, la estructura militarizada de GAESA implica una ausencia total de transparencia: sus balances no son públicos, no rinde cuentas ante la Asamblea Nacional y sus decisiones estratégicas se toman fuera de cualquier control civil. En tercer lugar, su dominio sobre sectores estratégicos convierte a GAESA en un actor político de primer orden, capaz de influir en la orientación económica del país y en la correlación de fuerzas dentro del propio Estado.
La paradoja es evidente. Mientras la población enfrenta escasez de alimentos, apagones prolongados y un deterioro acelerado de los servicios públicos, GAESA continúa destinando recursos a la construcción de hoteles de lujo en un país con una ocupación hotelera que rara vez supera el 20%. Esta estrategia, que prioriza la captación de divisas por encima de las necesidades básicas de la población, revela la lógica interna del sistema: la economía no está organizada para generar bienestar, sino para sostener un aparato político-militar que depende de ingresos externos para mantenerse.
El impacto social de este modelo es devastador. La brecha entre la economía dolarizada controlada por GAESA y la economía en pesos que rige la vida cotidiana de la mayoría de los cubanos se ha convertido en una fuente estructural de desigualdad. Las tiendas en MLC, inaccesibles para quienes no reciben remesas, han creado un sistema de consumo segmentado que profundiza la frustración social. La migración masiva —más de medio millón de cubanos en dos años— es, en buena medida, una respuesta a esta desigualdad estructural y a la falta de perspectivas económicas.
Desde el punto de vista político, GAESA es hoy el pilar más sólido del régimen. Su control sobre las divisas le otorga un poder que trasciende lo económico y se proyecta sobre la estabilidad del sistema. Tras la muerte de López-Calleja en 2022, el conglomerado quedó bajo supervisión directa de la cúpula militar, reforzando su papel como garante del orden interno. En un contexto de crisis, protestas y pérdida de legitimidad, el Estado cubano depende más que nunca de su brazo económico-militar para sostenerse.
Cualquier discusión sobre el futuro de Cuba —ya sea una transición política, una apertura económica o un proceso de reformas profundas— pasa inevitablemente por el papel de GAESA. Su tamaño, su opacidad y su carácter militarizado representan un desafío monumental para cualquier intento de democratización o modernización económica. Desmantelar, reformar o someter a control civil un conglomerado que concentra tanto poder será una tarea compleja, pero imprescindible si Cuba aspira a reconstruir una economía funcional y un Estado transparente.
En última instancia, GAESA no es solo un conglomerado empresarial: es la columna vertebral del modelo cubano contemporáneo. Su existencia explica tanto la resistencia del régimen como la persistencia de la crisis. Entender su funcionamiento, su lógica interna y su impacto estructural es indispensable para comprender por qué la economía cubana se encuentra en ruinas y por qué cualquier cambio real en la isla deberá pasar, necesariamente, por la transformación de este poder económico-militar que hoy define el destino del país.
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