La Habana abre la puerta al capital estadounidense para salvar el negocio del níquel

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Redacción Central

La Habana / Washington. PLC | El Gobierno cubano está dispuesto a mantener su asociación con la canadiense Sherritt International incluso si la compañía pasa a estar controlada mayoritariamente por inversores estadounidenses. La posición confirma hasta qué punto la necesidad de preservar la producción de níquel y cobalto comienza a imponerse sobre las contradicciones políticas que supondría operar indirectamente con capital procedente del país al que La Habana responsabiliza de buena parte de su actual crisis económica.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, explicó que una eventual entrada de Gillon Capital afectaría a la estructura accionarial de Sherritt, pero no modificaría automáticamente la propiedad de la empresa mixta cubana. Esta continúa repartida al 50 % entre la compañía canadiense y la estatal General Nickel Company.

La distinción jurídica es importante. Gillon Capital negocia la compra de acciones de Sherritt, no una adquisición directa de la participación en la empresa mixta de Moa. Sin embargo, una participación del 55 % permitiría al grupo estadounidense convertirse en accionista mayoritario de la compañía canadiense que posee la mitad del negocio cubano. Sherritt anunció en mayo un acuerdo preliminar no vinculante con Gillon para una colocación privada de hasta el 55 % de sus acciones ordinarias.

Detrás de Gillon aparece además una conexión políticamente significativa. La firma está vinculada a la familia de Ray Washburne, quien dirigió la Overseas Private Investment Corporation durante el primer mandato de Donald Trump. AP señala también que posteriormente formó parte del consejo asesor de inteligencia del presidente y que había sido un importante recaudador republicano.

La operación produciría así una de las paradojas más llamativas de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos: mientras Washington endurece las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, inversores estadounidenses podrían terminar controlando la compañía extranjera que participa en uno de los principales proyectos mineros de la isla.

La Habana, al menos públicamente, no cierra esa puerta. De la O Levy aseguró que Cuba estaría dispuesta a seguir trabajando bajo las reglas existentes de la asociación, aunque reconoció que la entrada de nuevos accionistas no bastaría por sí sola para devolver las minas a la normalidad. Sería necesario solucionar el suministro de combustible y repuestos y encontrar mecanismos para efectuar los pagos relacionados con las exportaciones y los insumos necesarios para producir.

El problema central es que el negocio está atrapado precisamente entre esas necesidades económicas y las sanciones estadounidenses. Sherritt suspendió su participación directa en las operaciones cubanas después del endurecimiento de las medidas de Washington, mientras su refinería canadiense de Fort Saskatchewan también terminó paralizada en junio. [cibercuba.com]

La crisis de Sherritt convierte por ello la posible entrada de Gillon en algo mucho más complejo que una simple operación financiera. La compañía necesita capital, Cuba necesita mantener una industria que considera estratégica y cualquier fórmula para reactivar la producción tendrá que convivir con las restricciones impuestas desde Washington.

Ese último elemento puede resultar decisivo. Cuando Sherritt anunció las conversaciones con Gillon en mayo, aseguró que los departamentos de Estado y del Tesoro estadounidenses no se oponían a que se desarrollaran las negociaciones, aunque cualquier acuerdo definitivo necesitaría aprobación.

Para el Gobierno cubano, la situación revela un pragmatismo poco habitual en su discurso político. La cuestión ya no parece ser la nacionalidad del capital sino si ese capital puede mantener en funcionamiento el negocio. De la O Levy insistió recientemente en que Cuba pretende permanecer en la industria del níquel y el cobalto.

La contradicción resulta difícil de ocultar: después de décadas presentando la presión económica estadounidense como incompatible con relaciones comerciales normales, La Habana se muestra ahora preparada para convivir con accionistas estadounidenses detrás de uno de sus socios económicos más importantes.

Pero tampoco significa que se haya producido una apertura política ni una normalización económica entre ambos países. La eventual compra de Sherritt no eliminaría las sanciones ni resolvería automáticamente el abastecimiento, las transferencias financieras o la logística de la empresa mixta. Lo que sí demuestra es algo más elemental: cuando está en juego la supervivencia de una industria estratégica, la necesidad económica puede terminar encontrando espacios de entendimiento allí donde la confrontación política parecía haberlos cerrado.