La batalla por Sherritt revela el laberinto legal que define el futuro de la inversión estadounidense en Cuba

CUBA-ESTADOS UNIDOS MINERÍA

Washington. PLC | La pugna por el control de Sherritt International, la minera canadiense con casi un siglo de operaciones vinculadas a Cuba, ha entrado en una fase decisiva que expone el corazón del problema estructural que enfrenta cualquier empresa estadounidense interesada en invertir en la Isla: las reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas tras 1959. Lo que parecía una operación empresarial para salvar a Sherritt de las sanciones estadounidenses se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo la Ley Helms-Burton y las demandas históricas pueden determinar el destino de sectores estratégicos como la minería y la energía.

Sherritt suspendió sus actividades en Cuba en mayo, después de que Washington endureciera las sanciones contra compañías extranjeras vinculadas al Estado cubano. La empresa anunció entonces que negociaba con Gillon Capital, el family office del empresario texano Ray Washburne, cercano a Donald Trump, un acuerdo que podría otorgarle el 55% de la compañía. Tanto el Departamento de Estado como el del Tesoro confirmaron que no se oponían a la operación, y el Gobierno cubano también habría dado luz verde a la entrada de capital estadounidense. La adquisición permitiría a Sherritt continuar en la Isla con respaldo político en Washington, un elemento indispensable en el contexto actual.

Pero la operación no está sola. Un consorcio rival, integrado por Glencore —uno de los mayores operadores mundiales de materias primas—, Kyma Capital y el magnate petrolero texano Albert Huddleston, ha presentado una oferta alternativa. La disputa entre ambos grupos, sin embargo, tropieza con un obstáculo que ninguno puede ignorar: dos reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas en 1959 y vinculadas directamente a las operaciones de Sherritt en Cuba. Una pertenece hoy a Citigroup y deriva de la antigua mina de Moa Bay; la otra procede de la Cuban Electric Company, cuya reclamación ha terminado en manos de Atlas Holdings, actual propietario de Office Depot.

Estas dos reclamaciones suman más de 350 millones de dólares en valor nominal, pero su peso político y legal es mucho mayor. Según Bloomberg, Citigroup y Office Depot tienen, de facto, un “veto” sobre quién puede adquirir Sherritt. Si Citi rechaza un acuerdo, nadie obtiene la mina y la empresa vuelve al punto de partida. La mina de Moa Bay, nacionalizada por Fidel Castro en 1960, es la tercera reclamación certificada de mayor cuantía reconocida por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras. La reclamación de la Cuban Electric Company, valorada originalmente en 268 millones de dólares y hoy estimada en más de 800 millones por intereses acumulados, es la mayor de todas las certificadas contra Cuba.

El problema no es solo financiero. Cualquier empresa que entre en contacto con una propiedad vinculada a estas reclamaciones queda expuesta a acusaciones de “tráfico” con bienes confiscados, según explicó Pedro Freyre, responsable de la práctica internacional del bufete Akerman en Miami. La Helms-Burton convierte estas propiedades en un campo minado jurídico: cualquier operación que las involucre puede desencadenar demandas, sanciones o bloqueos regulatorios. Por eso, resolver las reclamaciones no es un detalle técnico, sino la condición indispensable para que Washington apruebe la entrada de cualquier comprador.

Ray Washburne reconoció que está intentando resolver al menos una de las reclamaciones, la relacionada con las instalaciones mineras. “La mina es lo que me preocupa”, dijo. Sobre la reclamación de la Cuban Electric Company, fue más directo: “Realmente no me importa eso”. Su estrategia parece centrarse en asegurar el control de la operación minera, dejando en segundo plano la reclamación eléctrica, aunque ambas pesan sobre la estructura legal de Sherritt.

Las soluciones posibles son limitadas pero no inexistentes. Las reclamaciones podrían ser compradas, los demandantes incorporados como socios o podría alcanzarse un acuerdo de arrendamiento por el uso de las propiedades. Freyre considera que una solución de este tipo podría convertirse en un “modelo” para resolver algunos de los casos pendientes más importantes. Si se logra un acuerdo que satisfaga a Citi y Office Depot, podría abrirse una vía para destrabar miles de reclamaciones certificadas que hoy bloquean la inversión estadounidense en Cuba.

John Kavulich, presidente del US-Cuba Trade and Economic Council, calificó el caso Sherritt como un ejemplo paradigmático del laberinto creado por la Helms-Burton. Resolverlo sería, en sus palabras, “un milagro entre los milagros”. Y no exagera: ningún comprador obtendrá la aprobación de la Administración Trump sin el visto bueno de los titulares de las reclamaciones certificadas. La competencia entre Gillon y el consorcio de Glencore es, en realidad, una carrera por lograr un acuerdo con los demandantes históricos antes de que la operación se vuelva inviable.

El interés de Washington por la industria minera cubana añade otra capa al conflicto. El US-Cuba Trade and Economic Council publicó un análisis que señala que la Administración Trump observa con atención la reestructuración de empresas extranjeras que operan en Cuba, como la australiana Antilles Gold. Esta compañía suspendió sus operaciones tras sanciones a su socio cubano y ahora negocia una reestructuración que permitiría la entrada de capital estadounidense en su filial conjunta con Minera La Victoria. El objetivo es que entidades estadounidenses controlen al menos el 51% antes de junio de 2028, como vía para levantar sanciones y reanudar la explotación de una mina de oro y cobre.

El caso Sherritt, por tanto, no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia más amplia: empresas extranjeras que buscan reestructurarse para atraer capital estadounidense y sortear el régimen de sanciones. La diferencia es que Sherritt opera sobre propiedades con reclamaciones certificadas, lo que convierte su disputa en un test jurídico y político para cualquier inversión futura en Cuba.

Si se encuentra una solución viable, el precedente podría transformar el panorama de inversión estadounidense en la Isla. Si fracasa, confirmará que la combinación de sanciones, reclamaciones históricas y la Helms-Burton sigue siendo un muro casi infranqueable. En cualquiera de los dos escenarios, el caso Sherritt ya se ha convertido en un punto de referencia para entender cómo se negocia, se invierte y se disputa el futuro económico de Cuba bajo la sombra de 1959.