La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció un nuevo recrudecimiento de la represión en Cuba después de que ciudadanos invitados a una recepción por el Día de la Independencia fueran amenazados, vigilados o impedidos de asistir al acto organizado en la residencia del jefe de misión, Mike Hammer. Según la sede diplomática, varias personas comunicaron que las autoridades cubanas les estaban obstaculizando la entrada o incluso el trabajo en el encuentro, celebrado en el marco de la campaña Freedom250, vinculada al 250 aniversario de la independencia estadounidense.
La denuncia elevó el tono de la tensión entre Washington y La Habana. En un mensaje público, la embajada cuestionó que la Seguridad del Estado amenazara a cubanos por acudir o trabajar en una actividad diplomática y preguntó por qué molestaba tanto que ciudadanos participaran en un evento “que celebra libertad”.
Los reportes recogidos por medios independientes señalan operativos frente a viviendas de periodistas y activistas. Yoani Sánchez denunció presencia de la policía política en los bajos del edificio donde reside y trabaja la redacción de 14ymedio, mientras Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba, reportó una vigilancia reforzada frente a su vivienda y la relacionó con la recepción de la misión estadounidense.
También se reportaron citaciones oficiales, restricciones de movimiento y presiones contra activistas en La Habana y Pinar del Río. Entre los nombres mencionados figuran Anna Sofía Benítez, integrantes del espacio Fuera de la Caja y miembros del Centro de Estudios Convivencia.
El episodio se produce en un clima de creciente control sobre voces independientes y en medio de una relación cada vez más tensa entre el Gobierno cubano y la representación estadounidense en la isla. La propia embajada vinculó las presiones con órganos de seguridad cubanos, mientras las autoridades de La Habana no habían ofrecido una explicación pública sobre los operativos al momento de las denuncias.
Más que un incidente aislado, lo ocurrido confirma que las actividades diplomáticas de Estados Unidos con sectores de la sociedad civil cubana siguen siendo vistas por el poder cubano como un desafío político. La vigilancia, las citaciones y los cercos domiciliarios descritos por periodistas y activistas reflejan un intento de limitar la asistencia a un acto simbólico en torno a la independencia estadounidense, pero también de contener cualquier espacio de contacto entre representantes extranjeros y ciudadanos críticos dentro de la isla.
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