Masonería en pie: un centenar de hermanos frena el intento del Gobierno de tomar el Supremo Consejo

CUBA-MASONERÍA

La Habana. PLC | Un centenar de masones se congregó este viernes en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en Centro Habana, para respaldar a su Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso, y frustrar lo que consideran un nuevo intento del Gobierno de intervenir y someter a la masonería cubana. La movilización, ordenada y simbólicamente cargada, se produjo tras conocerse que el Ministerio de Justicia pretendía apartar a Viñas mediante una resolución administrativa y colocar en su lugar a un dirigente “interino” designado desde el poder político.

Desde primera hora de la mañana, la escena en los alrededores del parque de los Mártires dejaba claro que no se trataba de una reunión ordinaria. Desde temprano se observó en los alrededores la presencia de agentes de la Seguridad del Estado y de una guagua roja estacionada en una esquina próxima a la sede del Supremo Consejo. Del vehículo descendieron dos hombres, mientras el conductor permaneció a bordo. Varios masones interpretaron que se trataba de un transporte preparado para detener y trasladar a los hermanos en caso de una intervención policial. La tensión era visible, pero también la decisión de no ceder.

La reunión estuvo encabezada por la directora de Asociaciones del Ministerio de Justicia, Miriam Marta García Meriño, figura clave en la ofensiva institucional contra la masonería. Su presencia había sido anunciada desde el jueves por los propios dirigentes masónicos, que alertaron de que el Gobierno pretendía ejecutar la Resolución 342/25, una norma administrativa que, según denuncian, busca declarar vacante el cargo de Soberano Gran Comendador y activar el artículo 43 de la Constitución del Supremo Consejo, que prevé la designación interina de otro alto funcionario y la convocatoria de elecciones en diez días.

García Meriño llegó con un mensaje claro: “Yo solo he venido a referir lo que dice la sentencia. No vine a explicar nada más”. La funcionaria se amparó en una decisión del Tribunal Supremo Popular que habría confirmado la resolución del Ministerio de Justicia. Según la versión oficial, Viñas Alonso ocupa “ilegalmente” el cargo y, por tanto, el puesto está vacante. Pero la masonería responde con otra legitimidad: la de sus propios comicios internos. “Para las autoridades no soy el Soberano; para mis hermanos sí lo soy”, replicó Viñas Alonso, resumiendo el choque frontal entre la lógica del poder estatal y la autonomía de la institución.

El intento de imponer un dirigente “interino” no es un episodio aislado, sino el último capítulo de una ofensiva que se remonta al 11 de julio de 2021. Entonces, la Alta Cámara del Rito aprobó el envío de una carta abierta a Miguel Díaz-Canel condenando la “orden de combate” contra los manifestantes del 11J. Desde ese momento, según masones consultados, la Seguridad del Estado ha buscado sistemáticamente apartar a Viñas Alonso: presiones a grandes maestros, intentos de llevarlo ante tribunales masónicos, maniobras para expulsarlo y campañas internas para deslegitimar su liderazgo.

En enero de 2023, ya exiliado en Estados Unidos, el gran maestro de la Gran Logia de Cuba, Francisco Javier Alfonso Vidal, renunció a su cargo denunciando que la policía política lo había presionado para procesar y expulsar a Viñas Alonso. Entre 2024 y 2025, la masonería protagonizó varias protestas contra intentos de imponer grandes maestros afines al Gobierno, algunos de los cuales llegaron a usurpar el cargo negándose a convocar elecciones y expulsando arbitrariamente a hermanos incómodos para el poder.

El candidato que el régimen habría querido imponer ahora como Soberano Gran Comendador es Lázaro Faustino Cuesta Valdés, una figura que, según dirigentes masónicos, fue separada de sus funciones como miembro activo al cumplir 80 años en febrero de 2025, conforme a la legislación interna de la organización, y posteriormente expulsada por decisión de la Alta Cámara del Rito. Para el gran canciller del Supremo Consejo, el escritor Ángel Santiesteban Prats, la maniobra es un “zarpazo” que viola las leyes internacionales que rigen los Supremos Consejos del mundo y constituye un ataque frontal contra las decisiones soberanas de los masones cubanos.

Ante la citación oficial entregada en la casa de Viñas Alonso, Santiesteban convocó a los hermanos a concentrarse desde las nueve de la mañana en la sede del Supremo Consejo, en la calle 27 de Noviembre —antigua Jovellar—, vestidos con sus atributos distintivos. La respuesta fue contundente: alrededor de un centenar de masones acudió, ocupó el espacio, escuchó la exposición de la funcionaria y, al término del encuentro, logró que la sustitución no se concretara. Viñas Alonso permaneció en el cargo, al menos de facto y de cara a sus hermanos.

Lo que está en juego no es solo un liderazgo personal, sino la autonomía de una de las pocas estructuras cívicas con tradición, organización y capacidad de movilización en la Cuba actual. La masonería, con su historia de participación en procesos políticos y sociales desde el siglo XIX, se ha convertido en un espacio incómodo para un régimen que busca controlar todas las formas de asociación independiente. La intervención del Ministerio de Justicia, la presión de la Seguridad del Estado y la utilización de resoluciones administrativas y sentencias judiciales apuntan a un objetivo claro: someter al Supremo Consejo a la lógica del poder político y neutralizar cualquier voz disidente en su interior.

La jornada de este viernes deja una imagen poderosa: un Estado que llega con guaguas, agentes y sentencias, y una fraternidad que responde con presencia, símbolos y una legitimidad que no depende de la firma de un ministro. Para PLC, este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre el régimen cubano y la masonería: la batalla por el Supremo Consejo es, en realidad, una batalla por el derecho de los cubanos a organizarse, elegir y pensar fuera del control del poder.