La Administración de Donald Trump anunció este lunes una nueva ronda de sanciones contra entidades estatales cubanas vinculadas al conglomerado militar GAESAy contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa del generalAlejandro Castro Espín, en una escalada que confirma la ofensiva abierta tras la firma de la Orden Ejecutiva 14404, el pasado 1 de mayo. Washington sostiene que el aparato económico controlado por los militares cubanos continúa siendo “el núcleo financiero de la represión” y que cualquier alivio sería interpretado por La Habana como una señal de debilidad.
El Departamento del Tesoro añadió a su lista varias empresas subordinadas a GAESA, el consorcio que controla desde los hoteles y las remesas hasta las zonas francas y la infraestructura portuaria. Para Estados Unidos, estas compañías funcionan como “cajas negras” que permiten al régimen sortear controles, captar divisas y financiar a los cuerpos de seguridad implicados en la represión del 11 de julio de 2021. La inclusión de Rueda Cardero, figura del círculo íntimo de los Castro, añade un componente simbólico que apunta directamente al corazón del poder histórico en la isla.
El Gobierno cubano respondió acusando a Estados Unidos de “agresión económica” y de intentar “asfixiar” al país en un momento de crisis profunda. Sin embargo, la nueva ronda de sanciones llega en un contexto de creciente aislamiento internacional para La Habana y de presión sostenida por la situación de los presos políticos, uno de los puntos más sensibles en la relación bilateral. Para Washington, la estructura económica militarizada es incompatible con cualquier proceso de apertura real y constituye el principal obstáculo para una transición democrática.
La sanción contra la esposa de Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro y figura clave del aparato de seguridad— envía un mensaje inequívoco: la ofensiva ya no se dirige solo a instituciones, sino al núcleo familiar del poder. Funcionarios estadounidenses insistieron en que las medidas no están dirigidas al pueblo cubano, sino a quienes “se benefician de un sistema diseñado para perpetuar la represión”.
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