El origen beligerante del M-26-7

CUBA-HISTORIA

Por Juan Moreno 

La Habana. PLC / El Movimiento 26 de Julio nació como una organización armada cuyo objetivo era derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. El asalto al Cuartel Moncada, en 1953, fue su acto fundacional, pero no el único.

En los años posteriores, la red urbana del M-26-7 llevó a cabo atentados, sabotajes y la colocación de bombas en espacios públicos de La Habana y otras ciudades. Estas acciones buscaban desestabilizar al régimen y generar un clima de miedo que favoreciera la insurrección.

Bajo los estándares actuales, algunos analistas consideran que estas prácticas pueden encajar dentro de la definición de terrorismo político, al implicar el uso de la violencia contra infraestructura y, en algunos casos, afectar a la población civil con el propósito de intimidar y presionar al poder establecido.

La narrativa oficial, sin embargo, transformó estos actos en gestas heroicas, legitimando la violencia como un camino válido hacia el poder. La Revolución se construyó sobre la exaltación de la lucha armada y el sacrificio, invisibilizando el costo humano de muchas de esas acciones.

La exportación de la insurgencia
Tras el triunfo de 1959, Cuba no se limitó a consolidar su poder interno. El nuevo Estado se convirtió en un actor internacional que entrenó, financió y armó a diversos movimientos guerrilleros en América Latina y otras regiones.

Diversos documentos históricos y testimonios señalan el apoyo brindado a las FARC y al ELN en Colombia, a los sandinistas en Nicaragua y a otros movimientos insurgentes en distintos países.

Asimismo, existen investigaciones que sostienen que militantes de ETA recibieron entrenamiento en territorio cubano y que La Habana mantuvo relaciones con diversas organizaciones armadas en Oriente Medio. Durante la Guerra Fría, Cuba proyectó una política de respaldo a movimientos revolucionarios bajo el argumento de la solidaridad internacionalista.

Para muchos analistas, este papel consolidó la imagen de Cuba como un Estado dispuesto a intervenir en conflictos externos para promover su modelo político.

La paradoja contemporánea
Hoy, el mismo régimen que se legitimó mediante la lucha armada y el apoyo a movimientos insurgentes acusa de “terroristas” a ciudadanos que protestan pacíficamente por la falta de electricidad, agua, alimentos y otras necesidades básicas.

Las manifestaciones ocurridas en los últimos años han sido reprimidas por las autoridades, mientras numerosos participantes han sido procesados y condenados. Organizaciones internacionales de derechos humanos han cuestionado varios de estos procesos judiciales por considerar que existieron deficiencias en las garantías procesales.
Para sus críticos, la contradicción resulta evidente: mientras la violencia utilizada durante el proceso revolucionario es presentada como heroísmo, las protestas pacíficas son tratadas como actos delictivos o incluso como terrorismo.

Según esta visión, el uso de esa narrativa busca desalentar el descontento social y reforzar el control político mediante el miedo.

Reflexión crítica
La historia del proceso revolucionario cubano continúa siendo objeto de interpretaciones y debates. Para quienes sostienen una visión crítica del régimen, existe una doble moral en la manera en que se juzga la violencia política.
Argumentan que las acciones armadas del pasado fueron justificadas cuando favorecieron la llegada al poder de la Revolución, mientras que hoy se condena con severidad cualquier forma de oposición, incluso cuando esta se desarrolla de manera pacífica.

Desde esa perspectiva, el uso del término “terrorismo” respondería más a una estrategia política para deslegitimar a la oposición que a una aplicación uniforme de criterios jurídicos.

La memoria histórica sigue siendo un elemento central del debate sobre el pasado y el presente de Cuba, especialmente cuando se comparan los métodos utilizados durante la lucha revolucionaria con la respuesta actual del Estado frente a las manifestaciones ciudadanas.