VENEZUELA-DIÁLOGO
Caracas. PLC | La primera ronda de negociaciones entre el régimen venezolano y una parte de la oposición concluyó el miércoles con acuerdos limitados y sin avances sobre los temas centrales de la transición democrática. Tras una semana marcada por el hermetismo, las delegaciones anunciaron compromisos para atender a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio y para iniciar una transformación del sistema judicial, según confirmaron las partes en comunicados oficiales y reportes de prensa publicados entre el 12 y el 13 de agosto de 2026.
El diálogo comenzó el 6 de agosto, siete meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en un proceso impulsado directamente por Washington. Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, y Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento electo en 2015. Ambos firmaron un documento de dos páginas que, según medios internacionales, no aborda ni la transición política ni la celebración de elecciones, pese a que estos son los temas que la sociedad venezolana y la comunidad internacional consideran prioritarios.
Los acuerdos anunciados se concentran en dos áreas. La primera es la atención a los afectados por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 6.300 fallecidos según cifras difundidas por las autoridades y la prensa internacional. Las partes acordaron promover la recuperación de los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra —principalmente lingotes de oro valorados en unos 1.900 millones de dólares— mediante mecanismos de transparencia y auditoría, con el fin de destinarlos a programas de vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.
El segundo punto es la transformación del sistema judicial. El documento pactado establece cuatro líneas de acción: reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras normas; renovación y ampliación del comité de postulaciones judiciales; diseño de un nuevo proceso para la selección de todos los magistrados del TSJ; y creación de un consejo encargado de revisar credenciales y requisitos de los postulados. La oposición considera esta reforma indispensable, dado que el TSJ avaló la reelección de Maduro en 2024 sin presentar pruebas, pese a que la oposición demostró su victoria mediante las actas electorales.
La ausencia de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia —los dos líderes que encarnan la legitimidad electoral de 2024— ha sido interpretada por analistas como un factor que podría comprometer el futuro del proceso. Ambos anunciaron el 28 de julio que no participarían en la mesa, aunque tampoco la bloquearían. Washington, por su parte, expresó “satisfacción” por el inicio del diálogo y lo vinculó al plan de tres fases diseñado por la administración Trump para conducir a Venezuela hacia elecciones democráticas.
Mientras tanto, Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y principal figura de la oposición, envió el miércoles un mensaje desde el Foro América Libre en Montevideo, agradeciendo al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por el inicio del “desmantelamiento del sistema represivo y criminal” que operaba en Venezuela. Destacó la movilización ciudadana como sustento legal de la captura de Maduro y afirmó que la transición debe ser protagonizada por la sociedad venezolana, no por élites políticas. También transmitió un mensaje de esperanza a los pueblos de Cuba y Nicaragua, asegurando que la democracia llegará a ambos países.
La primera ronda de negociaciones deja así un panorama ambiguo: acuerdos técnicos y humanitarios, pero sin avances sobre la cuestión central de la transición democrática. La presión internacional y el rol de los actores excluidos —especialmente Machado— serán determinantes para saber si este proceso se convierte en un camino real hacia la reconstrucción institucional o si queda reducido a una gestión parcial de la emergencia.
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