REPÚBLICA DOMINICANA-CUBA
Santo Domingo. PLC | El conflicto diplomático entre República Dominicana y el régimen cubano, que culminó con la expulsión de nueve funcionarios de la Embajada de La Habana en Santo Domingo, no fue un gesto aislado ni repentino. A medida que avanzan los días, se confirma que la decisión dominicana estuvo directamente vinculada a operaciones encubiertas de la seguridad cubana durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados entre el 26 de julio y el 8 de agosto. Los hechos revelan una injerencia sistemática en territorio dominicano y un patrón de vigilancia sobre atletas cubanos que buscaban desertar, según documentó Diario Libre .
La investigación periodística establece que agentes del aparato represivo cubano se infiltraron en instalaciones deportivas con el objetivo de vigilar a los atletas de su delegación y evitar deserciones. La operación fue detectada por organismos de seguridad dominicanos, que intervinieron y retiraron de los recintos a varios de los involucrados. Los agentes actuaban disfrazados con uniformes de otras delegaciones, una maniobra destinada a acercarse a los deportistas sin levantar sospechas. Esta práctica se intensificó durante la primera parte del certamen, cuando apenas se habían producido dos deserciones; al cierre de los Juegos, cinco atletas cubanos habían abandonado la delegación oficial .
Uno de los incidentes más graves ocurrió en una competencia bajo techo en el Parque del Este. Militares dominicanos detectaron a agentes cubanos persiguiendo a deportistas que intentaban abandonar el grupo. La seguridad del recinto ordenó cerrar temporalmente todas las puertas e iniciar un proceso de identificación de cada persona presente: espectadores, personal técnico y miembros acreditados de las delegaciones. Las acreditaciones fueron cotejadas con la base de datos del evento, que reunió a más de 7.000 atletas y otros 3.000 técnicos. En ese proceso se identificaron ciudadanos cubanos que no estaban acreditados para realizar labores de seguridad ni para desempeñar funciones oficiales en el país. Fueron retirados de la instalación de inmediato .
Ese mismo día se produjo otro episodio similar en un estadio al aire libre, también detectado por las autoridades dominicanas. La reiteración de los hechos confirmó las sospechas iniciales y llevó a la adopción de un protocolo especial de seguridad ante lo que fue considerado una injerencia directa en la soberanía dominicana. La operación clandestina de vigilancia se inscribe en un contexto más amplio: la deserción de atletas cubanos se ha convertido en un fenómeno recurrente en competencias internacionales, y en Santo Domingo se registraron cinco casos durante la primera semana de los Juegos. Dos de esos deportistas ya iniciaron el proceso de regularización ante la Oficina Nacional para los Refugiados, mientras otros tres permanecen en el país a la espera de completar los trámites. Según fuentes citadas por Diario Libre, las autoridades cubanas retenían los pasaportes de los atletas una vez ingresaban al país, lo que dificultaba cualquier intento de salida independiente .
La expulsión de los nueve diplomáticos cubanos se produjo el 13 de agosto, cuando el Gobierno dominicano les concedió siete días para abandonar el país. Aunque la Cancillería dominicana no ofreció detalles públicos sobre las razones, la secuencia de hechos y las revelaciones periodísticas apuntan a que la infiltración de agentes en los Juegos fue un factor determinante. Cuba rechazó la medida, atribuyéndola a presiones de Estados Unidos y defendiendo la actuación de sus diplomáticos, pero la investigación dominicana indica que la operación de vigilancia excedió cualquier función diplomática amparada por la Convención de Viena .
El episodio marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Para Santo Domingo, la infiltración de agentes cubanos en instalaciones deportivas, disfrazados con uniformes de otros países y actuando sin acreditación, constituye una violación de la seguridad nacional y una injerencia inadmisible. Para La Habana, la deserción de atletas es un problema político y simbólico que intenta contener mediante prácticas que, fuera de su territorio, generan fricciones diplomáticas inevitables.
La crisis revela además un patrón regional: en los últimos meses, Ecuador declaró persona non grata a la misión cubana; Costa Rica redujo su representación diplomática; y otros países han denunciado prácticas similares de vigilancia sobre delegaciones deportivas o culturales. En el caso dominicano, la combinación de infiltración, deserciones y presión diplomática terminó por romper la discreción habitual de la relación bilateral y abrió un debate sobre los límites de la presencia cubana en el Caribe.
La expulsión de los diplomáticos no cierra el conflicto: lo expone. Y confirma que, más allá del deporte, los Juegos Centroamericanos se convirtieron en el escenario donde se reveló una operación clandestina que Santo Domingo no estaba dispuesto a tolerar.
Redacción Prensa Libre Cuba
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