CUBA-SANTO DOMINGO
La Habana. PLC | La llegada a La Habana de los diez diplomáticos cubanos expulsados de República Dominicana fue presentada por el Gobierno como un acto de dignidad nacional. En el recibimiento oficial, encabezado por la vicecanciller Josefina Vidal, la narrativa fue inequívoca: la decisión dominicana sería parte de una “escalada de Washington para aislar a la isla”, y Santo Domingo habría actuado “sin presentar una sola razón que justifique tal medida”. Sin embargo, mientras la Cancillería cubana denuncia presiones externas, la prensa dominicana y regional ha revelado un conjunto de hechos que explican, aunque el Gobierno dominicano prefiera no verbalizarlos, la gravedad del episodio.
Las investigaciones publicadas por Diario Libre y otros medios de Santo Domingo describen una operación clandestina de agentes cubanos infiltrados en instalaciones deportivas durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Según estos reportes, miembros del aparato de seguridad cubano se mezclaron entre los atletas —algunos incluso vistiendo uniformes de delegaciones extranjeras— con el objetivo de vigilar a los deportistas de la isla y evitar deserciones. La operación fue detectada por organismos de seguridad dominicanos, que intervinieron en al menos dos incidentes graves: uno en el Parque del Este, donde militares dominicanos identificaron a agentes cubanos persiguiendo a atletas que intentaban abandonar el grupo, y otro en un estadio al aire libre, también durante una competencia oficial.
La reacción dominicana fue inmediata. Las autoridades ordenaron cerrar temporalmente las instalaciones, revisar acreditaciones y cotejar identidades con la base de datos del evento, que incluía más de 7.000 atletas y 3.000 técnicos. En ese proceso se identificaron ciudadanos cubanos sin acreditación para realizar labores de seguridad ni funciones oficiales en el país. Fueron retirados de los recintos y se activó un protocolo especial ante lo que se consideró una violación directa de la soberanía dominicana. Al cierre de los Juegos, cinco atletas cubanos habían desertado, dos de ellos ya en proceso de regularización ante la Oficina Nacional para los Refugiados.
La Cancillería dominicana, amparada en el artículo 9 de la Convención de Viena, decidió no ofrecer explicaciones públicas sobre la expulsión de los diplomáticos. El silencio institucional contrasta con la contundencia de los hechos revelados por la prensa local, que apuntan a una operación encubierta incompatible con las funciones diplomáticas y con el respeto a la jurisdicción del Estado anfitrión. La discreción oficial parece responder a una estrategia de contención: evitar una escalada pública mientras se preserva la autoridad soberana de la decisión.
La Habana, por su parte, insiste en que sus diplomáticos actuaron “con estricto apego a la Convención de Viena” y que la expulsión es un acto de alineamiento con Washington. Sin embargo, la narrativa oficial cubana evita mencionar las denuncias de infiltración, vigilancia y persecución de atletas, que han sido documentadas con testimonios, fotografías y declaraciones de autoridades dominicanas bajo reserva. La contradicción entre el discurso diplomático y los hechos reportados por la prensa regional es el punto donde se fractura la versión cubana.
El episodio revela una tensión estructural: la política de control sobre los atletas cubanos en competencias internacionales, diseñada para impedir deserciones, choca frontalmente con las normas de soberanía y seguridad de los países anfitriones. En Santo Domingo, esa tensión dejó de ser un asunto discreto y se convirtió en un conflicto diplomático de alto perfil. La expulsión de los diplomáticos no fue un gesto aislado, sino la respuesta a una operación clandestina que el Gobierno dominicano decidió no tolerar.
Mientras La Habana recibe a sus funcionarios con discursos de resistencia, la región observa un patrón que se repite: infiltración, vigilancia, deserciones y crisis diplomáticas. La llegada de los diplomáticos expulsados es solo la escena final de un episodio que expone, una vez más, los límites de la política exterior cubana y el costo creciente de intentar controlar a sus ciudadanos fuera de sus fronteras.
Redacción Prensa Libre Cuba
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